La rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional elevó un llamado este sábado al Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia para que brinde “asistencia humanitaria urgente” al profesor Adolfo Atehortúa, quien desde el pasado martes adelanta una huelga de hambre en protesta por la crisis en la educación pública.
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A través de una carta, el actual rector de la institución, Leonardo Martínez, recordó que el docente es un hombre de 61 años, con cuadro de hipertensión crónica, “por lo cual nos preocupa su situación de salud presente y futura a raíz de este ayuno prolongado”.
La Universidad recordó que Atehortúa realiza su huelga de hambre en las instalaciones de la institución, ubicada en la Calle 72 No 11-86.
“Conociendo la misión humanitaria del CICR, acudo a esa instancia para garantizar los derechos y la vida del profesor Atehortúa Cruz. Agradezco desde ya la ayuda nos puedan brindar en esta grave circunstancia”, sostiene en el texto Martínez.
A comienzo de semana, el exrector armó una carpa dentro del campus, en Bogotá; acomodó junto a ella un sofá y se sentó en él a esperar que el Gobierno atienda su petición. “Una mesa intersectorial donde esté el Ministerio de Educación y de Hacienda, rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), profesores y estudiantes, para dialogar y concertar soluciones de financiamiento a la educación”, explicó.
Hasta que no haya voluntad política, Atehortúa permanecerá en ese campamento las 24 horas, a la vista de los estudiantes. No comerá y solo beberá agua. Otros tres profesores se han unido a esta huelga de hambre, desde sus campus universitarios, ubicados en otras ciudades del país. Estos son: Juan Carlos Yepes, en la Universidad de Caldas; Luis Fernando Marín, de la Universidad del Quindío; y Orlando Aguirre, en la Universidad de Santander.
Su fin es exigir más dinero para funcionamiento y aumentar la base. El asunto es que lo propuesto por el Congreso son $500 mil millones. De ese dinero, solo será distribuido $55 mil millones para aumentar la base y el funcionamiento de las instituciones. Una suma, consideran los docentes, “francamente irrisoria”. Porque con esa plata las 32 universidades públicas en cuestión tendrán que sacar para el incremento salarial de 2019, además del incremento de gastos permanentes.
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