Piden a la Corte aclarar orden de reubicación a familias en sur de Bogotá

La Administración Distrital informó que todos los términos legales quedaron suspendidos hasta que se responda la solicitud de aclaración.

La Secretaría de Gobierno informó que la Administración Distrital radicó el pasado 4 de marzo una solicitud de aclaración a la Corte Constitucional sobre las condiciones específicas del censo, en el caso de la Sentencia de Tutela No. T-908 de 2012, relacionada con el amparo de los derechos de los habitantes de la Hacienda Molinos ubicada en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Una vez analizado el fallo, la Administración Distrital encontró la necesidad de solicitar la aclaración sobre algunos aspectos relevantes que no son claros en la sentencia respecto de varias de las obligaciones impuestas relacionadas con los parámetros para verificación del censo de las familias realmente afectadas, la adecuación del término otorgado para la expropiación, la adquisición y/o reubicación de los beneficiarios, las alternativas de reubicación a través de proyectos de vivienda de iniciativa pública o privada y la vinculación al particular querellante en relación con sus obligaciones como propietario.

Ante la solicitud de aclaración, la Administración Distrital informa a los ciudadanos beneficiados con la sentencia que todos los términos legales quedaron suspendidos hasta tanto la Corte Constitucional responda la solicitud de aclaración.

Igualmente, la Administración Distrital informa que actualmente se encuentra trabajando, a través de sus instituciones, en la implementación de las actividades administrativas necesarias para dar cabal cumplimiento a la sentencia en mención, en tanto la Corte responda la solicitud de aclaración interpuesta.

El pasado 21 de febrero la Corte Constitucional le ordenó a la Alcaldía de Bogotá que reubique a 160 familias que habitaban en la Hacienda Los Molinos.

La decisión se tomó después de fallar una acción de tutela en la que se argumentaba el derecho a tener una vivienda digna, así como la protección de las personas mayores de edad y los niños.

En este sentido se indicó que el desalojo de que fueron víctimas iba en contra de la Constitución y el deber que tiene la Alcaldía y las entidades del Distrito para velar por la protección de los ciudadanos.
 

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