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El concejal Marco Fidel Ramírez prende la polémica por cuenta de aparentes irregularidades halladas por la Contraloría de Bogotá a Canal Capital. El cabildante solicitó formalmente a ese ente de control y a la Procuraduría General de la Nación investigar íntegramente toda la contratación del canal en 2012.
Según información suministrada por el cabildante Ramírez, la Contraloría examinó el contrato de prestación de servicios celebrado entre Canal Capital y la Fundación Baltasar Garzón por 163 millones de pesos. En éste se encontró que no se estableció claramente la necesidad de la contratación.
“El estudio de conveniencia y oportunidad para la adquisición de bienes y servicios y justificación de la necesidad y el acta de evaluación de ofertas no tiene fecha de elaboración. No se contó con una oferta adicional de acuerdo al artículo 42 del Manual de Contratación Interna del canal Capital. No se revisó el sistema de información del Boletín de Responsabilidades Fiscales (SIBOR) antes de la celebración del contrato teniendo el canal la obligación legal de hacerlo. Se transgredió el principio de planeación y de legalidad”, dice el informe de la Contraloría.
Esta y otras irregularidades, que fueron halladas por el ente de control, dice el concejal Ramírez, se hallaron luego del debate realizado a Canal Capital el 7 de noviembre del año pasado, donde el cabildante indicó que “había negligencia en la administración del canal en aspectos como: crisis económica, problemas de tecnología, calidad de la programación, pérdida de la identidad y favoritismo en la contratación”.
La Contraloría también halló aparentes falencias en el contrato 034 de 2012, que tenía por objeto el suministro de dos sistemas integrados de grabación y reproducción, incluyendo la capacidad a personal de Canal Capital. De acuerdo a ese organismo de control, los Estudios de Conveniencia y Oportunidad para la adquisición de bienes y servicios y justificación de la necesidad y el acta de evaluación de ofertas no tiene fecha de elaboración.
“El documento de contrato no cuenta con todos los requisitos legales por lo que carece de efectos jurídicos. Se dijo que era un contrato de prestación de servicios, pero en realidad era un contrato de suministro. Es probable que entre los empleados del contratista y la administración pública se esté dando una relación laboral que produzca efectos jurídicos obligacionales”, señala la Contraloría.
El concejal Marco Fidel Ramírez desde el año pasado ha buscado conocer quiénes son los funcionarios de Canal Capital que hacen parte de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales). Bajo la excusa de que el Canal Capital puede entregar la información en “un sobre debidamente sellado” y con la promesa de una “exhaustiva confidencialidad”, Ramírez le envió una carta a Hollam Morris, gerente del canal, insistiendo en la solicitud que fue materia de controversia.