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El fracaso de la construcción de un embalse que suministraría agua para 5.400 habitantes del municipio de Subachoque tiene a las autoridades en vilo. Como lo contó El Espectador en su edición del 21 de junio, la administración de Pablo Ardila contrató a un Consorcio para construir una represa que costaría $5.660 millones. La obra sólo se ejecutó en un 15% y la Gobernación de Cundinamarca está en una batalla legal con la aseguradora Seguros Colpatria S.A. por un rembolso de $3.500 millones.
El problema se ha acentuado en los últimos días. Mientras el municipio se prepara para poner en un funcionamiento la planta de tratamiento del embalse (que costó 3.200 millones), la Personería de Subachoque asegura que haber instalado una planta para un embalse que nunca se construyó podría considerarse un detrimento patrimonial. De hecho, la Personería municipal le envió una actuación preventiva al alcalde de Subachpque, Omar Ángel Salamanca, por presuntas irregularidades en la construcción e la planta de tratamiento .
‘Han sido negligentes’
La primera aclaración que hace la Personería de Subachoque es que la planta de tratamiento no se puede considerar un proyecto aparte del embalse de Arce II (el cual no se construyó). Según Diego Rocha, personero municipal, “El error del anterior alcalde, Roberto Latorre, fue solicitarle al Ministerio de Ambiente $3.200 millones para construir una planta sabiendo que el contrato del embalse no se estaba ejecutando. Eso es comisión por omisión. En 2009, firmaron un convenio interadministrativo para construir la planta y el municipio de Subachoque ya tenía conocimiento sobre las suspensiones del contrato del embalse. Ellos firman el acta de inicio en febrero de 2011, y en ese mismo mes Empresas Públicas de Cundinamarca le dice al municipio que la obra está abandonada”.
El hecho de que el municipio firmara el contrato para la construcción de la planta de tratamiento significa, para la Personería municipal, “una manera dolosa de haber ejecutado el contrato. Está demostrada la negligencia, porque en materia de contratación estatal usted debe cumplir un contrato si se beneficia a la comunidad. En este caso, desde que se inició el contrato se sabía que la planta de tratamiento no le iba a prestar ningún servicio a la comunidad”.
Y la responsabilidad va más allá de la administración de Roberto Latorre, pues, según Rocha, en enero de 2012, cuando llegó Omar Ángel Salamanca a la alcaldía municipal, “la obra estaba en un 70%. Él la sigue ejecutando como si nada, a sabiendas de que se había declarado el incumplimiento del contrato para construir el embalse. El mismo gobernador dijo que la zona es geológicamente inestable. Además, al parecer, el contrato del embalse no contó con estudios previos de factibilidad”.
Cuenta el personero que a finales de 2011 el alcalde Latorre ordenó una excavación, para recoger el agua proveniente de las fuentes hídricas que rodean el embalse: “Es un área de páramo, muy sensible. Ahí hay un daño ambiental. Hicieron un hueco como de 500 metros de largo por dos o tres metros de fondo. A finales de ese año, Latorre hace un contrato con la empresa FF Soluciones por $20 millones para instalar tubería y conectar el hueco de la canal con la planta de tratamiento”.
En el alcalde actual recaería la responsabilidad de ejecutar lo que hacía falta para construir la planta: “Cuando llegó salamanca, hubo un rendimiento de $100 millones de los $3.200 millones del contrato para construir la planta. Con ese rendimiento está haciendo un contrato, para hacer unas válvulas y enterrar 20 kilómetros de tubería. En 2009, cuando se hace el convenio con el Ministerio de Ambiente, se dice que el proyecto es regional, no sólo para darle agua a Subachoque, sino para otros municipios como Tabio, Tenjo y Rosal. El proyecto está desbaratado y no hay suficientes fuentes de agua para todas las veredas. El agua no llega, porque la planta está funcionando de la forma más chambona posible”.
‘No hubo detrimento’
En respuesta a la advertencia de la Personería, el alcalde de Subachoque señala que “la planta sí va a suministrar agua. Lo hará con el agua de las quebradas El Bobal y El Salitre”. Sin embargo, acepta que “la planta de tratamiento no puede funcionar en su totalidad porque no hay embalse”. Desde la perspectiva del alcalde Ómar Salamanca, sólo había dos posibilidades: “Cuando llegué a la administración la obra estaba adelantada; se habían ejecutado $2.500 millones. Tenía dos opciones: construirla y buscar alternativas para que funcionara, o suspenderla totalmente y dejarla como está, como una planta totalmente inservible”.
De otro lado, sobre la afectación ambiental que podrían generar las recientes excavaciones, el alcalde dice que “la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) dio el permiso para hacer el canal. Si hubiera afectación ambiental, existiría un concepto. Que el personero lo muestre porque al parecer está desinformado”. De hecho, Salamanca asegura que el detrimento patrimonial se habría presentado si él no hubiera terminado de ejecutar la obra: “Si no ejecutaba lo que quedaba automáticamente se perderían $2.500 millones, ahí sí habría detrimento. Esa planta no se puede trasladar porque está hecha en concreto. En este momento no suministra agua, pero estamos haciendo los estudios para que el agua llegue a las veredas. Es un plan B”.
En este punto, Salamanca y el personero coinciden: actualmente la planta no provee agua. “No se podía trasladar porque está hecha en concreto. De alguna forma, bombeando podemos ir suministrando hasta que se construya el embalse de Arce II. En este momento la obra no se ha terminado totalmente. La planta tiene capacidad para 40 litros por segundo, pero como no está funcionando el embalse no le puedo decir cuánto puede producir”.