La polémica por el CAN

La renovación de este centro administrativo ha levantado polvareda, en especial por incluir un lote que algunos aseguran pertenece al parque Simón Bolívar.

Con esta propuesta, la firma OMA ganó el concurso para renovar el CAN. El diseño incluye llevar el parque Simón Bolívar hasta la 26. / EVB

El fenómeno del Simón (andrés escobar)

El debate sobre la ampliación del Parque Simón Bolívar puede servir de estudio de caso para mucha pedagogía urbana. Buen ejemplo de cuando una sociedad es incapaz de decidir y se llega a una situación donde todos pierden.

El caso comienza con un terreno situado sobre la avenida 26, al frente del centro comercial Gran Estación, el cual debía destinarse a la ampliación del Simón Bolívar, según decisión del Distrito tomada en el año 1979. Desde ese entonces su propietario, que es la Beneficencia de Cundinamarca, lo tiene prestado a la policía para que pasten sus caballos, mientras espera que le llegue la oferta de compra por parte del Distrito, pues no podría donarlo sin enfrentar un juicio fiscal.

En estos 34 años han pasado 16 alcaldes, sin que ninguno de ellos destinara el dinero para comprar el terreno y ampliar el parque. Muchos de ellos seguramente ni se lo plantearon, por una razón evidente: en materia ambiental, la localidad de Teusaquillo es la mejor de la ciudad, 13,5 m² de espacio verde por habitante, mientras otras, como Bosa y Ciudad Bolívar, no llegan a 3 m². Ningún alcalde podría justificar un gasto tan inequitativo. En consecuencia, las pocas administraciones que han invertido en terrenos para parques en Bogotá, lo hicieron donde hacían falta: en los barrios subnormales.

Llegamos al presente y el gobierno Santos toma el liderazgo de proponer una salida al bloqueo: que el terreno se desarrolle parcialmente, a cambio de que su propietario regale el resto a la ciudad. De este modo se podría ¡por fin!, ampliar el parque y conectarlo con la avenida 26, sin costo para los contribuyentes. Ese es sólo uno de los alcances del proyecto de renovación y ampliación del CAN, porque el resto tiene que ver con sedes de gobierno, vivienda, etc.

La propuesta presidencial tiene eco y consigue el apoyo del gobernador de Cundinamarca y del alcalde de la capital, quien procede a plasmarla en el nuevo POT. Aparte de la discutida legalidad del decreto distrital que adoptó el POT, es cierto que sí contiene los elementos normativos positivos para desarrollar el proyecto del CAN, incluyendo el corredor verde necesario para conectar el Simón con la troncal de la 26.

Pero pese al consenso logrado (es casi milagroso que los tres niveles de la administración pública estén de acuerdo en un proyecto), todavía hay personas que defienden el statu quo, el bloqueo. Lo que hace muy interesante este caso, es que muestra claramente el fenómeno de quienes defienden intereses particulares arropados en banderas sociales. Aquí, los defensores del statu quo son principalmente los vecinos del terreno de marras, para quienes sus intereses ambientalistas coinciden con sus intereses económicos. Ninguno de ellos, ni los auténticos ambientalistas ni los que simplemente buscan la valorización de la zona, está abanderando la causa de que el Distrito compre los pocos lotes verdes que hay en los barrios subnormales y los convierta en parques. Y es entendible. Muy pocas personas se movilizan para defender intereses ajenos. Lo que no sería entendible ni aceptable es que las cabezas del gobierno, que deben velar por el interés general, terminen privilegiando minorías que ni son vulnerables ni sufren por falta de parques en su sector.

Por eso es que tenemos que defender el acuerdo alcanzado por el presidente, el gobernador y el alcalde alrededor del Proyecto CAN, por encima de los interesados en mantener el bloqueo hasta que se cumplan sus pretensiones particulares. De ninguna manera es preferible que sigan pastando los caballos cuando existe una fórmula compartida para ampliar el Simón hasta la avenida 26, sin costo para la ciudad ni sus contribuyentes.
*Gerente de la Empresa de Renovación
Urbana Virgilio Barco.

 

Un proyecto en contravía (jairo cardozo)

Nadie puede, de manera sensata, desconocer la necesidad de adecuar y modernizar la infraestructura física de las entidades estatales en el CAN. Lo que no compartimos es que, so pretexto de solucionar esta necesidad, se amplíe el Proyecto de Renovación a áreas colindantes, con violación manifiesta de la vocación ambiental del sector, de la autonomía territorial del Distrito y de la finalidad de las normas de renovación urbana, en cuanto tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores del área de influencia.

El Artículo 5º del Decreto-Ley 4184 de 2011, por el cual se creó la Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas S.A.S., amplió el polígono del Proyecto CAN definido en el PND (Ley 1450 de 2011) y en el documento Conpes 3694 de 2011, al incluir los barrios Salitre Greco y La Esmeralda, el Centro Bolivariano —que hace parte del Parque Metropolitano Simón Bolívar— y algunos predios de la Universidad Nacional.

Al exceder las normas que le dan origen al proyecto, se incurre en una eventual ilegalidad por el deterioro ambiental que se genera al abstraer del Parque Metropolitano Simón Bolívar el Centro Bolivariano y los predios de la Universidad Nacional, para desarrollar, en su mayoría, viviendas y oficinas, contraviniendo los propósitos de la Ley de Reforma Urbana (Ley 9 de 1989), que establece en su Artículo 39 que los planes de renovación urbana tienen como finalidad detener el deterioro físico y ambiental para lograr el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación.

También se transgrede el propósito de la norma rectora de la Reforma Urbana, en la medida en que se incluye en el Proyecto CAN el predio del Hospital Universitario de la Universidad Nacional (Antigua Clínica Santa Rosa), proyectado para brindar 600 camas hospitalarias en el mediano y largo plazo, y cuya demolición hace parte de la primera fase de la propuesta ganadora, para levantar en su lugar viviendas y redes comerciales.

Finalmente, consideramos que hay una abierta violación a la autonomía territorial del Distrito, consagrada en el Art. 287 de la C.P., cuando a través de una norma nacional (Decreto-Ley 4184 de 2011) se impone un Proyecto de Renovación que implica la modificación forzada del uso del suelo de áreas de protección ambiental.
* Concejal movimiento político MIRA.

 


 

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