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Ximena Cáceres no volvió a tomar la vía Guaymaral-Chía para viajar entre su casa y Bogotá. La joven, de 25 años, fue víctima de un episodio gris para la Policía de Cundinamarca, por cuenta de seis uniformados que, luego de obligarla a detenerse en un retén, la acosaron justo en la noche en que se celebraba el Día de la Mujer. Ella intentó, por todos los medios, que se tomaran medidas disciplinarias en contra de los uniformados o, al menos, contra el agente que no descansó en hostigarla hasta lograr que ella le diera su número de teléfono. Ahora, por este caso, el Consejo de Estado falló una tutela en segunda instancia, en la que le ordena a la Policía a dictarles a los uniformados un curso “sobre perspectiva de género en procedimientos policiales”.
¿Qué pasó ese 8 de marzo? A las 9:30 p.m., Ximena conducía por una vía sola. Dos de los policías, que hacían un retén, le dieron la orden de detenerse. Ella bajó el vidrio y le pidieron los documentos. Hasta ahí era un procedimiento normal. El lío empezó cuando ella, al sacar los documentos de la guantera, dejó al descubierto un cinturón de diseño, hecho con casquillos de bala. El artículo llamó la atención de los uniformados, quienes encontraron la excusa para hostigarla.
Primero fueron preguntas sobre el cinturón. Ella intentó explicarles que era un accesorio que un amigo había traído de Canadá y que estaba hecho con balas sin pólvora. Incluso, les mostró la página web de la marca que los vendía. De nada valió. Por el contrario, los policías empezaron a burlarse del artículo. Todo cambió de tono cuando, como último recurso, Ximena llamó a su amigo para que les confirmara a los policías que su correa tenía balas de juguete. La respuesta de los uniformados la dejó fría: debían llevarla a un CAI para judicializarla por porte ilegal de armas.
En medio de los reclamos de Ximena, por lo descabellado de la decisión, dos de los policías aumentaron sus intimidaciones. Ya no le preguntaban sobre el cinturón, sino sobre su vida personal. Dónde vivía, qué hacía, dónde trabajaba, cuánto ganaba, qué lugares frecuentaba, si tomaba, si fumaba o consumía drogas... Todo un interrogatorio. Ella, ya molesta, les pidió que le devolvieran los documentos de su carro y que la dejaran seguir su camino. Incluso, les dijo que se quedaran con el cinturón. La respuesta fue más desconcertante. Según los policías, tenían que llamar a un mayor y debían requisarla e inspeccionar todo el vehículo.
Fue cuando llegaron cuatro policías más, al mando de un mayor. Ya eran seis los que rodeaban a Ximena. La primera acción del superior fue preguntar sobre el cinturón y por qué lo tenía en su poder. Ella insistió en sus explicaciones. Mientras repetía y repetía su versión, uno de los agentes sacó una linterna y posó la luz sobre su cuerpo. Una voz le hizo pensar lo peor: “La vieja tiene tatuajes”, exclamó el policía. Mientras ella se cubría, para que no los vieran, los agentes le empezaron a insistir que se los mostrara.
Llena de miedo, Ximena rogó una vez más para que la dejaran ir. Los uniformados se reunieron. El mayor y sus acompañantes se montaron en sus vehículos y se fueron. No obstante, antes de irse, el superior lanzó una frase que Ximena no olvida: “Ustedes verán qué hacen con ella”. En ese punto ya había pasado una hora retenida de forma ilegal, pero los agentes siguieron hablando del cuerpo de la mujer. Finalmente, uno de los agentes le dijo: “Listo, hagamos una cosa. Déjeme invitarla a salir y aquí no pasó nada”. Aunque ella se negó, el agente sólo le devolvió los documentos y la dejó ir luego de haber conseguido su número telefónico y de verificarlo. Horas más tarde, ya en su casa, Ximena recibió un mensaje de un número desconocido. Era el policía. Ella lo bloqueó.
La denuncia
Al día siguiente Ximena se fue para la Fiscalía a denunciar lo ocurrido, pero la respuesta reflejó la desidia de las autoridades ante la denuncia de una mujer acosada. El funcionario le dijo que no procedía, porque no le había pasado nada. Además, que no tenía los datos del acosador. Tampoco la dejaron comenzar un proceso por abuso de autoridad. “¿Me toca venir violada para que me pongan atención?”, reclamó Ximena. Cuatro días después fue hasta la Policía para presentar una queja disciplinaria, pero tampoco pasó nada.
Cansada con la indiferencia de las autoridades, Ximena buscó a un abogado para que la asesorara y decidieron presentar una tutela contra la nación, el Ministerio de Defensa y la Policía. El 3 de abril, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó el recurso, al considerar que a la mujer no se le habían vulnerado sus derechos, dado que todo ocurrió en una noche de lluvia, en una vía poco transitada y únicamente con policías hombres. Según el tribunal, esto pudo generar que ella se sintiera intimidada. Además, señalaron que todo fue producto de la alerta que generó el cinturón de balas.
Ella llevó su caso al Consejo de Estado, donde finalmente le dieron la razón. El 20 de septiembre emitió un fallo en el que revocó la decisión del tribunal y amparó los derechos de Ximena a la igualdad, a la no discriminación y al debido proceso. De paso, ordenó al Departamento de Policía de Cundinamarca impartir, en un mes, un curso sobre perspectiva de género en procedimientos policiales. Por su parte, a la Fiscalía le ordenó tomar correctivos para evitar que sus funcionarios discriminen o caigan en prejuicios de género para obstaculizar el esclarecimiento de hechos que violenten a las mujeres.
El fallo constituye un precedente en temas de género, pero se queda corto. Al menos así lo cree Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, quien sostiene que esas decisiones deben emitirse de manera paralela a una transformación cultural, que debería partir desde las instituciones. “Más que adoptar una perspectiva de género, hay que cambiar las prácticas y los prejuicios. Muchas veces las mujeres prefieren no denunciar, porque deben contarles el mismo cuento al fiscal, al psicólogo, al médico, a la enfermera y al juez. Las instituciones no son amigables”, explica Sánchez, quien lamenta que en el fallo, aunque se solicitó, no hubiera incluido un amparo a los derechos de las personas LGBT en estos procesos policiales.
En esto coincide Alejandro Lanz, activista de derechos humanos y director de la ONG Temblores. Lanz, quien acompañó a Ximena en el proceso, cree que hace falta mucho por recorrer en cuanto a la protección de derechos de quienes se ven vulnerados por la propia autoridad. “Cuando la Policía violenta a las personas en la calle y las criminaliza, queremos que sea devuelto a través de un perdón público de la Policía y es algo que no nos dieron en la decisión. Esto es determinante para el cambio institucional”. Aunque Ximena incluyó dicha petición, el fallo sólo contempla que se publique la sentencia en el portal web de la Policía y permanezca allí por tres meses.
La Secretaría de la Mujer tiene la labor de articular, junto con la Secretaría de Seguridad, las acciones en el Distrito. Actualmente están capacitando a 5.000 funcionarios, entre policías, fiscales, jueces, notarios, comisarias y defensores de familia para evitar que su labor raye con la discriminación a las mujeres. Esta tarea empezó indagando en el interior de la Policía de Bogotá, sobre qué tan preparados están sus hombres para los procedimientos y, a partir de ahí, generar los correctivos necesarios. La idea es tener espacios seguros en la ciudad.
La Policía, en cabeza del general Jorge Nieto, por ahora no se pronunciará. El fallo está en la sección jurídica de la institución a la espera de que pase al departamento de comunicaciones, que debe ubicar la sentencia en la web.
Ximena, por su parte, cambió su rutina. Ya no transita por Guaymaral y ahora prefiere pagar cada día el peaje entre Chía y Bogotá. Además, como su hora de llegada siempre es en las noches, intenta ir siempre acompañada, pues asegura que aún tiene miedo. El mismo que sintió el día que la retuvieron; el que sintió cuando recibió amenazas en sus redes sociales por haber hecho público el acoso y el que la motivó a exigir respeto a las autoridades para que hoy, luego de seis meses, la justicia le dé la razón.