Los uniformados insisten en su inocencia

Policías descubren red de robo de carros y terminan denunciados por extorsión

A pesar de identificar a varios cómplices y desentramar parte de la operación delincuencial, uno de los sospechosos dijo que le habían pedido dinero para no judicializarlo. El denunciante es un desmovilizado, con un largo prontuario. La investigación por hurto quedó congelada.

En 2018 se robaron en Bogotá 3.628 carros. / El Espectador

Lo que debía ser un exitoso operativo contra el hurto de vehículos en Bogotá, idóneo además para obtener pistas en torno a cómo están operando las bandas dedicadas a este delito, hoy tiene en líos judiciales a un intendente y a un patrullero adscritos a la Sijín. Pese a que los dos investigadores recuperaron dos carros robados en un concesionario en el sur de la capital, identificaron a varios cómplices de los hurtos y desentramaron parte de la red delincuencial, uno de los sospechosos terminó denunciándolos por secuestro extorsivo.

A pesar de que hoy tienen más apremios los investigadores de la Sijín, la diferencia entre los protagonistas de la historia es notoria. De un lado están los uniformados que, con documentos y testimonios, aseguran que el día de los hechos cumplieron con su deber y que sus jefes estuvieron al tanto de sus acciones. Del otro, aparece el denunciante, un exparamilitar que fue expulsado de Justicia y Paz por delinquir después de desmovilizarse y que hoy sostiene que los agentes le pidieron dinero para no judicializarlo.

El primer capítulo de este controvertido caso empieza con dos empleados de un concesionario situado en Ciudad Jardín (localidad Antonio Nariño), quienes se preparaban para un tranquilo domingo de trabajo. Sin embargo, hacia las 9:20 de la mañana del 18 de noviembre de 2018, súbitamente llegó un tipo gordo, alto, canoso, de barba y acento rolo, y los encañonó con una pistola. Enseguida, aparecieron los cómplices del gordo, quienes después de golpearlos y amordazarlos, los metieron en la cajuela de un carro mientras se robaban cuatro vehículos.

El grupo de asaltantes se llevó ese día dos Chevrolet Sail, una camioneta Kia Sportage roja y un Volskwagen Jetta negro. De inmediato, la investigación la asumió el grupo de automotores de la Sijín y, ese mismo día, excepto por el testimonio de uno de los empleados, nada más pudieron agregar a la pesquisa. El caso solo empezó a moverse dos semanas después. El viernes 30 de noviembre, un sujeto suministró un dato clave: el sitio donde tenían oculto uno de los vehículos. Un parqueadero en el sector de El Tunal.

El intendente Euder Reyes reportó en un informe a la Fiscalía que él y su compañero llegaron al parqueadero, pero estaba cerrado. Sin embargo, por una ranura vieron que había una camioneta, similar a la que buscaban. Por eso, decidieron esperar. Hacia las 4:00 p.m. llegó Elsa Riveros, de 52 años, quien no solo les permitió el ingreso para incautar el vehículo, sino que contó que el carro lo había llevado su vecino Brandon Sosa, a quien le había alquilado el parqueadero.

Los detectives le pidieron a la mujer que se contactara con el vecino y que, con cualquier disculpa, lo citara. El vecino llegó minutos después y ante las preguntas de los detectives, respondió que él no sabía que fuera un carro robado. Agregó que una mujer llamada Leidy Verdugo, quien vivía en el barrio Garcés Navas, le había pedido que le ayudara a buscar parqueadero. Sin embargo, aunque aportó su dirección, se negó a dar una declaración, argumentando temor por su vida.

Tras las pistas

Al día siguiente, el intendente Reyes y el patrullero Milton Jeferson García, en busca de nuevas pistas, acudieron al barrio El Carmen hacia las 10:00 a.m. Brandon Sosa los citó en un punto exacto del sector con la promesa de que personalmente iba a llevarlos a la casa de Leidy Verdugo. Sin embargo, nunca apareció. Entonces los uniformados, por su propia cuenta, decidieron desplazarse hasta la dirección que la fuente había suministrado. Inicialmente los atendió el esposo de la mujer, porque ella se hizo negar, pero al conocer la razón de la visita les dio la cara.

Con evidente nerviosismo, Leidy señaló a los detectives que ella nada tenía que ver con el hurto. En cambio, dijo que a ella la había buscado su amigo Hárold Higuera, y que fue este quien le pidió ayuda para guardar el carro. En una declaración posterior añadió que él le manifestó que esos carros estaban escondidos para poder cobrar unos seguros. Sin embargo, también se negó a dar una declaración, supuestamente porque el sujeto que hizo toda la vuelta era peligroso. En contraprestación, ofreció ayuda para encontrar el otro carro.

Para cumplir su promesa, la mujer citó a su amigo, en la carrera 110 con calle 74. Higuera llegó desprevenido, pero al saber que estaba frente a dos investigadores, decidió contar que a él lo había contactado otro personaje llamado Diego. Además, aceptó que aún tenía las llaves del Jetta y reveló que estaba en la carrera 111A con calle 69, parqueado en vía pública. Los agentes fueron con el sujeto a recuperar el carro. De paso, le pidieron que les ayudara a llegar al tal Diego.

Sin alertarlo sobre la operación policial en curso, Hárold Higuera llamó a Diego para decirle que tenía que entregarle el vehículo, pues no lo podía seguir guardando. Antes de que su interlocutor le confirmara el punto de encuentro, formuló una pregunta sospechosa: “¿Sí le puso las placas falsas?”. La cita fue en Plaza de las Américas. Los agentes llegaron a las 6:15 p.m. Diego arribó a las 7:20 p.m, pero al saber que estaba frente a miembros de la Sijín intentó evadirlos. Los detectives se dieron cuenta de que el verdadero nombre del tal “Diego” era Luis Miguel Arango.

De inmediato lo condujeron a una estación de Policía para verificar antecedentes. En un informe remitido a la Fiscalía, los uniformados detallaron que en medio de la acción llegó un amigo de Arango a recogerlo en una camioneta con placas falsas. El vehículo también fue inmovilizado. El intendente decidió entregar los carros para un estudio técnico. Días después se pudo establecer que los dos carros recuperados eran los que habían sido hurtados en el concesionario, pero en cuanto a la camioneta Murano, si bien tenía placa falsa, el número correspondía a los registros del automotor. Los tres vehículos fueron devueltos a sus dueños.

La versión del secuestro

Aunque parecía un caso resuelto y los carros robados habían sido recuperados, el proceso se enredó cuando el sindicado Luis Miguel Arango, quien se identificó como “comerciante de transporte”, aportó otra versión de lo sucedido, cuando denunció a los uniformados por secuestro extorsivo. Según él, Hárold Higuera lo llamó a ofrecerle un carro y ambos acordaron una cita. Al llegar, apareció un policía y le preguntó: “¿Viene a comprar el carro?”. Él contestó que iba a verlo. El detective replicó: “Ese carro es robado. Mejor súbase y no corra, porque lo prendo a bala. Tras abordar el carro, pidió a Higuera que se subiera a otro vehículo”.

Arango sostuvo que una vez dentro del carro, los detectives le pidieron $20 millones para no judicializarlo. “Me dijeron que ya sabían que yo acababa de salir de prisión y que ellos entendían cuánto valía la libertad. Luego me quitaron el teléfono. Dije que no tenía ese dinero. Ellos hablaron entre sí y oí que uno le dijo al otro que quedaran en $10 millones. Al final me manifestaron que, como no habíamos cuadrado, nos íbamos para la Sijín”. En el recorrido, Arango dice que hizo llamadas para pedir dinero prestado, pero solo consiguió $800.000.

Supuestamente, insistió Arango, los agentes le pidieron que dejara una garantía mientras conseguía el dinero. Él dijo a su esposa y a un amigo que le llevaran su camioneta. “Ellos recibieron el carro, una Nissan Murano. Un agente se la llevó, no sé para dónde”. El declarante concluyó que le dieron plazo hasta el 3 de diciembre para llevar el resto del dinero. Si no lo hacía, iban a alterar los datos del vehículo que dejó en garantía. “Aporto las conversaciones, audios y registro de llamadas. Temo por mi vida y la de mi familia, ya que son funcionarios de la Policía”, consignó Arango en una denuncia.

La versión de los policías

No obstante, la versión de los agentes de la Sijín es otra. Por eso, el pasado 4 de diciembre, luego de conocer la denuncia en su contra, los uniformados contrademandaron a Miguel Arango por presunta calumnia. Según ellos, “al subirse al carro, Arango empezó a llorar, a decir que le ayudáramos, que él nos colaboraba, que nos ponía a quienes le habían vendido esos carros. Además, nos entregó un listado con placas de vehículos que supuestamente le estaban ofreciendo. Mientras se realizó el traslado, se le informó de lo sucedido al subjefe de automotores de la Sijín”.

Los investigadores agregaron en su denuncia que una vez en la estación, ellos mismos verificaron que Miguel Arango tenía anotaciones por amenazas, intento de hurto, violencia contra servidor público y porte ilegal de armas. “En el traslado y también en la Sijín él nos ofreció dinero para que no lo involucráramos con el hurto”. Añadieron que el sujeto hizo llamadas exigiendo que le prestaran dinero y pidió que le llevaran su carro. Hacia las nueve y media de la mañana apareció su esposa en una Nissan Murano. Al evidenciarse que tenía placas falsas, fue inmovilizada.

Un largo historial

Si bien, ambas son versiones de un aparente diálogo sin testigos, vale resaltar que la pelea hoy es entre la palabra de dos uniformados con larga trayectoria y la de Luis Miguel Arango, un sujeto con un largo prontuario judicial. Oriundo de Rivera (Huila) y exmiembro de los bloques Capital, Centauros y Calima de las Auc. Según la versión que rindió en agosto de 2008 ante Justicia y Paz, su verdadero nombre es Diego Perdomo Zamora, pero lo cambió con complicidad de un registrador, que incluso le ayudó a borrar todos sus registros para poder crear su nueva identidad.

El personaje de la historia ingresó a las Auc en el 2000, estuvo en San Martín (Meta), en la escuela La Finca, pasó por Chaguaní (Cundinamarca) y luego volvió a Bogotá, donde se dedicó al hurto de carros. Además, dejó claro que en 2003 pasó al Bloque Calima, pero que se desmovilizó con el Bloque Catatumbo, ya que HH dijo que él no era miembro de su frente. Su desarme definitivo se dio en 2005, cuando pagaba una pena de 13 años por extorsión. Lo hizo gracias a que Salvatore Mancuso lo incluyó en un listado de militantes privados de la libertad.

En septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Bogotá lo excluyó de la lista de postulados. La razón: un juzgado lo condenó en 2014 a ocho años de prisión por los delitos de tentativa de hurto, violencia contra servidor público y porte de armas. Lo hizo porque el individuo resultó detenido en flagrancia, en septiembre de 2012, junto a varios integrantes de la banda Los Carmelos, que se dedicaba a robar viviendas en los sectores de Puente Aranda y Kennedy, en el occidente de Bogotá. El día de su aprehensión, Miguel Arango iba tranquilamente vestido de policía.

Gracias a la investigación de los policías, se tienen indicios de cómo se organizó la cadena para ocultar los vehículos robados. Pero a pesar de que la pesquisa quedó debidamente documentada en informes oficiales, incluso con testimonios de los propios involucrados que corroboraron gran parte de la historia, a la fecha los únicos investigados son los dos policías. Ellos, con sus documentos bajo el brazo, insisten en su inocencia y aseguran que obraron cumpliendo con su deber. En cuanto a sus investigados, todos siguen en libertad.