El 22 de noviembre será el nuevo cara a cara

Política de humedales, otra discordia ambiental

El Distrito modificó la política de humedales y abrió la puerta a la construcción de ciclorrutas y senderos, como parte de su plan de recuperación. Ambientalistas critican la medida.

Bogotá tiene 15 humedales, en los cuales estaba prohibido cualquier tipo de construcción dura. / Archivo El Espectador

Se cocina una nueva controversia entre ambientalistas y Distrito. La modificación que hizo la Secretaría de Ambiente a la política distrital de humedales, decretada en 2007, agrietó de nuevo la difícil relación que sostienen las partes. El motivo puntual de esta nueva discordia gira en torno al Decreto 565, que abre la puerta a la construcción de obras urbanísticas duras (ciclorrutas, senderos, alamedas, plazoletas, luminarias y adoquinados) en los 15 humedales de la ciudad. Esta idea forma parte del Plan de Desarrollo, donde se planteó la opción de construir parques lineales en estos espacios. Lo que algunos ven como un atentado contra estas reservas, para la administración no es más que su estrategia de rehabilitar física y ecológicamente estos hábitats, buscando que los ciudadanos tengan más y mejor acceso a estos espacios verdes. (LEA: ¿Ciclorrutas y senderos en los humedales de Bogotá?)

La discusión entre la Secretaría de Ambiente y ambientalistas se inició el pasado 27 de octubre, siete días después de la expedición del decreto. Ese día, un grupo de activistas por los humedales hizo pública la modificación de la norma y reclamó de inmediato a la Alcaldía por la forma como se expidió. Para hacer los cambios no se recurrió a un debate con los líderes ambientales locales ni con la Mesa Distrital de Humedales, con quienes se suelen articular los trabajos y decisiones sobre estos hábitats. Esto significa que el decreto se hizo de manera unilateral, algo que de inmediato encendió las alarmas entre los ambientalistas.

El segundo capítulo de este choque fue el martes. Ese día, miembros de la Mesa de Humedales, colectivos ciudadanos y delegados de Ambiente, finalmente tuvieron un cara a cara. La manera en que transcurrió el debate molestó aún más a los activistas: el encuentro se dio en el despacho de la Secretaría, pero el único ausente fue el secretario Francisco Cruz. Tampoco gustó que en la reunión no se diera una discusión sobre los planes que tiene el Distrito con los humedales. Según ellos, el tema se desvió y terminaron hablando de la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.

“Como esto pasó a escondidas, solicitamos que nos explicaran el decreto y por qué querían sacar adelante la agenda del día, aun sin el secretario. Manifestamos nuestra molestia por la forma como se hicieron las cosas y el no haber discutido con nosotros esos planes. Sin embargo, ellos no tenían nada que decir. Estaban algunos funcionarios defendiendo algo que va en contravía de lo que se ha venido construyendo con los humedales, a la luz de convenios internacionales. Fue una bofetada a los ambientalistas”, relató Javier Sosa, ecólogo, activista y youtuber ambiental.

Aunque de la reunión quedaron más dudas que soluciones, Sosa resaltó que los defensores de los humedales tuvieron una actitud conciliadora y nunca se habló de levantarse de la mesa.

Más allá de los reclamos sobre la participación, los ambientalistas quieren respuestas concretas sobre qué piensa hacer el Distrito en los humedales, pues, aseguran, estarían dispuestos a sentarse con los técnicos a participar en la elaboración de los proyectos. No obstante, dicen, esta propuesta no la tuvo en cuenta la administración y el tema apenas lo tocaron en el encuentro.

“No nos mostraron los planes de intervención. Preguntamos por estudios técnicos y tampoco nos respondieron. Sólo hay renders y cuestiones jurídicas”, aseguró Daniel Bernal, activista ambiental y uno de los fundadores de la Fundación Humedales Bogotá.

Ante las dudas de los defensores de estas reservas, la oficina jurídica de la Secretaría de Ambiente defendió la expedición del decreto, asegurando que la política pública sobre humedales, que se expidió en 2007 y prohibía obras duras en estos espacios, no tuvo en cuenta normas superiores como los cambios que se hicieron al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 2004 y en los que sí está consignada la autorización para hacer senderos y ciclorrutas en estas reservas.

Así, la Secretaría justifica que el cambio se tuvo que hacer porque ninguna norma puede estar por encima del POT vigente. Sobre el proceso de participación, la única respuesta que dieron fue que cumplieron publicando el decreto en la página web de la entidad, sin recibir ninguna observación. La polémica, dicen, ocurrió días después.

“El decreto armonizó la estrategia ambiental de conservación de los humedales. La política de humedales de 2007 omitió el contenido superior del POT vigente para la época. En ese sentido, continuamos avanzando en la recuperación integral del patrimonio hídrico de la ciudad”, manifestó el secretario de Ambiente, Francisco Cruz, quien destacó que hay un compromiso con la revitalización de la estructura ecológica y las corrientes hídricas, con multas por más de $9.000 millones y acciones contra más de 50 empresas, colegios e instituciones que han contaminado estos ecosistemas. “A la fecha se han intervenido 424 hectáreas de parques de humedales, con la participación de más de 8.000 personas y la inversión de 5.800 millones de pesos desde 2016. Se han adelantado 21 jornadas de limpieza, recolectando 459 metros cúbicos de residuos y extraído 144 toneladas de residuos en la franja terrestre y 85 toneladas en la franja acuática de los humedales”, agregó Cruz.

Choque por “recreación pasiva”

El punto que tiene más distanciados al Distrito con los defensores de los humedales es el concepto de “recreación pasiva”, pues fue en su definición que la administración se apoyó para cambiar la política y en el que justifica las obras. El Decreto 565 resuelve “modificar la Política de Humedales del Distrito Capital (…) y la definición para el uso de recreación pasiva en los humedales, porque no se contemplaron actividades como senderos para bicicletas, senderos peatonales, miradores, observatorios de aves y mobiliario propio de actividades contemplativas incluidas en el POT de Bogotá”.

Ante esto, los ambientalistas señalan que la definición es ambigua y aún se debe dar una discusión profunda y soportada con estudios, ya que adelantar un parque lineal también iría en contra del POT, en el que se establece que dichas actividades deben ser de muy bajo impacto ambiental. “En el decreto no aparece que van a respetar el mínimo impacto y para eso toca hacer un estudio, algo que jamás se ha hecho y por eso se han dañado los humedales”, reprocha Luz María Gómez, miembro de la Mesa de Humedales.

Ella hace un llamado al Distrito a pensar sus planes no sólo en torno a los ciudadanos, sino también a las especies que habitan los humedales. Asegura que la construcción puede derivar en problemas de seguridad y salubridad, como los que hoy se presentan en humedales como Juan Amarillo, Tibanica y Jaboque.

La discusión promete subir de tono. Los ambientalistas se concentrarán en organizarse y pedirán la derogación de decreto e, incluso, hay entes de control enterados y con pronunciamientos sobre el tema. “Indiscutiblemente es un cambio normativo que puede llegar a afectar los humedales si no se tienen en cuenta estudios que verifiquen efectivamente el impacto de las construcciones en el ecosistema. Sería bueno que la Secretaría de Ambiente tenga en su competencia revisar qué tan bueno o malo pueden ser este tipo de obras y qué tanta afectación habrá, porque debe primar la preservación”, manifestó una delegada de la Personería.

El 22 de noviembre, según quedó acordado en la reunión de esta semana, el Distrito y los amigos de los humedales tendrán una reunión extraordinaria en la que se espera la asistencia del secretario Francisco Cruz Prada. Ese día esperan que él conteste todas las preguntas y las sustente con estudios. Por lo pronto, los grupos ecologistas piden al Distrito valorar el papel de los humedales en tiempos de cambio climático. “Los reclamos son por lo que significa un humedal y el impacto que tiene en la calidad de vida de la ciudad a corto, mediano y largo plazo. Esto no es una cuestión de fanatismo ambiental, sino de tener planteamientos conceptuales, políticos y jurídicos serios”, agrega Gómez, quien, además, lidera un grupo interdisciplinario que ya impidió la adecuación de luminarias en el humedal Córdoba, por medio de una acción popular. Por eso, tomando en cuenta la justificación del Distrito, los ambientalistas aseguran que por encima del POT está la Constitución y que de ser el caso también llevarían el proceso a instancias judiciales para garantizar la protección de los humedales.