Por asaltar un bus del SITP condenan a 18 años de prisión a dos jóvenes

En medio de la inseguridad que amenaza a los usuarios del transporte público, un juez condenó a dos jóvenes por robar en un bus. La pena aumentó por usar menores de edad. El año pasado se denunciaron casi 23.000 casos.

Javier González Penagos /Twitter: @Currinche
27 de febrero de 2019 - 03:00 a. m.
Según cifras de la Policía, al menos uno de cada cinco hurtos que se denunciaron en 2018 se perpetró en el transporte público. / Archivo El Espectador
Según cifras de la Policía, al menos uno de cada cinco hurtos que se denunciaron en 2018 se perpetró en el transporte público. / Archivo El Espectador

“Ejemplarizante”. Esa fue la expresión que usó un juez en Bogotá para referirse a una dura condena contra dos jóvenes que asaltaron un bus del SITP. Si bien los sujetos no hirieron a ningún pasajero, solo se llevaron dos celulares y no registraban antecedentes penales, para la justicia esta problemática delincuencial —que se ha vuelto pan de cada día para quienes apuestan por el transporte público— no puede seguir pasando de agache y requiere drásticas sanciones. De allí que les haya impuesto una pena de 18 años y seis meses de prisión, casi la misma que se impone por un homicidio simple.

Los hechos se remontan a la noche del 6 de diciembre de 2017, cuando Jhon Fredy Penagos Gómez y Jhonatan Yezid Rodelo Bedoya, ambos de veinte años, protagonizaron un atraco masivo en un bus zonal del SITP, que transitaba por la carrera 9 con calle 108, en el norte de la ciudad. En el robo participaron además dos menores.

Según la investigación, los cuatro abordaron el vehículo y, armados con cuchillos, amenazaron a los veinte pasajeros y al conductor. Con lo que no contaban era que entre sus víctimas había un militar uniformado, por lo que, intimidados por su presencia, apenas alcanzaron a robar dos teléfonos celulares y emprendieron la huida.

La coartada ya la tenían definida. Muy cerca al lugar de los hechos parquearon un taxi —que en ese entonces manejaba Penagos Gómez— y la idea era escapar haciéndose pasar por usuarios. Sin embargo, cuando descendieron del SITP y corrieron hacia el vehículo, las voces de auxilio de sus víctimas alertaron a las autoridades.

Dos policías que patrullaban el lugar atendieron el llamado y lograron llegar al taxi, pues los delincuentes contaron con tan mala suerte (o las víctimas con tan buena fortuna) que el vehículo nunca encendió. Según el testimonio de uno de los uniformados, los cuatro jóvenes estaban bastante agitados y al ser interrogados respondieron que estaban empujando el carro.

Al margen de la caricaturesca explicación, tras una inspección los patrulleros encontraron en el carro los teléfonos robados, avaluados en $1’650.000, y debajo de una de las sillas un arma blanca. Por todo esto, el juez 56 penal, con función de conocimiento, los condenó por hurto calificado y agravado, sumado al uso de menores de edad para la comisión del delito. Este último detalle no lo pasó por alto el juez, quien reprochó vehementemente la actuación de los dos sujetos al vincular a menores para el hurto.

“Es un grave atentando contra los menores, que reclaman protección constitucional. Con su vinculación buscaban asegurar el resultado criminal y lograr impunidad, distrayendo además la atención de la administración de justicia, hecho que resulta morboso”, enfatizó el juez en la audiencia.

Si bien uno de los procesados ya estaba en la cárcel La Modelo y el otro gozaba de detención domiciliaria, el juzgado determinó que ambos debían pagar sus condenas en prisión. Aunque solo por hurto agravado les impuso una pena de 16 años de cárcel, les agregó dos años y medio por haber usado menores en el delito, para un total de 18 años y seis meses de condena. Su defensa anunció que apelará el fallo.

En su determinación, el juez concluyó: “Resulta necesaria la imposición de una pena ejemplarizante para que los posibles infractores se abstengan de lesionar a la sociedad de esta manera. A ello se suma que la ciudadanía tiene el derecho de sentirse tranquila en espacios comunes y a usar los medios de transporte sin el temor de que su patrimonio y su vida corran peligro”.

Inseguridad en el transporte

Y es que las cifras le dan la razón al juez, con todo y que el subregistro —es decir, quienes prefieren no denunciar— en este tipo de conductas siga siendo alto. Según la Policía, en 2018, de las 103.652 denuncias por hurto a personas en Bogotá, 23.186 se perpetraron en estaciones, buses, paraderos o articulados de Transmilenio, así como en el SITP (buses azules y los provisionales).

Ello indica que, de cada cinco robos denunciados el año pasado en la capital al menos uno fue en el transporte público. Una mirada detallada a las estadísticas permite inferir que en estaciones y articulados de Transmilenio ocurre el 60 % de los robos y que en el SITP se denunciaron 3.223 casos. Llama la atención también que la mayoría de los hurtos se realicen sin usar un arma; que en las localidades del norte de Bogotá (Suba, Usaquén y Chapinero) se presente uno de cada tres casos; que los viernes sean los días cuando más se denuncia y que la mañana es la franja horaria en la que se corre el mayor riesgo de ser víctima de un robo.

No es gratuito entonces que el 80 % de los capitalinos se sienta inseguro o muy inseguro en Transmilenio, sumado al 65 % que declara el mismo temor en el SITP, según los datos de la más reciente encuesta de percepción de seguridad y victimización en la ciudad, realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Condenas como la impuesta por el juez 56 penal bien pueden interpretarse como un aliciente para los 2,2 millones de personas que a diario se movilizan en Transmilenio, sumados a los 1,4 millones de usuarios del SITP, quienes no dejan de reclamar medidas para viajar seguros en el transporte público y lograr que los amigos de lo ajeno lo piensen dos veces antes de intentar protagonizar un hecho delincuencial.

Por Javier González Penagos /Twitter: @Currinche

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