Por extorsión, capturan a socio minoritario de operador del SITP

José Luis Poveda, gerente y representante legal de Sotransplus S.A.S., accionista minoritario de Suma S.A.S, fue capturado porque habría exigido una millonaria suma de dinero a cambio de no revelar supuestas irregularidades al interior de la operación del sistema.

CTI Cundinamarca.

Suma S.A.S., operador del SITP en Ciudad Bolívar y Soacha, sigue en caída libre. A la crisis por la falta de pólizas, que dejó sin transporte a toda la localidad el pasado 11 de octubre, y la declaración de bancarrota del miércoles, se suma un proceso judicial en contra de uno de los socios. Este jueves, la Fiscalía anunció la captura de José Luis Poveda, gerente y representante legal de Sotransplus S.A.S., accionista minoritario de Suma S.A.S, por extorsión. (LEA: Suma, el tercer operador del Sitp que se acoge a ley de quiebra)

Según la Fiscalía, Poveda, quien es propietario de algunos buses del sistema, habría exigido $6.000 millones de pesos a los directivos de Suma a cambio de no hacer públicas supuestas irregularidades al interior del operador del SITP. La hipótesis del ente acusador es que el transportador, tras sostener una reunión con los directivos del operador, los increpó y amenazó con divulgar anomalías en el manejo de los recursos y contratos relacionados con el abastecimiento de combustible para los buses.

La captura de Poveda se hizo efectiva tras un operativo conjunto del CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar de Cundinamarca. Las autoridades judiciales llegaron hasta la vivienda de Poveda, de 51 años, y lo abordaron mientras ingresaba su vehículo al garaje. En ese momento le informaron que sobre él pesaba una orden de captura por extorsión, y el transportador escapó en su vehículo, arrollando en su huida a uno de los investigadores. Poveda fue ubicado en un CAI de Las Ferias, a pocas cuadras de su casa, y justificó su proceder afirmando que creía que era una artimaña para robarlo.

El transportador fue trasladado hasta Soacha (Cundinamarca), donde fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó cargos por extorsión, pues en su testimonio las víctimas aseguraron que Poveda los habría presionado insistentemente, y que incluso llegaron a pagarle $100 mil millones en dos cheques. El objetivo del pago era tener cómo justificar la denuncia contra Poveda, que fue soportada por actividades de policía judicial como controles a las conversaciones telefónicas, en las que se constataron las intimidaciones y la petición de dinero.

El ente acusador también aseguró que los $6.000 millones de pesos exigidos inicialmente fueron negociados, y al final las partes fijaron un pago de $4.000 millones de pesos que se cumpliría en diferentes cuotas. Actualmente, Poveda cumple en La Modelo la medida de aseguramiento intramural impuesta por el juez de control de garantías.