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El Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio a Enrique Peñalosa lo que necesita para contener el proceso que busca revocar su mandato: el tiempo. La apertura de una investigación administrativa y formulación de cargos contra Gustavo Merchán, representante legal del comité “Unidos revocamos a Peñalosa” es una estocada al proceso, ya que tendrá a los magistrados de la corporación discutiendo por, al menos, cuatro meses.
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Haciendo cuentas, una vez finalice la investigación e independiente de los resultados que esta arroje, habrá pasado el tiempo necesario para que, por ley, la revocatoria tenga efectos mínimos. Es decir, pasado este lapso, si la ciudadanía llega a las urnas y revoca el mandato del alcalde Peñalosa, se designará un alcalde para el resto del periodo, que sea de su mismo grupo político o coalición.
La formulación de cargos a Gustavo Merchán, por la presunta violación de las disposiciones que regulan la presentación de los estados contables de la campaña de recolección de apoyos y por la superación de topes de financiación, es el más reciente hecho de la larga lista de pasos que han rodeado el proceso, al que solo le faltaba la revisión de la contabilidad del comité.
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Así ha sido el paso a paso del proceso:
9 de junio de 2016 (Comienza oficialmente campaña revocatoria)
Motivados por decisiones como la venta de la ETB, la urbanización de la reserva Van der Hammen y la modificación del diseño del metro, se comenzó la campaña de revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa. Inició con una serie de marchas denominadas “La estampida”, lideradas por Leonardo Puentes, hoy impulsor de la revocatoria, quien en su momento aseguró que el proceso comenzó en noviembre, dos meses antes de la posesión del mandatario.
Para el momento, Peñalosa ya había tenido choques con algunos sectores. Primero con los vendedores ambulantes, tras el desalojo de más de 300 de ellos de la calle 72. Luego con los sindicatos y políticos de oposición ante su propuesta de vender la ETB y la idea de hacer un metro elevado, así como con las mujeres por la defensa de la Secretaría de Gobierno, que culpó a Rosa Elvira Cely por su tragedia, y finalmente con los ambientalistas tras la ratificación de la urbanización de la reserva Van der Hammen.
1 de enero de 2017 (Conformación de comités que recogerán firmas)
Ante la Registraduría se inscribieron los comités Revoquemos a Peñalosa, Unidos Revocamos a Peñalosa y Bogotá Mejor sin Peñalosa, que recogerían en los siguientes seis meses las más de 271.000 firmas necesarias para llamar a los ciudadanos a las urnas. La división de los comités se debió a tensiones e intereses políticos de los promotores de la salida del alcalde.
El comité Revoquemos a Peñalosa, liderado por Leonardo Puentes (también promotor de la campaña “Petro no se va”), contaba, para el momento, con el apoyo de Unión Patriótica, Marcha Patriótica y Progresistas, además de los congresistas Ángela Robledo e Inti Asprilla (Alianza Verde), Alexánder López y Alirio Uribe (Polo Democrático) y Armando Benedetti (Partido de La U).
Por su parte, centrales obreras como la CUT y sindicatos como el de la Empresa de Energía, Sintrateléfonos y Atelca (ambos de la ETB), la Asociación Distrital de Educadores (capítulo de Fecode en Bogotá) y Sintraemsdes (del Acueducto), la Organización Colombiana de Estudiantes y organizaciones de vendedores ambulantes y de defensa de la Van der Hammen apoyaron el comité Unidos Revocamos a Peñalosa.
Mientras que el grupo Bogotá Mejor sin Peñalosa era liderado por el político César Augusto González García, quien ha militado en el Polo y en el Partido Liberal.
8 de marzo de 2017 (CNE investiga propuestas de revocatoria en el país)
El Consejo Nacional Electoral anunció la revisión de cada una de las propuestas de revocatoria que se adelantaban en el país, como respuesta a una solicitud de la Federación Colombiana de Municipios (FCN), que pidió revisar varios procesos entre los que incluyó los tres comités conformados en Bogotá.
28 de marzo de 2017 (La primera defensa de Peñalosa)
El alcalde Peñalosa nombró al exmagistrado Humberto Sierra Porto (juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) para pedir a la Registraduría y al CNE la anulación de las resoluciones en las que se reconoce a los promotores del proceso.
Apeló la aprobación de los tres comités, alegando que la Registraduría no revisó si cada grupo cumplía con los requisitos de ley, trámite que fue rechazado el 21 de febrero bajo el argumento de que “las resoluciones no son actos administrativos definitivos, sino de mero trámite”. Por esto, el alcalde ordenó a su gabinete hacer públicas todas las obras que adelantaba su Administración para que los ciudadanos vieran resultados tras 15 meses en el cargo.
2 de mayo de 2017 (Primera entrega parcial de firmas)
El comité Unidos Revocamos a Peñalosa entregó 666.023 firmas a la Registraduría y solicitó que se considerara impedido al magistrado Héctor Helí Rojas para participar en la revisión, ya que su hija, Ana María Rojas Villamil, estuvo vinculada hasta el año pasado a la Alcaldía de Bogotá.
15 de mayo de 2017 (Un respiro para Peñalosa)
El Consejo Nacional Electoral discutió un proyecto de resolución que buscaba reglamentar los procesos de revocatoria. El CNE pretendía que los comités probaran que Peñalosa estaba incumpliendo su programa de gobierno y, además, que sustentaran la insatisfacción ciudadana con la administración. El 15 de mayo, Peñalosa explicó ante el CNE que no era posible que intentaran revocarlo por no cumplir su plan de gobierno ya que este empezó a ser ejecutado casi en simultáneo a la recolección de firmas (el primer año, aseguró, estaba dando cumplimiento al de Petro).
Por ese tiempo empezó a cobrar notoriedad la Fundación Azul Bogotá, creada en abril por Andrés Villamizar, y el falso comité que inscribió para demostrar lo “sencillo” que era iniciar un procedimiento de esta naturaleza con argumentos absurdos como que Peñalosa es culpable de que el hombre no haya llegado a Marte. Sierra Porto secundó esa teoría, sin necesidad de experimentos, argumentando que el trámite no era más que una revancha política.
17 de mayo (Choque de tutelas)
El concejal progresista Hollman Morris presentó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para quitar al CNE el poder de intervenir en el proceso revocatorio, basándose en que los comités promotores debían presentar razones, más no pruebas -como pedía el CNE- para revocar un mandato. Por su parte, el abogado Sierra Porto presentó otra acción ante el mismo tribunal pidiendo que se respete el derecho fundamental de Peñalosa a elegir y ser elegido.
24 de mayo de 2017 (CNE pone a tambalear la revocatoria)
En el CNE se cayó la ponencia de la magistrada conservadora Ángela Hernández, que definía si era o no viable la revocatoria de Peñalosa en esa institución. Con la decisión, los magistrados reivindicaron su facultad de revisar los mecanismos de participación ciudadana. Tras la decisión, todo quedó en manos del magistrado Emiliano Rivera, responsable de presentar una ponencia distinta.
La decisión cayó mejor entre los opositores de la revocatoria, que esperan que sea el CNE el que ponga lupa a los motivos que han presentado los promotores, que desde ese momento empezaron a acusar a la institución de querer dar un golpe al mecanismo de participación.
8 de junio de 2017 (Zancadilla del Tribunal Superior de Bogotá)
Un fallo judicial obstaculizó las pretensiones del CNE de reglamentar los procesos revocatorios. El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela de Sierra Porto ordenando que las revocatorias sólo pueden ser modificadas por el Congreso, dejando al CNE como un mero órgano sin autoridad para hacer cambios a la Constitución Política, aunque sí con la facultad de hacer recomendaciones para dichas modificaciones.
20 de junio de 2017 (Registraduría avala firmas de comité que busca revocar a Peñalosa)
La Registraduría Nacional avaló las firmas del comité “Unidos revocamos el mandato del Alcalde Mayor de Bogotá”, que logró reunir casi el doble de firmas requeridas para convocar a las urnas a los capitalinos de cara a decidir la permanencia del mandatario.
Según el ente electoral –que recibió los documentos el pasado 2 de mayo– de las 706.708 firmas presentadas por el comité para su verificación y revisión, 473.700 resultaron válidas. Es decir que, de cada 10 firmas, al menos seis (el 67%) fueron aprobadas. Las restantes (233.008) fueron rechazadas por inconsistencias.
20 de junio de 2017 (¿Qué sigue tras aval de firmas de la revocatoria?)
Mientras los promotores expresaron su satisfacción por el anuncio de la Registraduría, los defensores del alcalde Enrique Peñalosa destacaron que de los dos requisitos que se deben cumplir para llegar a ese paso, ninguno está en firme.
La validación de las firmas aún puede ser impugnada, como en efecto lo harán. Según Andrés Villamizar, Director de Fundación Azul, en la validación la Registraduría no hizo una verificación grafológica de todas las rúbricas, sino que fue aleatoria y por lo que pedirán una revisión detallada.
23 de junio de 2017 (Estudio de revocatoria de Peñalosa no ha sido suspendido: CNE)
Una vez conocida la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó suspender el estudio del proceso de revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa –hasta tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera una recusación contra uno de sus magistrados– este viernes el organismo aclaró que no se ha interrumpido el proceso, teniendo en cuenta que el trámite exigido por el Tribunal ya fue surtido.
23 de junio de 2017 (Tribunal suspende provisionalmente estudio de revocatoria de Peñalosa)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente este viernes el estudio del proceso de revocatoria. La razón de la medida es una recusación presentada contra el magistrado Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien emitió declaraciones en medios de comunicación que, en opinión del Tribunal, podrían interpretarse como un prejuzgamiento contra los comités que promueven la salida del mandatario.
25 de junio de 2017 (CNE evidencia desorden en la contabilidad de comité que busca revocar a Peñalosa)
Por las inconsistencias, el Consejo Nacional Electoral devolvió las cuentas que radicó el comité Unidos revocamos a Peñalosa. Falta de recibos, pagos sin sustento y gastos sin justificar, algunas de ellas. Los principales donantes son sindicatos.
13 de julio de 2017 (Proponen que revocatoria de Peñalosa y consulta antitaurina se voten el mismo día)
Alirio Uribe (Polo Democrático), representante a la Cámara por Bogotá, propuso que la consulta antitaurina y la votación de la revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa se realicen el mismo día. Según el congresista, ambos procesos podrían efectuarse de manera simultánea, por lo que elevó la solicitud ante la Registraduría Nacional para "ahorrar recursos y dar celeridad a los mecanismos de participación".
25 de julio de 2017 (Revisión exprés a las firmas de la revocatoria)
Tras resolver una solicitud del abogado Sierra Porto, la Registraduría dio a un equipo de grafólogos 15 días para revisar los formatos que contienen las firmas válidas que respaldan el proceso de revocatoria del mandatario. La decisión de la Registraduría se tomó teniendo como antecedente un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 24 de junio de 2013, que resolvió una solicitud similar hecha en su momento por los seguidores del exalcalde Gustavo Petro, cuando avanzaba la revocatoria en su contra.
1 de agosto de 2017 (En firme proceso de revocatoria contra Peñalosa)
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso de revocatoria, que negó una acción judicial radicada por el abogado de Peñalosa quien afirmaba que existía una vulneración a los derechos fundamentales del debido proceso, defensa y ser elegido, "así como el de 'representación efectiva de los 903.764 bogotanos que respaldaron su elección como Alcalde Mayor del Distrito Capital". Según el alto tribunal, la defensa de Peñalosa no pudo demostrar una vulneración a los derechos tutelados, hecho por el cual rechazó las pretensiones de la acción jurídica.
5 de septiembre de 2017 (Tribunal de Cundinamarca ordena a la Registraduría certificar las firmas de la revocatoria)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le imprimió presión al Consejo Nacional Electoral (CNE) al resolver una acción de cumplimiento a favor de los promotores de la salida del mandatario y ordenar a la Registraduría certificar que el comité cumplió los requisitos necesarios para avanzar en el proceso.
5 de diciembre de 2017 (Tribunal de Cundinamarca ordena al CNE destrabar revocatoria de Enrique Peñalosa)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una tutela interpuesta en contra de Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral, los magistrados del CNE Héctor Elí Rojas y Emiliano Rivera, y el alcalde Enrique Peñalosa. En el fallo, el Tribunal dio al CNE 48 horas improrrogables para que resuelva las recusaciones hechas a los magistrados Emiliano Rivera, Felipe García, Armando Novoa y Ángela Hernández y, además, le dio 10 días al CNE para que tomara una decisión de fondo que resuelva la solicitud y expida el documento en el que se dé cuenta de la contabilidad de los comités promotores de la revocatoria.
11 de diciembre de 2017 (CNE resuelve las recusaciones, pero no la contabilidad)
Tras la orden del Tribunal de Cundinamarca, el Consejo Nacional Electoral resolvió las recusaciones hechas a los magistrados Ángela Hernández, Emiliano Rivera y Armando Novoa. Esto significó que al proceso solo le hacía falta la expedición de la certificación que dé cuenta de la contabilidad de los comités promotores de la revocatoria; no obstante, el CNE nunca demostró por qué no le cuadraban las cuentas de los promotores de la revocatoria, según el informe del Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP).