Procuraduría abrió indagación preliminar

¿Opinión de Claudia López contra la Fiscalía podría ser participación en política?

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La participación en política es una prohibición que tienen los funcionarios del Estado para garantizar que, en el ejercicio de las funciones del cargo, no afecten la transparencia electoral. No obstante, hay una delgada línea con la libertad de expresión.

La indagación preliminar que anunció la Procuraduría contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras una queja ciudadana, producto de un trino que ella escribió cuando se supo que la Fiscalía solicitaría la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, abre una pregunta: ¿dicha opinión puede interpretarse como participación en política?

Si bien, el ente disciplinario no ha tipificado la conducta, el caso sirve como referente, no solo para explicar esta prohibición, que es más sensible en épocas preelectorales, sino para intentar diferenciar esa delgada línea entre el derecho a opinar y el proselitismo, desconocida por algunos ciudadanos.

En plata blanca, el veto de participar en política, que pesa sobre los mandatarios locales, se basa en el principio de juego limpio e igualdad que deben tener los procesos electorales y que podría verse afectado por la intervención de funcionarios que, aprovechando su cargo y la atención de los medios, buscan influir en las decisiones del electorado a favor de un candidato de su partido.

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¿Cuáles funcionarios? Alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, personal administrativo y académico de instituciones de educación superior y establecimientos educativos, gerentes de empresas sociales del Estado (E.S.E), funcionarios de empresas de servicios públicos y corporaciones autónomas regionales y funcionarios de Registradurías.

Esta restricción busca evitar que los servidores públicos utilicen recursos públicos para favorecer la campaña de una persona que aspira a un cargo de elección popular y genere desequilibrio frente a otros candidatos; así como que presiones o constriñan a sus subalternos para que ejerza su derecho al voto de determinada manera.

Según la cartilla de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), también incluye la utilización del cargo para “participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias”.

Al respecto, existe normatividad penal y constitucional que establece los comportamientos y acciones para que se configure participación indebida en política, que van desde la Constitución Política, el Código Penal, la Ley de Garantías y el Código Disciplinario Único. Un servidor público que viole esta restricción se expone a ser inhabilitado, suspendido, multado o, incluso, despedido de su cargo.

Solo en las últimas elecciones (regionales de 2019), la Procuraduría General de la Nación suspendió a 20 funcionarios del Estado por posible participación en política, como el caso del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien fue suspendido del cargo (después renunció para apoyar al candidato que lo sucedió en la Alcaldía).

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No obstante, es importante señalar que en ocasiones existe una delgalda línea entre la participación en política (donde se debe determinar con claridad a quién se queire favorecer) y la libertad de expresión, que tienen los mandatarios de dar sus opiniones frente a hechos políticos o administrativos, las cuales la intención queda sujeta a la intepretación. En este caso, si bien se habla de temporada preelectoral, vale resaltar que los próximos comicios serán en 2022 y a la fecha no se cononcen candidatos en firme.

Todo esto lo tendrá que analizar y tener en cuenta la Procuraduría en su indagación preliminar, que tendrá la tarea de determinar si la dura declaración de la mandataria Claudia López contra la decisión de la Fiscalía a favor del expresidente Álvaro Uribe fue una mera opinón o si su intención era empezar a calentar el ambiente preelectoral.

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