:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/2aIhobw06pRqsSns7fUqUuoXqt4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/S6CSFFAX4ZDKHLAZCUAGFR6BWM.jpg)
Un error administrativo en el sistema de salud puede costar una vida. Al parecer, esa es la conclusión del caso del periodista Mauricio Orjuela, quien luego de consultar el 10 de julio, por un fuerte dolor abdominal y de rodar por varios centros asistenciales, falleció el pasado 18 de agosto. Su suplicio comenzó en el Hospital de Engativá, a donde llegó buscando la primera atención. Sin embargo, como no había renovado el contrato con la institución encargada de realizar exámenes especializados, no se conoció a tiempo la seriedad de su dolencia.
(Lea: Las fallas encontradas por la Procuraduría en el caso de Mauricio Orjuela)
Esto tiene hoy a la Secretaría de Salud de Bogotá –en cabeza de su Subred Integrada de Servicios Norte– en la mira de entes de control como la Procuraduría, la Personería, la Superintendencia de Salud y el Tribunal de Ética Médica. En su conjunto, tratan de establecer las circunstancias que rodearon la muerte de Orjuela, quien falleció hace dos semanas víctima de una peritonitis, que presuntamente no fue identificada ni tratada a tiempo.
La Procuraduría reveló ayer que, por cuenta de aparentes fallas administrativas en el Hospital de Engativá, no le practicaron a Orjuela el examen de imagenología (TAC abdominal), con el que se hubiera determinado si padecía apendicitis aguda. Según el organismo de control, al parecer el centro médico no tenía contratado un proveedor ni contaba con los medios para realizar el examen, ya que el convenio se había vencido el 10 de julio, justo cuando el periodista acudió al hospital.
(Lea: Personería de Bogotá indaga circunstancias de la muerte del periodista Mauricio Orjuela)
A su turno, la Personería estableció que, en vano, el paciente esperó más de 38 horas por el servicio, “situación que retardó de manera injustificada la atención y puso en grave riesgo su integridad”. El organismo coincidió con la Procuraduría en que esa demora obedeció a la falta de insumos y del servicio de radiología e imagenología, responsabilidad que la Subred Norte delegó a un tercero. Según la Personería, para el 10 de julio estaba vencido el contrato de operación, pues a pesar de que se había abierto un proceso para elegir al nuevo operador, este fue declarado desierto el día antes.
Los hallazgos del ente distrital indican que se trataba de una situación advertida, teniendo en cuenta que, en mayo pasado, al evidenciarse fallas a la hora de entregar los resultados de imágenes diagnósticas en otra subred (la Sur), se requirió a la Secretaría de Salud para que adoptara medidas inmediatas. Esto debido a los impactos que estaba generando en cuanto al acceso a servicios y a la continuidad de tratamientos de centenares de pacientes.
Los reportes de la Personería señalan que, con corte al 17 de abril, había 15.361 exámenes diagnósticos pendientes de lectura y que, de estos, 1.666 correspondían a TAC que se efectuaron entre octubre de 2017 y abril de 2018. “También se detectó falencia en el sistema de información del servicio de radiología. La Secretaría dijo que iniciaría una investigación administrativa”, agregó el organismo, que además pudo comprobar fallas en el área de insumos de radiología del Hospital de Engativá debido a la humedad.
El procedimiento
Frente al caso del periodista, se determinó que, pasadas dos horas después de haber acudido al Hospital de Engativá, fue valorado y le ordenaron unos exámenes de laboratorio. Posteriormente, sobre las 3:30 de la madrugada del 11 de julio, se acordó que debía ser sometido a un TAC abdominal para descartar una apendicitis aguda. Sin embargo, ese examen nunca se realizó.
Un día después, ante esta dificultad, los médicos resolvieron practicarle otro procedimiento (una laparoscopia diagnóstica), que evidenció que tenía la apéndice perforada. Por ello fue sometido a una apendicectomía que abarcó el intestino comprometido y que implicó una hospitalización más prolongada de la requerida, sumado a manejo antibiótico. Finalmente, detalló la Personería, el 23 de julio se le dio salida, tras descartar una obstrucción intestinal.
(Le puede interesar: “Vivimos la deficiencia de la salud en Colombia”: mamá de Mauricio Orjuela)
La Procuraduría dijo, por su parte, que el cuerpo médico “no habría seguido las guías de manejo para la atención en el servicio de urgencias, por lo que podría haber existido una negligencia al suministrar a Orjuela Bernal un medicamento que enmascaró el dolor y volvió confuso el cuadro clínico y posiblemente contribuyó al deterioro de su salud”. Todo esto habría retrasado un diagnóstico a tiempo, así como una intervención oportuna, que hubiera contribuido a preservar la vida del periodista.
Todo lo anterior, posiblemente, desencadenó una serie de irregularidades en otros centros médicos donde fue atendido Mauricio, entre ellos la Clínica General de la 100, que aparentemente tampoco le prestó el servicio oportuno ni permitió que fuera valorado por un especialista para conocer la raíz de sus dolencias.
A la investigación se suma la EPS Medimás que, al parecer, no activó los procedimientos para verificar que al paciente le estuvieran prestando servicios integrales, así como otro organismo distrital: la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica (EAGAT), encargada de orientar a los hospitales de la red pública de Bogotá en la contratación de suministros. En este caso, la Procuraduría pide investigarla, pues “habría omitido sus deberes y funciones al no asesorar al Hospital de Engativá en temas de suministros y no tener al día los soportes que permitieran adelantar actividades contractuales para la prestación de servicios”.
Los hallazgos de cada una de las entidades están hoy en poder de la Superintendencia de Salud y el Tribunal Médico, que serán los llamados a seguir con las investigaciones y establecer si hubo fallas que derivaron en la muerte del periodista.
Las acciones desde la Secretaría de Salud
Aunque la Secretaría de Salud no se pronunciará sobre la investigación por el caso, este diario conoció que desde la Dirección de Calidad de la entidad se inició una indagación para determinar de qué forma se procedió en el Hospital de Engativá, qué protocolos se llevaron a cabo y qué ocurrió con los suministros que tanto la Personería como la Procuraduría señalan que no habían sido contratados.
Con respecto a que se haya incluido a la EAGAT dentro de la investigación, fuentes de la Secretaría señalan que esta no tendría relación con el caso, dado que su función dentro de la red de hospitales es asesorar y orientar las compras y no se encarga de hacer veeduría ni de la contratación de los procesos de compra de suministros de las subredes.
Desde la Superintendencia, ante el posible caso de negligencia, se asegura que el caso sería evaluado por el Tribunal de Ética Médica, quienes se encargarían de evaluar, identificar y sancionar a los funcionarios de la salud involucrados en el hecho.