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Hasta ahora la discusión sobre el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se ha centrado en temas ambientales, demográficos y de expansión. No obstante, hay una preocupación de algunos habitantes del centro, que amaga con convertirse en otro obstáculo en el trámite. Según residentes del tradicional barrio Las Nieves, de ser aprobado el proyecto como está, la prostitución se podría ejercer en cualquier zona de la ciudad.
La razón detrás de esta advertencia es que dentro del actual proyecto no se definen “zonas de servicios de alto impacto”, o tradicionalmente conocidas como “zonas de tolerancia”. Esto abriría la puerta para que los negocios que ofrecen servicios sexuales pagados no tengan zonas vedadas para su operación.
Esta preocupación no es nueva. Desde 2011, más de 50 líderes se congregaron en la Corporación Cívica La Capuchina, para emprender una batalla jurídica contra las casas de lenocinio, que operan en el perímetro comprendido entre calles 19 y 13 (Av. Jiménez) y entre carreras 10 y 14 (Av. Caracas). Según decían, en dicho sector había lugares que, bajo la figura de hogares de paso, restaurantes u hoteles, prestaban actividades sexuales. Para buscar su cierre interpusieron dos acciones populares, una de las cuales fallaron en 2014 a su favor, pero nadie la ha acatado.
Ahora su nueva lucha es contra el proyecto de POT, el cual, según ellos, “fomenta” la prostitución, al reconocerla como una actividad, que no requiere un permiso especial de uso de suelo para su ejercicio. Por eso los líderes de la Corporación radicaron una nueva acción popular en la que solicitan frenar la discusión del Plan hasta tanto se modifiquen y se socialicen las normas que regularán el ejercicio de esta actividad en áreas urbanas.
El presidente de La Capuchina, Carlos Arbeláez García, es tajante al afirmar que si se aprueba el POT, se aprueba la prostitución en cualquier edificio de la ciudad. “No habría necesidad de crear zonas de tolerancia, sino que podrán estar en cantinas, en cualquier vivienda, en bodegas y hasta al aire libre. Es una situación difícil, porque es posible que estas leyes sirvan en Ámsterdam, pero no en Bogotá. No estamos preparados para algo así”.
Arbeláez agrega en su denuncia la preocupación por otras actividades que, por lo general, surgen alrededor de los negocios que ofrecen actividades sexuales pagas. “Los empresarios del microtráfico, ladrones y cantinas de mala muerte tendrán ‘licencia’ para funcionar en cualquier zona comercial, industrial y cultural de la ciudad”.
POT no regula la prostitución
Pese a la molestia de los denunciantes, para el Distrito existen elementos suficientes que justifican la decisión de excluir del POT las llamadas “zonas de servicios de alto impacto”. Para comenzar, el ejercicio de la prostitución no se puede clasificar como una actividad sujeta a un permiso de uso de suelos, como se hace con otro tipo de negocios.
Uno de los sustentos es un estudio realizado entre 2016 y 2017, en el que, de la mano de la Secretaría de la Mujer, hicieron un censo para saber dónde se concentraba esta actividad. El diagnóstico reveló que prácticamente se estaba prestando en cualquier zona y no estaba ligada a un uso del suelo específico, ya que se encontraron negocios en viviendas, hoteles, moteles, e incluso notaron que muchos migraron a lo digital.
Tras esa evaluación, decidió no regular la prostitución con un permiso de uso de suelos, ya que, según Verónica Ardila Vernaza, directora de norma urbana de la Secretaría de Planeación, no se trata de un establecimiento, sino de una actividad. “Las profesiones o actividades no se pueden encerrar en ciertos lugares. El POT no permite la actividad sexual paga en ningún sector de la ciudad, porque no la está regulando. Por el contrario, elimina las zonas de tolerancia identificadas en el anterior Plan y las transforma en sectores de renovación urbana. Eso seguramente hará que dejen de ser sitios de influencia de esta actividad”.
Es decir, según lo expuesto por la Secretaría de Planeación, más allá de lo que diga el POT, lo que se debe tener en cuenta son las condiciones que deben cumplir quienes pretendan promover dicha actividad, las cuales están consignadas en una ley y en una sentencia de la Corte Constitucional.
Si bien, como dice Planeación, el POT no fija normas para el ejercicio de la prostitución, está en marcha la creación de una política pública, que fijará parámetros para su ejercicio. La Secretaría de la Mujer, dependencia que adelanta ese proceso, aclara que esta hoja de ruta no tiene nada que ver con el tema urbano, pues se adelanta sobre garantías de derechos, salud, prevención de discriminación, y otros temas. Por ahora, a raíz de la caracterización, se espera expedir dicho documento a finales de año.
En la mitad del debate quedan las trabajadoras sexuales, que dicen que no las han tenido en cuenta en la formulación del Plan y que es trabajo de las autoridades que se logre la separación entre dicha actividad y la delincuencia. La líder del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, Fidelia Suárez, considera que “las actividades sexuales se pueden ejercer en cualquier parte de la ciudad. El trabajo sexual es una cosa y la delincuencia otra. Hay que establecer diferencias y lograr que los mismos establecimientos cumplan normas. Es preocupante, porque esto no se ha consultado con las personas que ejercemos este trabajo ni con la sociedad civil”.
Aunque la discusión del POT aún está lejos de enfocarse en este tema, algunos habitantes ya expresaron su preocupación y dicen que irán hasta las últimas consecuencias legales. El Distrito, por su parte, acelera para que el documento llegue en menos de un mes al Concejo, donde se dará el debate de fondo.