Privados quieren construir la vía Sibaté-Pasca

La obra, que se contrataría a mediados de año, costaría casi $90 mil millones. Se intervendrán casi 48 kilómetros. Para recuperar la inversión, los constructores operarían la vía durante 25 años.

El tramo entre los municipios de Facatativá y Pasca es uno de los más afectados de la vía. / Cortesía Gobernación de Cundinamarca

A pesar de estar cerca, los habitantes del municipio de Pasca tardan más de dos horas en llegar a Bogotá. Para hacerlo, inevitablemente deben pasar por Fusagasugá y una vez allí tienen dos rutas: la primera es por la doble calzada Bogotá-Girardot, que, a pesar de estar en buenas condiciones, es un tramo largo y costoso (gasolina y peaje). La segunda es conocida como La Aguadita o del alto de San Miguel, antiguo camino a Sibaté, que es más corto y más barato, pero tiene tramos que podrían ser catalogados literalmente como trocha.

Debido a que la zona es eminentemente agrícola, al punto de ser considerada una de las despensas de la capital, los productores prefieren recortar costos. Al hacerlo, se arriesgan a transitar por una carretera con problemas como fallas geológicas, ausencia de demarcación y un pésimo estado del pavimento. Pero no son los únicos que se arriesgan. A ellos se suman los conductores que durante los puentes festivos prefieren evitar la autopista Bogotá-Girardot. Tal es el tráfico de la vieja carretera que el peaje de San Miguel, ubicado en esta ruta, recauda al año entre $4.000 millones y $5.000 millones.

Este considerable recaudo fue el que puso a esta carretera en el radar de inversionistas privados, que la vieron como una posibilidad de negocio a largo plazo. Por esta razón tramitan ante el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) un proyecto de alianza público-privada (APP) con el objetivo de asumir con capital privado la reconstrucción, pavimentación y mantenimiento de la ruta a cambio de administrar el peaje durante 25 años.

La propuesta, identificada como Concesión Sibaté-Fusagasugá-Pasca, fue radicada desde 2012 por una alianza entre la banca de inversión Esfinanzas y la firma de ingenieros Castro Tcherassi. Tras dos años de evaluación, en diciembre pasado la Gobernación declaró la factibilidad del proyecto. Es decir, de no existir objeciones de la comunidad o una iniciativa más económica, se firmará un contrato en siete meses y, a más tardar, a finales del próximo año los habitantes de la zona y los usuarios de esta ruta contarán con una carretera nueva que reduciría el recorrido entre Bogotá y la provincia del Sumapaz en casi 10 kilómetros y el tiempo de viaje en casi 45 minutos.

- El proyecto

De acuerdo con el proyecto, la meta de los privados es intervenir casi 48 kilómetros, con trabajos que costarían alrededor de $90.000 millones (casi $2.000 millones por kilómetro). Este presupuesto incluye estudios, diseños y compra de predios (por $5.000 millones). Como obras puntuales se piensa construir una glorieta cerca del embalse del Muña que servirá como intercambiador con la doble calzada Bogotá-Girardot. A partir de ahí y hasta Pasca, los contratistas se encargarían de la rehabilitación de la carretera con obras en 22 puntos críticos, corrigiendo los sitios inestables, señalizando toda la carretera, reconstruyendo el sistema de drenaje para evitar nuevos procesos de inestabilidad y pavimentando casi tres kilómetros que faltan en el tramo Fusagasugá-Pasca.

Fuera de los centros poblados, los trabajos beneficiarían a productores de veredas como Santana y Chacua, en Soacha; San Miguel, San Fortunato, San Rafael, Perico, Chagua, El Jazmín, San Benito y Delicias, en Sibaté; Santa Rita Alta, Agua Bonita y Victoria Alta, en Silvania; Aguadita, Bermejal, Tierranegra, Piamonte, Jordán, La Palma, en Fusagasugá, y Los Sauces, Bethel, Alto del Molino, El Zaque y Guchipas, en Pasca.

A cambio, se tiene previsto que los privados administrarán el peaje de San Francisco por 25 años para recuperar la inversión y adicionalmente cobrar una operación valorada en $63.000 millones, para un total de casi $150.000 millones. Según la propuesta, las obras generarían 20 empleos por kilómetro, es decir, casi 900 puestos de trabajo que serán atendidos con mano de obra local. De acuerdo con el gobernador Álvaro Cruz, esta propuesta es una de las pocas APP radicadas ante la administración que se encuentran en una etapa tan avanzada. De 21 iniciativas recibidas, en gran parte para proyectos viales, la mayoría han sido rechazadas o devueltas.

- Lo que viene

Para conocer la opinión de la comunidad y de las empresas interesadas en la iniciativa privada, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) realizará el martes una audiencia pública, a partir de las 2:00 de la tarde, en el Salón de los Gobernadores de la Gobernación (calle 26, carrera 51). Allí, los promotores revelarán más detalles del plan, escucharán sugerencias de los interesados y presentarán el cronograma del proyecto. Sin embargo, parece que la iniciativa ya tiene buen respaldo de la comunidad, pues durante la socialización del proyecto en la etapa de prefactibilidad se mostraron satisfechos.

Tras la audiencia del martes, faltarán pocos pasos para concretar el negocio. Primero, se debe terminar una consultoría que hará la evaluación final del proyecto, que debe estar lista a mediados de abril; luego se darán algunas semanas para saber si surgen otras iniciativas frente al mismo proyecto, y finalmente se presentará a evaluación de riesgos ante el Ministerio de Hacienda. “A pesar de que hemos invertido en el mantenimiento de esta vía, no ha sido suficiente, de ahí que esta APP sea una buena opción. Si todo sale bien, estaríamos adjudicando el contrato entre julio y septiembre. A partir de ese momento, esperamos que la obra esté lista en un año”, dijo el gobernador.

“Este es un sistema mucho mejor que pondrá fin a lo que venía ocurriendo. Esa era una vía sin mantenimiento durante muchos años. Por eso cuando la administración piensa en intervenirla se vuelve algo muy costoso. Ahora se le podrá garantizar a la comunidad una carretera en óptimas condiciones durante 25 años. Será una vía alterna a la doble calzada y más económica para la gente”, agregó el mandatario departamental.

De acuerdo con un ensayo presentado por María Fernanda Sarmiento Valbuena, contratista del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, de ser aprobada la APP tendría un impacto económico positivo en la región, “ya que el turismo incrementaría y los agricultores e industrias de la región podrían aprovechar la transitabilidad de sus productos a los diferentes municipios, ciudades y departamentos. De igual forma, para el promotor de la APP, según el modelo financiero estudiado, sería un buen negocio, ya que generaría gran rentabilidad a largo plazo”.

Por ahora, el proyecto sigue en marcha. De superar las etapas que le faltan, la APP que reconstruirá la vía Sibaté-Girardot-Pasca estaría a pocos meses de concretarse. De ser una realidad, se beneficiaría primordialmente a la comunidad del Sumapaz, que lleva años pidiendo que les mejoren esta vía.

- Otras APP en estudio

Según la Gobernación de Cundinamarca, esta administración ha recibido 21 propuestas de obras a través de alianza público-privada. Sin embargo, la mayoría han sido rechazadas y hay tres que han avanzado a las primeras evaluaciones. Al proyecto de la vía Sibaté-Fusagasugá-Pasca se suman las siguientes:
 Briceño-Zipaquirá-Pacho-La Palma. La propuesta que superó la etapa de prefactibilidad y se encuentra en evaluación de factibilidad.
Carrera 170-La Calera-Sopó. El proyecto superó la etapa de prefactibilidad. Se espera luz verde de la Alcaldía de Bogotá para avanzar en la iniciativa. La propuesta incluye una administración del peaje por 30 años.

- El proponente Castro Tcherassi

La firma de ingenieros Castro Tcherassi S.A., que promueve la iniciativa, según datos de Cámara de Comercio, fue registrada en 1960 en Barranquilla y cuenta con 332 empleados. Su actual representante legal es Jaime Ignacio Castro Vergara.
Entre sus actividades económicas registra la construcción de carreteras, de proyectos de servicios públicos, obras de ingeniería civil, actividades de arquitectura y consultoría técnica. Ha reportado contratos con Invías (en 2005 por $12.000 millones), el municipio de Medellín (en 2007 por $2.700 millones), el ICCU (en 2011, por $16.800 millones), la Gobernación del Atlántico (en 2011, por $220 millones) y la Alcaldía de Barranquilla (en 2013, por $12.500 millones).
Según su Registro Único de Proponentes (RUP), como constructor tiene una capacidad máxima de contratación que supera los $300.000 millones. En su historial como contratista cuenta con una multa que le impuso Invías en 2007 por $512 millones.