Procuraduría pide cuentas a la alcaldía de Bogotá por crisis de las basuras

El Espectador

La nueva crisis de las basuras en Bogotá ya está en el radar de la Procuraduría. Las dificultades que vivieron 12 localidades de la ciudad, por las demoras en la recolección de desechos, llevó al ente de control a pedirle a la administración un informe para conocer de primera mano las acciones que ha adoptado para evitar “que la ciudad se vea inmersa en una problemática social, ambiental y económica, por la situación presentada con los trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá”.

LEA: Recolección de basuras en Bogotá, a media marcha

La petición se da luego de notar el impacto que ha causado la protesta de los empleados de Aguas de Bogotá, quienes en medio de las manifestaciones que comenzaron el pasado miércoles, dañaron varios camiones recolectores, con lo que impidieron que se usaran los vehículos para prestar el servicio con normalidad.  Y como Bogotá produce 6.000 toneladas de basura al día y de estas Aguas recogía 3.000, el efecto de la protesta se notó de inmediato. Los residuos se empezaron a acumular en algunas zonas, como ocurrió durante la crisis de las basuras de diciembre de 2012, cuando la pasada administración también cambió el esquema de aseo.

LEA: Basuras: se vienen 12 días difíciles

El Distrito ha explicado en varias oportunidades que la situación la llevó a declarar la Emergencia Sanitaria y Ambiental, a raíz del cual se desplegó un plan de contingencia, que consistió en pedir apoyo de la empresa privada. Pero el plan no alcanzó para normalizar el servicio. Según la Alcaldía, para cubrir las zonas de Aguas de Bogotá se necesitan mínimo 95 camiones y el sábado apenas tenían 50. Se espera que esta semana se normalice el servicio, aunque las autoridades han dicho que serán dos semanas difíciles, mientras llegan las nuevas empresas recolectoras.

Lea: Alcaldía declara emergencia ambiental y sanitaria en Bogotá

Todo esto llevó a que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, instara a la Alcaldía de Bogotá a brindar respuestas concretas sobre lo que se ha estado haciendo "para reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos causados por la deficiente operación del servicio de recolección de basuras; lo cual a su vez está generando alteración de la calidad del aire, del suelo, y grandes situaciones sociales y de orden público".

Para el ente de control, la declaratoria de 'Emergencia  Sanitaria y el Estado de Prevención Ambiental o Alerta Amarilla en Bogotá', Decreto 069/2018, no exime de responsabilidad al Distrito Capital de garantizar la continuidad de los servicios públicos y evitar la "proliferación de olores ofensivos, cambio de la calidad de visual del paisaje urbano, alteración de las características físico químicas de las fuentes receptoras de vertimientos de lluvias, y posibles afectaciones de los ecosistemas". 

A partir del informe que presente la administración distrital, el ente de control analizará si se hace necesario abrir o no una indagación preliminar para establecer responsables de lo que ha padeció Bogotá el fin de semana. 

Que se sienten a negociar

La protesta, de la cual se deriva la nueva crisis de las basuras en Bogotá, obedece a que 3.200 trabajadores se quedarán sin empleo en los próximos días, luego de que Aguas de Bogotá se quedó por fuera de la licitación de aseo, por falta de una póliza, y ya no prestará más el servicio de recolección de basuras. Como la empresa es pública, al ser filiar de la empresa de Acueducto, la situación obliga al Distrito a prescindir de los servicios de casi todo el personal.

Las notificaciones de despido las empezaron a enviar desde la semana pasada, lo que llevó a que los trabajadores se declararon en asamblea permanente y dejaron de prestar el servicio. A pesar de que se han intentado adelantar diálogos entre las partes, hasta la fecha han sido infructuosos. Por esta razón, la Procuraduría hizo un llamado al Distrito y a los trabajadores para que “se sienten de manera urgente en una mesa de trabajo y definan una solución que respete el derecho al trabajo, la dignidad humana, la estabilidad reforzada y todas las medidas que impliquen el bienestar de los trabajadores cesantes”, dice el oficio.

El ente de control ha acompañado las mesas de trabajo lideradas por la Personería Distrital en relación con la situación laboral de 3.200 trabajadores, según lo decidió el Tribunal Contencioso Administrativo de Bogotá.  De igual forma, se convocó a los nuevos operadores para buscar posibles alternativas de vinculación y atender los reclamando frente a una presunta vulneración al derecho al trabajo, la protección laboral y el mínimo vital, y se encontró que 2.900 plazas se ajustan a los perfiles de la población cesante. Aunque algunos han logrado ser contratados por las nuevas empresas que se encargarán del servicio en la ciudad, hay un grueso número de trabajadores que siguen en el limbo.

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook