Prostitutas de la localidad de Santa Fe: ni en la calle, ni en los cuartos

Recientes operativos en el centro contra residencias que prestan el servicio “por ratos”, pretenden sacar la prostitución de lugares donde no se permite. Como trasfondo está el reto de establecer más espacios formales para ejercer ese oficio.

El sector de la calle 18, entre carreras 12 y 14, está fuera de la zona de tolerancia y, sin embargo, en el día y la noche se ejerce la prostitución. La Alcaldía local pretende desterrar esa práctica. / El Espectador

La calle 18, entre carreras 12 y 14, a una cuadra de Transmilenio, es una nutrida zona comercial donde un comprador puede encontrar desde avisos de neón y cargadores de baterías hasta litografías y negocios que ofertan trajes para seguridad industrial. Algunas puertas discretas, sin avisos, entreabiertas, son la frontera entre ese mundo repleto de gente y carros que se mueve a sus anchas y otro de cuartos de tres por tres, dotados de baño, televisor y catres, que resisten encuentros de 10 minutos.

Hasta allí llegaron el 22 de junio delegados de la Alcaldía Local de Santa Fe a recordarles a los dueños de las residencias que, por ley, tienen prohibido prestar el servicio por ratos. Empapelaron a dos, que tendrán que enfrentar procesos que pueden tardar un año, pero desde 2010, la Alcaldía Local ha sellado 36 establecimientos de este tipo.

Por 10 minutos cobran unos $6.000 si la mujer se identifica como prostituta, y suben a $10.000 o más si se trata de transgéneros. Suprimiendo los espacios donde se consuman las relaciones, esta política busca sacar el trabajo sexual del sector, para que se ejerza cuadras más abajo, en la localidad de Los Mártires, donde las normas lo permiten.

El alcalde local de Santa Fe, Gustavo Niño, además de apoyarse en leyes y decretos, sustenta los operativos en dos razones: primera, ese sector de la calle 18 hace parte del plan de renovación urbana Estación Central, lo que implica que la prostitución debe proscribirse de esas calles; segunda, los vecinos interpusieron una acción popular para sacar de allí el trabajo sexual y los hospedajes donde se ejerce.

Para todos ellos, que la prostitución se desplace a Los Mártires es tan necesario como natural, porque allá, entre las calles 19 y 24, y entre la avenida Caracas y la carrera 18, se ubica la única zona de tolerancia formalmente establecida en Bogotá. Pero en ese espacio, simplemente, no caben todas.

“Un problema más de desplazamiento”

Fue en el 2000, en la primera administración de Enrique Peñalosa, cuando un juzgado le ordenó al Distrito la creación de “zonas de tolerancia para evitar que fuera de ellas se lleve a cabo el ejercicio de la prostitución y negocios conexos con la misma”. Dos años después, el segundo gobierno de Antanas Mockus delimitó el mencionado sector del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, como la única.

Las dinámicas propias de la ciudad hacen irrealizable ese propósito. La ONG Parces, que cuenta con un observatorio de trabajo sexual, ha identificado, además del barrio Santa Fe, otros sectores donde se ejerce ese oficio, como la Primero de Mayo, en el sur; la plaza de la Mariposa, Terraza Pasteur y La Carrilera, en el centro, y Chapinero, en el oriente. Ya en 2013 la Secretaría de Gobierno había identificado 404 establecimientos y espacios donde se ejerce la prostitución, en su mayoría por fuera de la zona de tolerancia (Kennedy, Barrios Unidos y Chapinero, por ejemplo).

Expulsar a las trabajadoras sexuales de esos espacios genera conflictos como el presentado el 20 de enero en la plaza de la Mariposa, de San Victorino, cuando la Policía metió en un camión a 15 mujeres, algunas de ellas trabajadoras sexuales, escudada en que ese no era sitio para ejercer la prostitución. Aunque los uniformados reportaron que el motivo de la retención era el “alto grado de excitación” en que se encontraban, ellas argumentaron ante la justicia, mediante una acción de tutela, que cuando las detuvieron la razón fue una sola: “ser putas”. A propósito, los jueces decidieron en primera y segunda instancia que esa tutela, en la que exigían que les pidieran perdón públicamente y las repararan por daños económicos, sicológicos y sociales, era improcedente. Ahora está para revisión de la Corte Constitucional.

El alcalde de la localidad de Santa Fe reconoce que su territorio es más atractivo que Los Mártires para las trabajadoras sexuales, porque la población flotante es mucho mayor: a diario pasan cerca de dos millones de personas. Sin embargo, está decidido a “mostrar autoridad”.

Andrea Correa, trabajadora sexual conocida como Coqueta, afirma que “las autoridades hacen los operativos en las residencias para que ellas no se sientan atacadas directamente, pero esto es un problema más de desplazamiento”. Muchos sitios que han sellado, recuerda, antes funcionaban como residencias y hoteles. Sus propietarios, al verse golpeados por la mano dura de la administración, “quitaron los hoteles y comenzaron a trabajar bajo la fachada de casas de inquilinato. Ahora pretenden también cerrar esas casas”.

La política de quitarle el agua al pez, que en este caso podría parafrasearse diciendo que les están quitando los estanques, ha hecho, de acuerdo con Coqueta, que sus compañeras del centro se estén desplazando a zonas residenciales. Muchas que trabajan en la calle 18, o incluso en la zona de tolerancia de Los Mártires, suelen irse a buscar mejor suerte a Chapinero, Bosa y Kennedy, e incluso a otros municipios, como Soacha y Facatativá.

Un reto para el POT

Controlar la oferta de ratos es difícil. Ya lo dijo Coqueta: parte de las residencias selladas revivieron bajo un camuflaje que les garantiza otros años de vida. El alcalde de Santa Fe da una declaración similar, y por eso en los operativos, además de caerles a los sitios activos, verifican que aquellos donde ya no se puede operar se cumpla con ese mandato.

En la reciente intervención, por ejemplo, un propietario argumentó que tenía todos sus documentos en regla porque contaba con registro nacional de turismo y, en esa medida, podía ofrecer alojamiento. Ese registro, sin embargo, no ampara a los establecimientos que prestan el servicio por horas. Sacar ese documento ha sido una táctica para operar en zonas residenciales donde no pueden hacerlo, explica el presidente ejecutivo de Cotelco, Gustavo Toro.

Es una fachada, a juicio de la Alcaldía de Santa Fe, que en los operativos encontró en las habitaciones condones usados y canales de pornografía encendidos, que no consideraba propios de un alojamiento convencional. ¿Cómo controlarlo?

El nuevo Código de Policía, recientemente aprobado en el Congreso, establece multas y otras sanciones para los propietarios de negocios relacionados con el ejercicio de la prostitución, que incumplan con el mandato de operar sólo donde las normas lo permiten. Igual pasará con quienes ejerzan el oficio más allá de las fronteras que les demarquen las autoridades locales. Pero esos artículos serán demandados.

Lo anuncia Alejandro Lanz, director de la ONG Parces, para quien, contrario a esas tácticas represivas, es necesario crear políticas específicas sobre trabajo sexual, aunque pide tener en cuenta dos puntos: primero, delimitar sectores “genera competencia y conflicto”; segundo, el control sobre las zonas donde no se permite la prostitución, al centrarse en la mera presencia de las trabajadores sexuales, “termina criminalizando el cuerpo”, como ocurrió en enero en la plaza de la Mariposa.

En ese caso, de hecho, en medio del litigio por cuenta de la tutela que presentaron las afectadas, la Policía argumentó que actuó de manera preventiva porque “en varias oportunidades se han logrado desarticular estructuras criminales que se mimetizan como trabajadores sexuales; además, se valen de menores de edad para ofrecer sus servicios, desarrollado en zonas del espacio público ocupadas indebidamente, realizando actos obscenos, delictivos y contravenciones que generan inseguridad y mala convivencia”.

Es un asunto de derechos, pero también de ordenamiento territorial y, en esa medida, el nuevo POT tiene un reto, si de organizar una nueva ciudad se trata. Al consultar a la Secretaría de Planeación, manifestaron que, por lo pronto, las normas se mantendrán como están. La pregunta será inevitable cuando la Alcaldía y el Concejo aborden la discusión: ¿se quedará Bogotá con una sola zona de tolerancia declarada, a pesar de aquellas otras que se han formado durante años? Y, si decide crear otras, ¿dónde serán? ¿Estarán dispuestos sus vecinos a aceptarlas?

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