Hay 1.600 horas de grabación

Las pruebas de la Fiscalía que demostrarían infiltración a las movilizaciones en Bogotá

Noticias destacadas de Bogotá

En la audiencia para legalizar la medida de aseguramiento contra los capturados por promover actos de vandalismo durante las marchas en Bogotá, la Fiscalía reveló audios, documentos y otras evidencias que probarían cómo los grupos disidentes logran colarse entre grupos estudiantiles y de activistas.

Este martes se reanudó la audiencia de judicialización de las personas señalados como organizadores de los desmanes durante las movilizaciones de los últimos meses en Bogotá. Por más de tres horas el fiscal delegado Héctor Daza expuso sus argumentos para imputarles cargos por terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público, obstrucción de vías públicas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, delitos que no fueron aceptados por los procesados.

Los argumentos de la Fiscalía se basaron en pruebas que obtuvieron mediante interceptaciones telefónicas, 11 diligencias de registro y allanamiento, 112.000 audios, datos y mensajes, seguimientos, búsquedas en bases de datos y solicitudes de información. Las evidencias, para el ente acusador, detallan el modus operandi de estructuras organizadas para adoctrinar y reclutar jóvenes universitarios o de sectores urbanos con el fin de inducirlos a cometer desórdenes, vandalismo y ataques a miembros de la Fuerza Pública.

>LEA: Policías investigados por muerte de Javier Ordóñez, a la cárcel de Facatativá

Los audios obtenidos, que suman más de 1.600 horas, ponen en contexto la probable participación de Justo Villarraga, alias Justo; Érika Flórez, alias Érika; Ruth García, alias Rosita; Greyssi Perilla, alias La Pola, y Miguel Parga, alias El Profe, en los actos vandálicos ocurridos durante las movilizaciones del paro nacional que se llevaron a cabo en noviembre de 2019. Sin embargo, para el ente acusador, ‘Justo’ y ‘El profe’ siguieron ligados a estas actividades e hicieron parte de la coordinación de los desmanes ocurridos durante las protestas del 9 y 10 de septiembre en la capital.

El fiscal delegado describió que las pruebas dan cuenta que las operaciones y contactos iniciaron semanas antes del “21-N”, que hace referencia al 21 de noviembre, primer día de movilizaciones en el marco del paro nacional y en la que se generaron desórdenes que derivaron en que esa noche se declarara toque de queda. Para el ente acusador, detrás de la violencia de esa noche hubo todo un trabajo sistemático y organizado, que se basó en selección de personas, trabajo con otras células, coordinaciones y reuniones para decidir temas concretos en medio de la agenda de movilizaciones.

>LEA: Así fue la horrible noche de protestas y muerte en Bogotá

Asimismo, el fiscal detalló el modus operandi de las organizaciones, que se basa en aprovechar coyunturas especiales como el paro nacional, para infiltrar grupos de jóvenes y estudiantes. “Para la Fiscalía, los delitos no son graves, son gravísimos. Todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a protestar, porque es algo legítimo y sagrado, pero esa esfera de garantía está contaminándose con la infiltración y las acciones vandálicas que se aprovechan de cualquier coyuntura para crear pánico y terror a la población. Y quienes salen a protestar se ven afectados y estigmatizados con estas acciones”, aseguró el fiscal.

>Lea: Arranca puja jurídica por caso Ordóñez y disturbios del “9S”

En cuanto a los delitos imputados, el delegado del ente acusador detalló que pruebas recopiladas desde el 17 de noviembre de 2019 indican que los grupos organizaron ataques contra miembros del Esmad y la Policía, en los que la directriz era atacarlos con elementos que los obligaran a quitarse la protección.

De igual forma indicó que incluso se evidenció que se propuso que algunos de los manifestantes se disfrazaran de policías, para cometer faltas que ante la opinión pública quedaran como excesos de las autoridades. Estas pruebas, para la Fiscalía, configuran el delito de violencia contra servidor público.

Las pruebas también dan cuenta de cómo se organizan los grupos para realizar daños en portales y estaciones de Transmilenio (TM), lo que probaría los delitos de perturbación en servicio de transporte público y daño en bienes públicos. Respecto al concierto para delinquir, se divulgaron conversaciones en las que se habla de “frentes”, “manejo de finanzas”, “zonas de influencia” y en general había una comunicación fluida entre ellos que permitiría inferir que había una organización, algo que incluso mencionaban en repetidas ocasiones los mismos imputados.

“Hubo colaboración y una concepción de movimiento, varios frentes se encuentran organizados, pero ellos mismos decían que hay otros que lo están haciendo muy mal”, agregó el fiscal respecto a los seguimientos con fotografías y videos que permiten probar “que los imputados se conocían y se reunían”.

En términos generales, para la Fiscalía es claro que las organizaciones que denominan “colectivos” o “uniones solidarias”, son coordinadas desde grupos guerrilleros y grupos residuales de las Farc para promover “actos vandálicos, zozobra y terror”, teniendo muy definidos los roles y la línea de tiempo para ejecutar las conductas que se les imputan. Por tal razón, el fiscal solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión para todos los imputados.

Comparte en redes: