Puente caído: contrato lo avaluaron dos subtenientes

Defensoría y Contraloría tienen en la mira la adjudicación de la obra y piden explicaciones. Ejército adjudicó de forma directa, argumentando gastos reservados de defensa, a pesar de ser una obra de ingeniería. Se hicieron cuatro prórrogas, la última hasta el 29 de diciembre. Estaban pasados de tiempo.

Archivo ElEspectador.com

La polémica por el puente peatonal en la carrera 11 con calle 103 aumenta al trascender detalles alrededor del contrato que adjudicó el Ejército para construir la obra. Por esta razón, tanto la Defensoría del Pueblo como la Contraloría General tienen en la mira este proceso y anunciaron que pedirán explicaciones a las Fuerzas Militares. Un dato que llama la atención: se adjudicó a dedo, argumentando gastos reservados de defensa, y a pesar de tratarse de una multimillonaria obra de ingeniería, el comité evaluador del contrato lo conformaron dos subtenientes, que por lo general son jóvenes recién graduados de la escuela militar. (Vea Más de 3.100 millones de pesos costó puente que colapsó en Cantón Norte)

El contrato se firmó el 3 de septiembre de 2013 y tenía inicialmente un plazo de 80 días. Es decir, la obra debía entregarse en diciembre de ese año. La contratación fue necesaria por las obras de ampliación de la carrera 11, entre calles 100 y 106, lo que obligaba a la reubicación de algunas unidades militares del Cantón Norte y a la construcción de un puente peatonal. Y aunque se trataba de una obra sobre una vía pública, el Ejército eligió la contratación directa, amparados en la ley de contratación y el artículo que autoriza este tipo de selección para “los bienes y servicios en el sector Defensa, que necesiten reserva”. 

Si bien, la norma contempla que algunas obras pueden considerarse reservadas, señala claramente que son aquellas “cuyas características especiales tengan relación directa con la defensa y seguridad nacional”. Es decir, obras como batallones o unidades militares. En el caso del puente peatonal privado aparentemente no cumplía este requisito.

En cuanto al cronograma, el documento deja entrever que el proceso de selección se cerró el 22 de agosto y una semana después se le adjudicó a la firma Constructec S.A.S, cuyo gerente representante legal es Guillermo Enrique Salcedo Mora, por un valor de $3.195 millones. Para iniciar la obra, el Ejército autorizó un anticipo del 50 % y el contratista tenía hasta el 20 de diciembre de 2013 para entregar la obra. Entre la asignación de riesgos, el contrato establece que será Constructec la que tendrá que responder por el 100 % de la obra, en caso de existir malas prácticas constructivas o el diseño.

El contrato lo firmó el coronel Óscar Fernando Peralta Cortés, director de Apoyo Administrativo Jefatura de Ingenieros, respaldado en la aprobación de tres comités: el técnico evaluador integrado por los subtenientes Carlos Norbey González y Camilo Castillo; el jurídico, integrado por la abogada Martha Rojas Canaria, y el económico, por Marlene Ortiz Alturo. El visto bueno final a la minuta del contrato lo dio la abogada Bibiana Sánchez Rojas.

Vale recordar que según documentos de la Procuraduría, el coronel Peralta enfrenta una investigación disciplinaria por otro proceso que firmó a nombre del Ejército y la cual adelanta el grupo asesor anticorrupción de la entidad, debido a la presunta violación de los principios de contratación estatal.

Modificaciones

A pesar de ya se había pactado un plazo y en anticipo fue superior al recomendado por la ley, el 20 de diciembre, justo el día que se debía entregar la obra el coronel Peralta firmó la primera modificación al contrato. Aunque inicialmente el constructor pidió seis meses (hasta el 9 de junio), se le autorizó una prórroga hasta el 5 de marzo, es decir, 75 días. La autorización se dio atendiendo la recomendación del Consorcio IMR Cantón, interventor de la obra, que explicó que era necesaria por los imprevistos generados por las obras de ampliación de la carrera 11 y a que los tirantes del puente tardaban casi 45 días en llegar. (Vea Imágenes de colapso de puente peatonal al norte de Bogotá)

El 5 de marzo del año pasado se autorizó la segunda modificación. Esta vez la firmó el coronel Luis Armando Hernández Montoya, nuevo director de Apoyo Administrativo Jefatura de Ingenieros. Se justificó en las dificultares para obtener permisos y llevar la maquinaria para el ensamble del puente, ya que afectarían las obras de ampliación de la carrera 11. Se prorrogó hasta el 25 de junio.

La tercera prórroga se firmó el 24 de junio y ampliaba el plazo hasta el 27 de octubre. En esta oportunidad no quedó expuesta la razón de la modificación. La última adición de tiempo fue hasta el 29 de diciembre, debido a que las lluvias retrasaron el trabajo. Desde que se cumplió la última fecha de entrega y el día del accidente pasó más de un mes de retraso.

Tras el desplome de la obra, de acuerdo con el general Fernando Pineda, actual jefe de ingenieros del Ejército, reconoció que la obra se adjudicó de forma directa por ser gastos reservados de defensa y no se hizo licitación. Además, aclaró que detrás de esto no hay nada irregular, ya que es una facultad que tienen las Fuerzas Militares. Agregó que las prórrogas que se le otorgaron al contratista fueron necesarias, debido a cambios en el diseño de la obra, producto de los trabajos de ampliación de la carrera 11 que adelantaba el IDU, así como el mal tiempo e inconveniente en la entrega de materiales. Todo esto contribuyó al retraso en los trabajos. (Vea Fueron 42 los heridos por colapso de puente peatonal al norte de Bogotá)

Sí hubo irregularidades

Después de una investigación realizada por ingenieros del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Javier Pava, director de esta entidad, dijo que sí existieron irregularidades en las pruebas que se llevaron a cabo el domingo en el puente y que en efecto hay problemas en la estructura, como la fisura en el mástil, lo que los obliga a estudiar si el puente debe reforzarse o demolerse por completo.

Familiares de los heridos denunciaron ante el Idiger que las pruebas se realizaron con 70 soldados, a quienes les ordenaron caminar por el puente para comprobar si la infraestructura resistía un determinado peso, hecho que rechazó Pava, quien denunció que la constructora quiso hacer dos pruebas en una para demorarse menos tiempo.

“El protocolo que normalmente existe para estos trabajos es que primero se hace con cargas muertas, con placas que garanticen la seguridad y posteriormente se colocan cargas móviles que son personas”, afirmó el director.

Ante los datos preliminares del accidente, la Defensoría del Pueblo expresó que detrás de este hecho hubo posible negligencia, al poner en un riesgo innecesario a las personas que realizaron las pruebas de carga, a conductores y a los transeúntes. Según la Defensoría, justo el sábado el puente ya había presentado la primera falla durante el inicio de las pruebas de carga y resistencia, cuando se rompió uno de los tensores. A pesar de ello, enviaron al día siguiente a más personas “para realizar un nuevo ensayo sin las medidas de precaución necesarias”. Por esta razón, consideró insuficientes y confusas las explicaciones dadas por el Ejército después del desplome del puente. Por esta razón pidió la intervención de la Procuraduría y de la Contraloría.

Ante este llamado, la primera en responder fue la Contraloría General, la cual anunció que adelantará una actuación de control fiscal al proceso de contratación que celebró el Ejército con la firma Constructec S.A.S para la construcción del puente peatonal. El ente de control señaló que evaluará el cronograma de ejecución de la obra, el cumplimiento de requisitos de idoneidad por parte de la empresa contratista, las pólizas y “en general, todos aquellos aspectos que puedan afectar la gestión fiscal de la entidad contratante, tanto las derivadas de la afectación a terceros, como a los recursos destinados a la citada obra”.

Por ahora, el caso sigue en investigación y se espera tener un informe final que determine la causas del desplome del puente peatonal y de quién fue la culpa.

La empresa

La empresa encargada de la construcción del puente es Construcciones Tecnificadas S.A.S (Constructec), la cual fue registrada en Bogotá en mayo de 1983. Según su registro, se dedica a la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, obras de ingeniería civil y otras actividades de arquitectura. Su representante legal es Guillermo Enrique Salcedo Mora y su suplente Elisabeth Rosana Salas Jiménez. En el Registro Único de Proponentes (RUP), necesario para contratar con el Estado, se encuentra inscrito desde octubre de 2012 y reporta una capacidad máxima de contratación de casi $40.000 millones.

En el Registro Único Empresarial (RUES) registra tres contratos con entidades públicas. Uno con la Alcaldía de Medellín, que celebró en 2009, por un valor $3.594 millones, y dos con el Ejército: la construcción del puente peatonal, firmado en septiembre de 2013 por $3.200 millones, y otro firmado ese mismo mes, por $1.109 millones, para la construcción de la primera etapa del rancho de tropa para la Fuerza de Tarea Pegaso, en Nariño.

Como establecimiento o agencia de Constructec aparece la Unión Temporal (UT) Puentes del Meta, matriculada en enero de 2006. A través de esta UT, la empresa tuvo relación con otras dos sociedades: Construcciones e Inversiones RDV S.A., creada en junio de 2003, cuyo representante legal es Augusto Alejandro Ruiz Corredor. Esta empresa tuvo un contrato en 2008 con Invías, por $10.150 millones y tiene reportada una sanción por incumplimiento definitivo del contrato, que le impusieron en julio de 2012. La otra sociedad es Civiproyectos, creada en octubre de 2003. Su representante legal es José Efraín Sierra Sosa, y su suplente es Édgar Orlando Bernal Santos. Esta sociedad tiene el reporte de una multa que le impuso el IDU y que luego fue revocada en 2012.