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La Personería de Bogotá informó que, por primera vez en muchos años, las URI de Puente Aranda y Usaquén no presentan hacinamiento gracias a la acción de las autoridades judiciales y a las 39 acciones de tutela presentadas por la entidad, 26 de las cuales fallaron protegiendo los derechos de los retenidos, quienes permanecían en condiciones infrahumanas. Estos son los avances de una labor que emprendió el ente de control en pro de garantizar el bienestar de quienes se encuentran en estos lugares.
En Puente Aranda, cuya capacidad es de 70 personas, hoy se encuentran 66. El ministerio público distrital presentó 10 tutelas para que fueran reubicados nueve colombianos y 23 venezolanos que, aunque ya tenían condena o medida de aseguramiento, llevaban meses sin ser trasladados, cuando en las URI no deben permanecer por más de 36 horas.
Incluso, la Personería aseguró que, por la tutela presentada en favor de los 23 venezolanos detenidos en la URI, fue necesario radicar un desacato ante un juez para lograr el traslado de 11 de ellos pues, a pesar de la orden judicial, los retenidos no habían sido reubicados.
La URI de Usaquén, que funcionaba en el complejo judicial de Paloquemao y fue trasladada a las celdas de las antiguas instalaciones del DAS, tiene capacidad para 20 personas y actualmente hay 13. Allí, hasta el momento, no se evidencian inconvenientes pues las personas no permanecen más de 36 horas en el lugar.
Por otro lado, la URI de Ciudad Bolívar continúa clausurada por concepto desfavorable en materia sanitaria por parte de la Secretaría de Salud y la URI de La Granja continúa cerrada, debido a que no se han terminado las adecuaciones. (Lea también: El centro de reclusión que rechaza un barrio en el sur de Bogotá)
En la URI de Kennedy, con capacidad para 60 personas, hay 115 retenidos. No obstante, se espera que, en los próximos días, con ocho tutelas presentadas a favor de personas condenadas con medida de aseguramiento, se logre su traslado para acabar con el hacinamiento allí.
En las tutelas se argumenta que las instalaciones no están adecuadas para la operación de un centro de reclusión, no cuentan con ventilación suficiente y carecen de condiciones aceptables de salubridad. Además, hay sobreocupación y las personas detenidas tienen que dormir muchas veces en el suelo, lo que constituye una violación a sus derechos humanos.
Finalmente, el ente de control insistió en que el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en las URI están en contravía de las normas y de la Sentencia T-151 de 2016 de la Corte Constitucional, que establecen que las personas sindicadas y condenadas no pueden permanecer durante más de 36 horas en sitios transitorios de detención.
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