La purga de la San Rafael

La crisis en la salud golpea también a las clínicas privadas del país. La difícil situación financiera en este hospital de cuarto nivel muestra el panorama.

En Bogotá, la situación de iliquidez del Hospital Universitario Clínica San Rafael tiene frenados los sueldos de 1.243 empleados de la nómina, quienes anunciaron que renunciarían de forma masiva. El anuncio no sólo evidenció la problemática en la clínica; también dejó claro que la crisis de la salud no sólo entró por las puertas de los hospitales del Estado.

Un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) dice que a los hospitales de Bogotá se les adeudan $900.000 millones, a corte de diciembre de 2011, y que el 75% de esa cartera es de entidades privadas. La investigación concluye que el no pago de las empresas promotoras de salud (EPS) es la principal causa de iliquidez en las instituciones prestadoras de salud (IPS). En ese ranking de deudores, a diciembre de 2011 el primer puesto lo ocupan las EPS del régimen contributivo, con $347.000 millones, y en el segundo puesto se encuentran las del régimen subsidiado, con $196.000 millones. El tercer lugar corresponde al Estado, con facturas sin pagar por $146.000 millones en Bogotá.

Para Eliana Padilla, quien pidio que se le cambiara el nombre, el límite fueron tres meses, tiempo en el que no ha devengado sueldo porque el Hospital Universitario Clínica San Rafael, de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, no se lo paga. Los ahorros no le alcanzaron para pagar la mensualidad del colegio de su hija, por eso quiso protestar y decidió unirse con otros compañeros para una posible renuncia masiva.

El pasado 27 de junio, los trabajadores enviaron un mensaje de alerta a la entidad: en tres días dejarían sus puestos si no se les consignaban los sueldos atrasados y el pago de cesantías, con corte de febrero de este año. Pasó la fecha y la clínica sigue operando a pesar de algunas renuncias, 90 en los últimos tres meses. Padilla no puede renunciar y optó por demandar a la clínica porque, según ella, viola su derecho a subsistir, a acceder a su mínimo vital.

Los primeros indicios de la problemática económica en la Clínica San Rafael, según dicen los trabajadores y lo confirman las directivas, empezaron hace una década. Sin embargo, sólo se supo públicamente del asunto cuando los médicos y el personal asistencial de la “Sanrafa”, como la llaman, avisaron a los medios de comunicación sobre el atraso en el pago de salarios y cesantías. Se decidieron denunciarlo porque no recibían respuesta a algunas de las cartas que enviaron meses atrás, advirtiendo de la situación al ministro del Trabajo, Rafael Pardo, al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a la Secretaría de Salud del Distrito, a la Procuraduría y a la Superintendencia de Salud.

El Juzgado 25 Penal Municipal negó el amparo a Eliana Padilla porque para la fecha tenía sólo un mes de retraso en el pago del salario. Su sueldo como enfermera, que es de casi un millón y medio de pesos, es su único sustento y también el de su mamá de 67 años y su hija, que es menor de edad.

El secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pidió a los trabajadores “un esfuerzo más”, porque más allá de lo dicho no puede hacer nada, ya que la clínica es privada y su trabajo debe concentrarse en los 11 hospitales que están en quiebra de los 22 del distrito. El atraso salarial, según algunos empleados, ya empieza a afectar la atención de la única clínica privada del sur de Bogotá que presta servicios a pacientes del régimen contributivo y, en menor proporción, a los del subsidiado. En promedio se atiende a unos 15.000 usuarios al mes, 400 hospitalizaciones y 10.000 urgencias mensuales.

Eliana Padilla toma la vocería de madres solteras y explica que “la situación es insostenible, sobre todo porque la mayoría de mujeres que trabajamos aquí somos madres solas. Los empleados no pueden echarse en sus hombros la solución de la crisis del sistema de salud. Que no nos paguen perjudica la atención porque se están suspendiendo servicios. El 28 de abril de este año, en pleno pico respiratorio, que afecta principalmente a niños, tocó sólo atender emergencias vitales porque había un solo médico”.

Las directivas de la clínica no esconden la situación financiera que atraviesa la institución y se confiesan en crisis, pero desmienten el cierre o suspensión de algún servicio porque, según ellas, tienen pignorado el 77% de la facturación mensual ($14.000 millones) para el pago exclusivo a proveedores, ya que “así aseguramos que el hospital tenga insumos con qué atender a los pacientes. El problema no es de abastecimiento, son las deudas bancarias y no bancarias”.

Augusto Palacio, director de la San Rafael, asegura que la semana pasada la clínica pudo cancelar uno de los tres meses que adeuda, pero que por ahora la plata no alcanza para cubrir simultáneamente todas las deudas. Tienen un plan de capitalización: vender activos por $60.000 millones. Palacio afirmó que se llegó a una negociación con los bancos, la cual les permitirá tener más liquidez porque, durante 18 meses, no tendrán que abonar al capital sino pagar solamente intereses.

Carlos Vicente Rada, director de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Provincia Colombiana de Nuestra Señora del Buen Consejo, organismo propietario de la Clínica San Rafael, explica que el mal momento económico de la institución “empieza cuando el sistema de salud, especialmente las EPS, faltan a los pagos. Saludcoop nos debe casi $7.000 millones, Caprecom $11.000 millones, Humana Vivir $2.000 millones. También nos deben Saludcondor y Ecoopsos”. Asimismo acepta que la crisis se agudizó por ciertos casos de corrupción y cuenta que un exdirector del hospital, Luis Eduardo Moreno, quien quiso destapar el problema, fue víctima de dos atentados contra su vida.

El remedio a la crisis

La Clínica San Rafael asegura tener la solución a su problemática financiera vendiendo unos predios avaluados en $60.000 millones. La operación depende, según sus directivas, de que cancele a como dé lugar su deuda más alta, la que tiene con Factor Group, una compañía que en marzo de este año empezó su proceso de liquidación pues el Estado pretende garantizarle a 200 personas la posible devolución de $130.000 millones que fueron captados ilegalmente por esta firma.

Por esta deuda, según Rada, el hospital paga mensualmente $700 millones en intereses y abono de capital a Corredores Asociados, compañía a la que Factor Group vendió sus derechos del fidecomiso. La San Rafael ve en la intervención, y ahora en la liquidación de la firma, la oportunidad para prepagar, en mayo de 2013, la deuda que, según sus cuentas, asciende a $36.000 millones, pero que Corredores Asociados asegura que es mayor ($42.000 millones).

El negocio entre la San Rafael y Factor Group se remonta al año 2010, cuando el hospital envió las primeras señales de auxilio al sector financiero porque necesitaba liquidez para pagarles a sus proveedores. Según Palacio, como no se logró el apoyo del sector bancario, el hospital empezó a hacer créditos con entidades no bancarias a intereses “casi de usura”. Factor Group es una de esas entidades no bancarias que, Palacio afirma, les otorgó un multimillonario crédito. La clínica advierte que recibió con sorpresa la intervención de la firma, pero que “en ese negocio no hay ninguna irregularidad, que son acreedores y que están respondiendo por la acreencia a Corredores Asociados”.

Alejandro Reboyo, liquidador de cartera colectiva de Factor Futuro, en la que tuvieron relación las dos firmas, dice estar abierto a negociar y aclaró que el negocio no se trató de ningún crédito. “La Orden Hospitalaria Juan de Dios, a través de una fiducia, dispuso tres contratos con ese mismo número de EPS, con el fin de venderle a Factor Group los flujos futuros de esos contratos y así pagarles a los proveedores. Mensualmente entran al fidecomiso el pago de las EPS y primero se les paga a quienes compraron esos flujos (más de 1.100 familias participaron) y después la clínica paga a sus proveedores. No fue un crédito”, como lo ha expresado la Clínica San Rafael.

El dinero entregado por Factor Group, de acuerdo a lo explicado por la clínica, permitió la creación de una figura llamada Central de Compras, que fue estructurada por la firma LTI Colombiana S.A. Allí llegan los recursos que están pignorados y se efectúa el pago al 93% de los proveedores, quienes están obligados a efectuar descuentos.

Todavía hay otra cuenta que preocupa a las directivas de la clínica y es una deuda por $5.000 millones que tiene el hospital con el otro 7% de los proveedores por fuera de la Central de Compras. No hay cómo pagarla. La esperanza está en el cierre de un negocio con un banco, que podría generar liquidez por $6.500 millones.

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