Es delegado de la Agencia para la Reincorporación

¿A qué iba “El Águila” a la Gobernación de Cundinamarca?

Aunque pertenecía al Consejo Departamental de Paz, este organismo no se ha reunido desde su instalación. Dicen que posiblemente, como abogado, atendía clientes en la plazoleta. Un gestor de paz, con truculento pasado.

Luis Eduardo Cifuentes Galindo, excomandante de las AUC, es el segundo de izquierda a derecha.

Luis Eduardo Cifuentes Galindo, de 58 años, quien fue conocido con el alias de El Águila mientras fue comandante de las Auc en Cundinamarca, tiene un truculento pasado que incluye homicidio, reclutamiento ilícito, tortura, acceso sexual violento, hurto, secuestro y desplazamiento forzado. Sin embargo, gracias al proceso de paz con las autodefensas, se puso al día con la justicia y, tras pagar una condena alternativa, quedó en libertad el año pasado, lo que le abrió la posibilidad de convertirse en asesor de paz en el departamento que azotó por casi 20 años.

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Supuestamente, contra él iba dirigido el ataque registrado la semana pasada en la plazoleta de la Gobernación de Cundinamarca, cuando un pistolero mató por error a Luis Carlos Castillo Amaya, funcionario de la Secretaría de Hacienda. Lo único que compartía la víctima con el exjefe paramilitar era la similitud de un vistoso bigote. Al menos esa fue la versión que entregó el asesino, Amaury García, quien en la actualidad tiene en su prontuario haber sido jefe de sicarios de Los Urabeños, en Córdoba.

Sin embargo, siguen rondando las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ingresó el asesino el arma a la dependencia oficial? ¿qué labor estaba desempeñando Cifuentes Galindo en la Gobernación? Por ahora, los investigadores trabajan en tratar de descifrar quién ayudó al sicario. En cuanto a Cifuentes, su vínculo con la administración era ser miembro del Consejo Departamental de Paz, en representación de los reinsertados, designado por la Agencia para la Reincorporación (ARN). No obstante, este organismo solo se reunió en mayo para su instalación. Desde entonces no ha vuelto a sesionar.

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Roberto Moya, gerente de la Agencia de Cundinamarca para la Paz, reconoció no tener claridad si Cifuentes se encontraba el día del crimen en la Gobernación, ni qué podría estar haciendo actualmente. “A la Gobernación puede entrar cualquiera, pero no es cierto que estuviera asistiendo periódicamente a reuniones con el Consejo de Paz. Él solo vino a la instalación. ¿Por qué dicen que venía constantemente a la Gobernación? Eso no lo sé. Tampoco sabemos qué hacen los consejeros el resto del tiempo. ”.

En medio de la confusión, ha trascendido una versión que apunta a que Cifuentes Galindo, quien estudió Derecho mientras estuvo en La Picota (aunque no tiene tarjeta profesional), supuestamente había tomado la plazoleta de la Gobernación como espacio para adelantar reuniones y por eso era común verlo con cierta frecuencia en las instalaciones de la administración departamental.

De lo poco que se conoce sobre sus visitas programadas a la Gobernación es que por esos días lo habían invitado a una entrevista periodística para hablar de su proceso de reinserción y de su papel en el Consejo Departamental de Paz, como antesala a la Semana por la Paz. Según estableció este diario, Cifuentes habría aceptado ir, con la expresa condición de no hablar de política. Sin embargo, la entrevista se canceló. Al día siguiente ocurrió el atentado.

¿Quién es ‘El Águila’?

Las razones para asesinar al exjefe paramilitar y quiénes podrían estar detrás del plan son materia de investigación. Sin embargo, por su larga trayectoria en el mundo de la ilegalidad y por la barbarie de sus crímenes (de los cuales dice estar arrepentido), no sorprende que tenga muchos enemigos. Cifuentes Galindo, hijo de Jorge Enrique y Edivides, nació el 16 de marzo de 1960 en el municipio de Yacopí (Cundinamarca) y, paradójicamente, inicialmente hizo parte de las Juventudes Comunistas.

Luego, en 1986 fue obligado a ingresar a las autodefensas por orden del desaparecido jefe paramilitar Henry Pérez; y recibió entrenamiento en la escuela militar La 50, ubicada en Puerto Boyacá y financiada por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Alli mismo tomó el curso de explosivos que dictó el mercenario israelí Yair Klein, todo antes de fundar las Auc de Yacopí, organización que financió con el robo de gasolina del poliducto Puerto Salgar-Mancilla y de la extorsión. Su grupo tuvo nutrida presencia en los municipios de Pacho, Zipaquirá, Topaipí, Caparrapí, Yacopí y La Palma.

Estando en la clandestinidad, fue condenado en 2001 por el juzgado especializado de Manizales a 40 años de prisión, por un asesinato en Caldas. Luego fue procesado en 2002 por hurto, en La Palma (Cundinamarca). En diciembre de 2004 se desmovilizó en su municipio natal. De acuerdo con la justicia, rindió versión libre en 45 sesiones, entre el 25 de febrero de 2007 y febrero de 2014. Se le atribuyeron casi 400 delitos y se le contabilizaron alrededor de 500 víctimas. Cifuentes admitió 114 hechos de desplazamiento forzado, seis de reclutamiento ilícito y 97 homicidios selectivos, que dejaron 282 víctimas.

Finalmente fue condenado en 2014 a una pena alternativa de ochos años (sentencia ratificada en noviembre del año pasado por la Corte Suprema). En ese fallo se conocieron detalles de cómo torturaba y asesinaba a sus víctimas, como desmembrarlas con sierras eléctricas; lanzarlas vivas, desnudas y atadas de pies y manos a campos llenos de hormigas; quemarlas con ácido o atacarlas con descargas eléctricas. Como ejemplo está el asesinato de Wilton Ávila, hallado con signos de canibalismo, o el de Miriam Torres, a quien apuñalaron en sus órganos sexuales, violaron y enterraron en zona rural de La Palma, porque, según los paramilitares, “tenía amores con un guerrillero”.

Aunque en 2014 estuvo cerca de recobrar la libertad, un juez le impuso una nueva medida de aseguramiento luego de que la Fiscalía señaló tener indicios de que, a pesar de estar sometido a justicia y paz, estaría involucrado en el secuestro y posterior asesinato del joven universitario Humberto Sarmiento Villate, en Yacopí. En su momento se dijo que Cifuentes planeó, financió y ejecutó el secuestro para solicitarle a la familia $5.000 millones por su liberación. Los autores materiales habrían recibido $80 millones. Sin embargo, por este caso, aunque uno de los procesados aceptó cargos, contra el exjefe paramilitar no se conoce condena.

Hace un año, el Juzgado de Ejecución de Penas de Bogotá expidió un auto rehabilitando sus derechos y funciones públicas, por pena cumplida en Justicia y Paz. El pasado 30 de abril, el Juzgado Penal del circuito con funciones de ejecución de justicia y paz de Bogotá, le concedió la libertad condicional, lo que le permitió de inmediato convertirse en el delegado de los reinsertados ante el Consejo de Paz de Cundinamarca.

El Espectador intentó dialogar con Cifuentes Galindo para conocer su versión, pero se limitó a decir que por ahora no está interesado en dar entrevistas hasta no aclarar una serie de situaciones. “Esperemos a que la Fiscalía aclare todo esto. Por ahora, no tengo ninguna información”. Hoy, por la versión del sicario detenido tras el asesinato de un inocente, se sabe que a Cifuentes lo buscan para matarlo. Lo que todavía no es claro es saber si lo buscan por sus acciones como exjefe paramilitar o por algún caso que la justicia debe esclarecer.