A un día de haberse aprobado en el Concejo de Bogotá el proyecto que propone libre acceso al Transmilenio y SITP para los uniformados del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, el alcalde Enrique Peñalosa manifestó que la medida no es sostenible financieramente. El mandatario no ha firmado el acuerdo, pero en caso objetarlo, el camino será largo.
Hasta el momento, las declaraciones entregadas por Peñalosa muestran escepticismo hacia la medida. Su principal queja es que el Concejo no presentó un plan en el que se especifique cómo se va a cubrir el hueco financiero que se produciría si Transmilenio deja de recibir el dinero por los pasajes de los uniformados que no pagan su pasaje.
Cabe recordar que, según un estudio de evasión de la Universidad Nacional, el sistema está dejando de recibir aproximadamente $222.000 milllones al año por colados.
"Cuando saquen este tipo de normas, que nos digan cómo podemos financiarlas. Qué impuesto subir o qué otro gasto recortar", expresó el mandatario explicando que al asumir gastos que aparentemente no son muy representativos se van generando unos costos que después son difíciles de controlar.
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En caso de que el mandatario sancione el acuerdo, el proyecto pasa a la Secretaría del Concejo y se aplica. No obstante, si Peñalosa decide objetarlo, el acuerdo sería devuelto al cabildo para que una comisión accidental (conformada por tres concejales) revise punto por punto los reparos que hizo el alcalde.
Posteriormente, la plenaria (los 45 cabildantes) decide si las contestaciones del alcalde son aceptables, o no. Si los concejales determinan que Peñalosa tiene razón, el proyecto se hundiría. Pero si consideran lo contrario iniciaría un conflicto de competencias.
En esas condiciones, entraría en juego el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, instancia que tendría la última palabra sobre el acuerdo. En caso de que estuviera a favor de las objeciones del alcalde, el proceso se archiva. Pero si le da la razón al concejo, Peñalosa estaría obligado a sancionar el acuerdo.
El acuerdo
El proyecto consiste en que los uniformados del Ejército, Fuerza Aérea y Armada entren al Transmilenio y a buses del SITP sin pagar. Según el Concejo, esto tiene como principal fin: que la presencia de ellos dé más seguridad en el transporte público y que sea un incentivo en forma de agradecimiento por su labor.
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Sin embargo, esta iniciativa, que fue propuesta por el concejal Daniel Palacios, tuvo detractores desde el primer debate. Uno de ellos, y quizá el principal oponente, fue el cabildante José David Castellanos quien cuestionó el hecho de que no se tuviera claridad de cuántos uniformados ingresarían al sistema y cuánto le costaría esta medida al Distrito. Agregó que el ingreso y tránsito de estas personas en Transmilenio tampoco garantizarían seguridad.
“Serían 7.000 millones que la Secretaría de Seguridad podría sacar de su presupuesto", indicó Palacios sobre cómo se cubriría el impacto económico de la medida. Añadió que este proyecto es "una oportunidad que la Alcaldía debería aprovechar".
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