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hace 14 horas

'Queremos construir una Bogotá para las víctimas': Peñalosa

Recientemente, el Distrito anunció que invertirá $1,6 billones para el posconflicto y que el núcleo de su propuesta para atender a esta población es la inclusión productiva.

AFP

Se estima que después de Antioquia, Bogotá es la segunda región con más víctimas declaradas: 644.870 se contaban solo hasta abril pasado. Por ello, de cara al posconflicto y a la implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre Gobierno y Farc, la Administración Distrital se plantea la construcción de una ciudad donde los afectados por el conflicto encuentren oportunidades de paz, empleo y educación.

Así lo manifestó el alcalde Enrique Peñalosa, quien –en el marco del foro ‘La paz y los comunales en Bogotá’, adelantado en la Universidad Externado– aseguró que su Administración está comprometida con las víctimas del conflicto armado y garantizará su inclusión en diferentes ámbitos de la sociedad.

“Nuestro reto en la Alcaldía es claro: queremos construir una Bogotá para las víctimas, una ciudad donde las nuevas generaciones puedan crecer en entornos seguros, donde se garantice su integridad y el goce efectivo de sus derechos. La firma de la paz es solo un comienzo, la paz sólida se construye con una democracia (…) Buscamos garantizar los derechos de las víctimas, queremos que recuperen su rol de ciudadanos y que sientan que esta ciudad también es de ellos”, manifestó el mandatario.

Durante el foro, que contó con la participación de líderes comunales y miembros del alto gobierno nacional como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se abordó el papel de la organización ciudadana para la construcción de paz.

En Bogotá hay 660.000 víctimas del conflicto armado que, cargando con sus pocas pertenencias, tuvieron que abandonar sus tierras. Parte del Sumapaz estaba en el corazón de la guerra, la ciudad nunca ha sido ajena a la violencia”, agregó el alcalde.

En agosto pasado, Ángela Anzola, alta consejera para los derechos de las víctimas, reveló que el Distrito invertirá $1,6 billones para el posconflicto y reafirmó su interés en que esta población encuentre salidas lejos de la informalidad. (Lea: “En Bogotá trabajaremos en localidades con más exguerrilleros y afectados por el conflicto”: consejera de víctimas)

La funcionaria sostuvo que el núcleo de su propuesta es la inclusión productiva de las víctimas y que para combatir la informalidad, se propone capacitación técnica en el Sena y reactivar los proyectos de emprendimiento que se cayeron en la administración pasada, usando máquinas de coser y computadores que reposan en bodegas del Instituto para la Economía Social (IPES).

Aunque hay estrategias definidas, no hay claridad sobre cómo funcionarán algunas. Sólo en los próximos meses, sostiene el Distrito, se consolidarán.

“Aún estamos consolidando las actividades (…) La idea es trabajar en las 12 localidades donde hay más exguerrilleros y afectados por el conflicto. Entre esas localidades están Sumapaz y Usme, las más rurales y las que más sufrieron los embates del conflicto. Apoyaremos el punto uno del acuerdo con desarrollo en el campo y laboratorios de paz financiados entre las secretarías de Integración Social, Cultura y Educación, y fundaciones privadas”, manifestó Anzola.

No obstante, en junio pasado, la Mesa Distrital de Víctimas de Bogotá aseguró: “El Distrito nos tiene a punta de buenas intenciones”. La organización, que durante el debate del Plan de Desarrollo criticó la supuesta negligencia de la Alcaldía y de algunos concejales para incluir sus propuestas, sostiene que el documento no estableció metas claras para su atención ni tasó un presupuesto para cada uno de los puntos que más les preocupan: acceso gratuito a vivienda, empleo y garantías para su participación política. (Lea: Las inquietudes de las víctimas frente al Plan de Desarrollo de Peñalosa)

La relación entre el Distrito y los representantes de las víctimas pasó por su peor momento en julio pasado luego de que la Mesa Distrital de Víctimas se retirara de las reuniones en las que se construía el Plan de Acción Distrital (PAD), documento clave que define el camino que seguirá la administración para atender a esta población. Según ellos, por falta de garantías para su participación. 

De acuerdo con la ley, en el PAD se definen los proyectos de inversión que ejecutará la administración de turno y se debe construir con los líderes de las víctimas. Sin embargo, en Bogotá no fue así. Tras seis intentos fallidos para llegar a un acuerdo, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, con Ángela Anzola a la cabeza, decidió estructurar la propuesta por su cuenta. (Lea: A pesar de las denuncias de las víctimas, fue aprobado el Plan de Acción Distrital)

Fueron dos diferencias las que rompieron la relación entre los afectados por el conflicto y el Distrito. La primera fue la discusión por la periodicidad de las sesiones del comité de víctimas, conformado por 144 delegados, distribuidos en una mesa distrital, 14 mesas locales y tres mesas autónomas (mujeres, indígenas y afrodescendientes). Mientras los líderes proponían cuatro reuniones al mes y, apoyados en la ley pedían una compensación de $34.000 por sesión a cada delegado, el Distrito propuso un encuentro cada dos meses.

La segunda fue el transporte para asistir a los encuentros. Mientras los líderes pedían $20.000 por sesión a cada delegado para llegar en taxi (alegando condiciones de seguridad), el Distrito les ofreció $18.000 mensuales para desplazarse en SITP.

Esto tiene una implicación: como la Alta Consejería elaboró por su cuenta el PAD, las víctimas señalan que no se incluyeron sus propuestas para fijar las metas en los temas que más les preocupan: acceso a vivienda, empleo y atención psicológica.

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