¿Quién responde por la muerte de la niña que cayó en una alcantarilla?

Un abogado demandó en 2005 al Distrito por el peligro que representan las alcantarillas destapadas. Su caso fue archivado en 2010.

Briggit Ramírez , madre de Michel Dayana Barrera, durante el velorio de su hija. / David Campuzano - El Espectador

“Si hubiesen puesto la alcantarilla la niña no habría muerto”. Esto es todo lo que tiene que decir Briggit Ramírez, madre de Michel Dayana Barrera, la niña de dos años que cayó en una alcantarilla de la avenida Jiménez con carrera 9ª este sábado. Está claro que su familia demandará al Distrito: “Esa tapa no existía desde hace tiempo. No es que se la hayan robado el día anterior. Por eso, aunque la Alcaldía no me puede devolver a mi nieta, sí tiene que responder y evitar que esto vuelva a suceder”, dice Margarita Ramírez, abuela de la niña.

¿Qué tan fácil resultará demandar al Distrito? ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso? Esto aún no lo saben los familiares de Michel Dayana Barrera. Por ahora, dicen, “tomaremos los días necesarios de duelo”. Sin embargo, este diario conoció el caso de un abogado que en 2005 instauró una acción popular en contra de la Alcaldía Mayor y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) reclamando la “protección de los derechos colectivos y el goce del espacio público”.

Su nombre es Jaime Hernán Ramírez Gasca. Dice que desde que vio la foto de un hombre hundido en una alcantarilla empezó a buscar respuestas en la Alcaldía y en la Empresa de Acueducto. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca archivó la acción popular que él interpuso en 2006.

En julio de 2010 el Consejo de Estado emitió un fallo en el que se recoge la disputa entre Ramírez Gasca y la EAAB. Primero, el abogado dijo que había un “riesgo inminente para los peatones y vehículos que transitan zonas en donde existen alcantarillas destapadas”. Por eso le pidió al Distrito que realizara un “mantenimiento sobre las alcantarillas sin tapa” y solicitó, además, que “se instalen señales preventivas del riesgo”.

En ese entonces, la Alcaldía respondió “ que los hechos plasmados en la demanda son una apreciación subjetiva del actor, ya que no se les puede endilgar a las entidades que prestan servicios públicos ni al Distrito Capital los hechos de delincuencia acaecidos en la ciudad con respecto al hurto de las tapas de alcantarilla”. Hoy, cuando se sabe que murió una niña de dos años en estas circunstancias, Ramírez se pregunta si el Distrito “ sigue manteniendo esa postura”.

La administración distrital se defendió, además, con los contratos de prestación de servicios que suscribió la Empresa de Acueducto con compañías como Gaona Currea Servicios Administrativos Ltda., encargada “de diagnosticar y verificar reclamos para el mantenimiento y operación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado”. La EAAB entregó otros siete contratos más que soportaban que el Distrito “ha realizado las labores necesarias para evitar que las alcantarillas y los sumideros se encuentren sin tapa y así evitar peligros que puedan ocasionarse a los habitantes de la ciudad”.

De ese modo aparece, por ejemplo, que la Empresa Manufacturas de Cemento S.A. suministró durante 2006 “marcos, rejillas y vigas para sumideros convencionales y transversales en concreto y placas circulares de concreto reforzado”.

Dice entonces el Consejo de Estado, negando en última instancia la acción popular de Ramírez, que las “actuaciones de terceros no pueden ser controladas integralmente por parte de la entidad (la EAAB), sino que se requiere de la colaboración eficaz de otras autoridades”. Hoy, el abogado espera que este fallo del Consejo de Estado sea revisado por la Corte Constitucional.

Sin embargo, Francisco Castiblanco, director operativo del Acueducto, se adelantó a una posible demanda y dijo que la entidad ha invertido $1.000 millones para reponer 2.800 alcantarillas destapadas en la ciudad. Además dijo que antes, en la época en la que Ramírez radicó la acción popular, “se robaban casi 8.000 tapas al año. Con los materiales no reciclables que se instauraron en 2008, hubo una reducción significativa”.

Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que la niña murió por asfixia, además de presentar un trauma craneoencefálico. ¿Quién responde por esta muerte?.

Un delito costoso

A raíz de la muerte de Michel Dayana Barrera, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco) informó que en el último año han sido robadas 1.200 tapas de alcantarillas en la ciudad, incluyendo las de Codensa, ETB y Gas Natural. Además, “el robo de tapas en Colombia genera pérdidas cercanas a los $4.000 millones. L as pérdidas por el hurto de infraestructura ( que incluye tapas, cable de cobre, medidores, tubería de cobre) en nuestro país alcanzan cifras cercanas a $42.000 millones” dice la entidad. Adicionalmente, Andesco señaló que “ las empresas se encuentran haciendo planes piloto para realizar la conversión de las tapas para que no sean atractivas para los criminales”. Algo que, valga la pena recordarlo, ya se intentó con materiales no reciclables.

 

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