Quieren eliminar la Veeduría Distrital

En la elaboración de las ponencias para reformar el estatuto orgánico se incluirá la iniciativa, para dar paso a una especie de superintendencia distrital. Las alcaldías locales dependerían de una nueva secretaría.

La corrupción alrededor de la contratación de malla vial en las localidades abrió el debate de reformar el estatuto. / Archivo.

Las denuncias de corrupción alrededor de la contratación de las alcaldías locales fueron a mediados del año pasado la excusa para reabrir el debate sobre la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico de Bogotá, el cual fija la organización política, fiscal, administrativa y territorial del Distrito. Los concejales Miguel Uribe Turbay y Clara Lucía Sandoval hablaron de crear una comisión con el fin de presentar una propuesta ante el Congreso, para cambiar el funcionamiento, competencias y responsabilidades de las alcaldías locales, “ajustar los mecanismos de control y para que la asignación de recursos de los fondos locales sea eficiente y transparente”, dijeron.

La idea caló y la apoyó el Distrito, que a través del subsecretario de Asuntos Locales, José Cuesta, propuso la creación de un escenario de discusión para analizar los cambios. Tras ocho meses de discusiones, el proyecto de ley ya se radicó en la Cámara de Representantes y a mediados de marzo presentarán las ponencias que se someterán a discusión. Paradójicamente, en lo grueso de la reforma no estará la idea de regular la facultad de contratación de los alcaldes locales, sino la de eliminar un ente de control: la Veeduría Distrital.

Para reemplazar esta entidad, creada en 1993 para “promover la transparencia y prevenir la corrupción en la gestión pública distrital, a través del control preventivo”, los congresistas quieren crear una nueva entidad que consideran más necesaria: una especie de superintendencia distrital. Aunque no tiene nombre, sería una ventanilla única de inspección, vigilancia y control que asumiría las funciones de las secretarías frente a la atención de las quejas ciudadanas.

Por ejemplo, la labor de la Secretaría de Salud de sancionar a hospitales (siendo juez y parte), la asumiría esta nueva entidad, a la cual llegarían los funcionarios que trabajan en la Veeduría. Según el proyecto, tendría poder para sancionar, suspender y cerrar establecimientos, entre otros casos. Funcionaría como primera instancia y la segunda estaría a cargo de la Secretaría General del Distrito.

“La discusión es simple. La Veeduría se creó en 1993 para sugerir y recomendar, nada más. Es decir, no tiene poder. Cuando se crea el Sistema General de Calidad, todo lo que hace esta institución queda obsoleto, porque lo ejercen otros organismos, que sí tienen poder de sancionar, como la Personería. Aunque algunos creen que es mejor tener más ojos vigilando, podría servir si pudiera hacer algo. Tenerla o no tenerla da lo mismo. Si no la tenemos, el Distrito se ahorra $17.000 millones al año, que se podrían invertir en otra entidad con funciones que realmente necesita el Distrito”, dijo la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez.

Frente a esto, Adriana Córdoba, veedora distrital, piensa que lo relevante en el debate es que la ciudad reflexione frente a los distintos tipos de control y su articulación y qué se debe priorizar en virtud del modelo de ciudad: el control preventivo o el control posterior. “Hoy, el Distrito Capital destina once veces más recurso humano y seis veces más presupuesto en castigar la corrupción que en prevenirla”.

“Eliminar la Veeduría sería retroceder en términos de control preventivo para Bogotá, ciudad que es la única del país que posee un ente de control preventivo. El debate debería tener un carácter más estructural y revisar en su conjunto a todos los controles institucionales (Contraloría, Personería y Veeduría) para el momento y con las circunstancias actuales. Sólo a partir del análisis se puede definir dónde hay que fortalecer y, por supuesto, qué ajustar o eliminar”.

Alcaldías locales

Además de este cambio en la estructuración de las ponencias para la reforma, existen otros igualmente importantes. Por ejemplo, los representantes a la Cámara pretenden crear una nueva unidad administrativa de asuntos locales, que agruparía a todas las alcaldías locales, y una nueva propuesta de división territorial en la capital que fusionaría las localidades con menos de 200.000 habitantes y dividiría las más grandes.

Para justificar la creación de una nueva secretaría para asuntos locales, la congresista Velásquez señala que hoy las alcaldías locales no existen jurídicamente, a pesar de tener la posibilidad de contratar. Además, según el estudio previo al proyecto, las alcaldías locales tienen 151 funciones, de las cuales el 85% son de vigilancia y control, pero no tienen suficiente personal ni respaldo y eso conlleva a que no exista un control efectivo, razón que motiva los cambios.

“Hoy son una dependencia de la Secretaría de Gobierno y a pesar de que en el Estatuto Orgánico están definidos tres sectores como el central, el descentralizado y el de localidades, este último no se ha desarrollado. Eso es lo que queremos, una nueva entidad independiente. Sería una unidad administrativa con un gerente. Y no crearíamos más cargos, sino trasladar a una estructura independiente, que responda por el desarrollo territorial y de las localidades”.

Finalmente, frente a la contratación, que fue lo que abrió el debate para reformar el estatuto, los congresistas consideran que ya existen las leyes de contratación estatal y que la corrupción podría evitarse eligiendo mejores funcionarios, estandarizando procesos, limitar los porcentajes de contratación directa y generar más denuncia de la comunidad. “Los alcaldes tienen que cumplir unos procesos y costos estandarizados, con lo que se eliminaría la corrupción. Además, con la creación de una Unidad Administrativa para las localidades tendremos a un gerente que regule y sepa de contratación”, agregó Velásquez.

Los criterios para elegir a los encargados de las nuevas entidades que se crearían en el Distrito, como parte de esa reorganización, aún están en estructuración. “El tema ya está sobre la mesa, ahora falta terminar las ponencias, para definir los detalles de los nuevos cambios que tendría el Estatuto Orgánico de Bogotá. En el caso de la ventanilla única estamos mirando cuál sería el mecanismo. Lo único claro es que debe ser un gerente incorruptible”, concluyó la congresista.