En el Gobierno de Gustavo Petro

Rafael Rodríguez Zambrano, exsecretario de Movilidad, fue enviado a La Picota

Rafael Rodríguez Zambrano y su asesor, Alexander Rincón Endes, son investigados por las presuntas irregularidades en la prórroga de un contrato suscrito con el Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad. Abogados de los exfuncionarios apelaron la decisión.

El convenio que la Fiscalía investiga fue celebrado entre el Distrito y el Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM).iStock

El exsecretario de Movilidad, Rafael Rodríguez Zambrano, y su asesor, Alexander Rincón Endes, fueron enviados a la cárcel La Picota por orden del juez 40 de garantías de Bogotá. Según el funcionario judicial, los exfuncionarios representan un peligro para la comunidad y podrían representar un riesgo de obstrucción a la justicia frente a las investigaciones que actualmente viene realizando la Fiscalía por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.

Rodríguez Zambrano es investigado por las supuestas irregularidades en la prórroga de un contrato para construir una bodega de almacenamiento y documentación, sumado a la adecuación de otra –que habrían demandado recursos por $28 mil millones–. El exsecretario, quien se desempeñó un año en ese cargo durante la administración de Gustavo Petro, fue capturado el pasado jueves y en la audiencia de imputación de cargos se declaró inocente.

La ampliación del contrato y la posterior modificación en su objeto, dice el organismo investigativo, habría sido injustificada y no tuvo el aval de la interventoría. A ello se suma que las obras civiles que, al parecer, no estaban contempladas ni avaladas dentro del acuerdo original. Tal convenio fue celebrado entre el Distrito y el Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM).

Por estos mismos hechos, también es señalado Rincón Endes, quién se desempeñó como exasesor de la entidad entre mayo de 2013 y junio 2014. En la diligencia judicial, el exasesor tampoco aceptó los cargos imputados. Entre otras inconsistencias, la Fiscalía dice que en ese contrato no se habría permitido la participación libre de oferentes y, por el contrario, se habría sido favorecido el actual consorcio con una prórroga por seis años más, faltando un año para la terminación del contrato.

Asimismo, la Fiscalía denuncia un otrosí al contrato realizado en 2014, de habilitar al consorcio para realizar otras actividades como obras civiles y modificaciones a las cláusulas que permitieron, supuestamente, disminuir la sanción al contratista del 2% al 1% del ingreso bruto. “Los cambios, adiciones y prórrogas al contrato no fueron publicados oportunamente al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)”, dice el ente investigador.