Las razones detrás de toma de instalaciones de la Defensoría en Bogotá

El sistema de atención ciudadana colapsó por el bloqueo de los campesinos del Catatumbo.

Cerca de cuarenta hombres impedían la entrada al Centro de Atención de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá. Llevaban camisetas azules que decían Guardia Campesina del Catatumbo, bastones de madera con la bandera de Colombia y un machete pequeño enfundado que tenía cuatro chaquiras, una por cada muerto que pusieron en el paro agrario campesino de 2013. El mismo que el presidente Juan Manuel Santos dijo que no existía, pocos días antes de que llegara y paralizara la capital, luego de bloquear las principales carreteras del país. 
 
“No hay entrada”, un guardia campesino le cerró el paso a una mujer que venía, como tantos otros, a pedir ayuda en esta entidad. Este jueves, a las 8:00 a.m., siete buses con 250 personas llegaron a la Defensoría del Pueblo, venían de Norte de Santander, a 20 horas de viaje por carretera. Según la Defensoría del Pueblo, entraron a la fuerza y se tomaron las instalaciones, algunos ingresaron, otros se quedaron restringiendo la entrada. El sistema de atención ciudadana colapsó. “No queremos irnos a un paro nuevamente pero el Gobierno no ha cumplido los acuerdos”, dijo Olga Quintero, vocera de La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y de la Cumbre Nacional Agraria.
 
A comienzos de diciembre de 2014, en el Catatumbo (Norte de Santander) se realizó lo que las organizaciones campesinas denominaron La Constituyente por la paz del Catatumbo. Se reunieron porque llevaba suspendida once meses la mesa de diálogo con el Gobierno y buscaban sacar adelante los acuerdos a los que llegaron en el 2013. Al final, decidieron que si el Gobierno no atendía su llamado iban a recoger firmas en una carta abierta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, y emprenderían acciones escalonadas antes de un nuevo paro nacional agropecuario. Ya recogieron la firma de 12.000 campesinos, ya redactaron la carta abierta que entregarán este viernes a Santos, ya realizaron la primera “acción escalonada” con la toma de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo.
 
En esa suma de acontecimientos, a la espera de una respuesta del Gobierno, está la convocatoria o no de un nuevo paro nacional agrario. El último, con un multitudinario apoyo social y estudiantil frente a los legítimos reclamos de los campesinos por la ausencia estatal que por décadas han tenido en su territorio, desembocó en episodios de violencia, saqueos, y la militarización de Bogotá con un saldo de cuatro muertos, más de 300 heridos y 512 detenidos. 
 
Hace tres semanas se realizó la última reunión de seguimiento de los seis acuerdos entre el Gobierno y los campesinos, y según ellos habría un incumplimiento del 80% de lo pactado. El 20%, asegura Quintero, vocera también de la Cumbre Nacional Agraria, es la reparación de 400 familias que erradicaron manualmente sus cultivos de coca en 2013 y siete máquinas pesadas para arreglar carreteras, que el Ejecutivo entregó en Navarra (Norte de Santander), hace dos meses. Las peticiones principales ya las conoce el Gobierno: la constitución de una Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo, una figura legal que permite la pequeña propiedad rural en tierras de colonos que fueron baldías; la sustitución gradual de cultivos ilícitos por otros legales con apoyo estatal y la liberación de cuatro campesinos que fueron apresados después del paro agrario de 2013, dos de ellos condenados, uno a 12 años recientemente. 
 
En su aterrizaje forzoso a Bogotá, los campesinos del Catatumbo lograron que el defensor Jorge Armando Otálora les sirva de puente para reunirse con el fiscal Eduardo Montealegre, con el presidente de la Corte Constitucional, con el presidente del Congreso, con los ministros de Justicia, Agricultura y Ambiente y hasta con el Presidente de la República. Mientras eso ocurre, acamparan el tiempo que sea necesario, aunque no será en la Plaza de Bolívar como desean porque el Distrito tiene otros eventos. Quien crea que las protestas de los campesinos del Catatumbo son pequeñas y aisladas subestima el trasfondo político que existe detrás de ellas: en medio de un año electoral y un proceso de paz con las Farc que por estos días está lleno de tensiones.