Reciclaje tipo Petro, ¿modelo nacional?

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Magistrados estudiarán modelos que garanticen lo logrado en Bogotá. Su decisión puede influir sobre el marco tarifario nacional.

Por segunda vez la Corte Constitucional respalda la política de la alcaldía de Gustavo Petro en favor de los recicladores. En un auto del pasado jueves, el alto tribunal considera que “es ineludible la intervención de múltiples entidades públicas” para garantizar que se mantenga lo logrado hasta ahora. Además abre el camino para que pueda aplicarse, en un futuro, en otras ciudades.

Los magistrados suspendieron el plazo de seis meses que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le había dado al Distrito para que regularizara el servicio de aseo en la ciudad, pues desde 2012 opera un modelo transitorio implementado por Petro. Esa regularización significaba adjudicar una licitación que les otorgue a unos operadores una concesión para que presten el servicio en ciertas zonas. El plazo que la SIC le dio al Distrito para cumplir ese mandato se vencía hoy, pero la Corte decidió suspenderlo, como medida cautelar, para garantizar los derechos de los recicladores. La razón es que, según la Alcaldía, tal y como está la normatividad vigente, estructurar y adjudicar una licitación que, por orden de la Corte debe incluir a esa población en el modelo de recolección de basuras, antes que beneficiarla le quitaría lo ganado.

La administración Petro siempre ha considerado que el marco regulatorio que rige el servicio de aseo no favorece la inclusión de los recicladores. Ese marco lo formula la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para todo el país, entidad que publicó el pasado 10 de marzo un proyecto del que pretende sea el nuevo marco regulatorio. Según le dijo a El Espectador su presidente, Julio César Aguilera, aunque no sólo podían basarse en las sugerencias de Bogotá, las tuvieron en cuenta prácticamente todas.

Puso como ejemplo que la propuesta considera descuentos del 4% para quienes separen en sus casas los residuos reciclables de los no reciclables, algo que facilita la labor y el pago a los recicladores. Nohra Padilla, líder de esa población, considera que el avance de la propuesta es significativo. Petro, sin embargo, insistió la semana pasada ante la Corte que “la propuesta de la CRA no recoge los beneficios ambientales que generan los recicladores”, pues sigue privilegiando el enterramiento de los residuos y no su aprovechamiento.

Por eso el alcalde ha avanzado en su política con ellos, al margen de la licitación, que, por ley, debe hacerse. Hasta el 31 de diciembre pasado el Distrito les había pagado $29.500 millones por su trabajo, ha registrado en una base de datos a 12.800, les ha dado cédula de ciudadanía y llegó a acuerdos con algunas organizaciones sobre la definición de rutas de recolección de reciclaje que cubren al menos el 56% de la ciudad. Avances como estos han sido reconocidos por el alto tribunal, tanto en un auto de febrero como en el más reciente, del pasado jueves 26 de marzo.

Quizás lo más llamativo de este último es que los magistrados no sólo le piden a la Alcaldía, sino también a la CRA, el Ministerio de Vivienda, la SIC y la Procuraduría, que informen en detalle “qué modelos regulatorios del servicio público domiciliario de aseo permitirían garantizar (…) el nivel ya alcanzado por las acciones afirmativas a favor de la población de recicladores implementadas por el Distrito y cuáles no”. Además solicitan que les expliquen cuáles elementos del actual marco tarifario y del proyecto de marco que está en discusión reconocen lo avanzado por la Alcaldía.

Petro tiene entonces la posibilidad de que la Corte, al entrar a dirimir las diferencias que en este sentido sostiene su administración con esas otras entidades públicas, determine que la nueva regulación del aseo deba incluir las medidas que él implementó con los recicladores. Las implicaciones serían nacionales, pues este marco regulatorio rige para ciudades con más de 5.000 suscriptores, rango en el que, además de Bogotá, están Medellín, Bucaramanga, Cali, Armenia, Manizales, Cartagena, Montería, Neiva, Pasto, Villavicencio, Valledupar y Tunja, entre otras.

La Corte, por otro lado, le ordena al Distrito ejecutar acciones para salir del esquema transitorio de aseo que rige en la ciudad desde diciembre de 2012, cuando comenzó a implementarse el modelo de Petro. Esto implicaría la estructuración de la licitación que adjudique en concesión, por un tiempo definido y con reglas de juego claras, las áreas de la ciudad en las que deben operar las empresas que resulten elegidas.

Pero esto es algo que él no ha querido hacer, precisamente, porque no comparte la regulación bajo la cual debería hacerlo. Está claro, tal como lo informó este diario el viernes pasado, que al menos en esta administración, a la que le faltan nueve meses, no habrá licitación, no sólo porque no queda tiempo y el alcalde considera que no la puede hacer en las condiciones que le parecen idóneas, sino porque él mismo aseguró que no se necesita.

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