Reclusos hacinados: el lío en los calabozos de Cundinamarca

Se levantó una mesa de diálogo entre los alcaldes municipales, la Secretaría de Gobierno, el Inpec, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

En medio de la emergencia por el COVID-19, Cundinamarca enfrenta una grave situación en las estaciones de Policía del departamento: el hacinamiento. Los 16 calabozos que existen en las estaciones de Policía habilitadas en el departamento están a tope: tienen 250 cupos, pero actualmente hay más de 700 reclusos. La Gobernación busca soluciones con los alcaldes, quienes, según la ley, son los encargados de resolver el problema.

De acuerdo con datos suministrados por la Secretaría de Gobierno a El Espectador, en total hay 731 personas en las 16 salas de Policía con calabozos, pero esta cifra varía constantemente con el paso de los días, por nuevas capturas. De esos detenidos, 70 ya están condenados. Los municipios con más reclusos son: Soacha (250 ), Facatativá (130), Girardot (96), Fusagasugá (51), Zipaquirá (50), Chía (44) y La Mesa (36). Del total de los retenidos, 653 son hombres y 78 son mujeres.

Leonardo Rojas, secretario de Gobierno del departamento, aseguró que la situación es grave. “Parte de lo que sucedió en la estación de San Mateo, en Soacha, donde varios reclusos terminaron incinerados, tiene que ver con estos problemas de hacinamiento. Es un tema que prende las alarmas, porque desde el primer día hemos venido diciendo que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debe recibirnos los detenidos (condenados) que tenemos, porque las estaciones de Policía técnicamente no están hechas para mantener reclusos”, dijo.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, el Inpec solo puede recibir personas que ya estén condenadas, mientras que los detenidos, que son sindicados, son responsabilidad de cada entidad territorial, en este caso de cada municipio del departamento.

“Lo que pasa es que los alcaldes, en el 80 %, son de cuarta y sexta categorías y no tienen cárceles. Estas estaciones de Policía, si bien es cierto que están funcionando, no están en las mejores condiciones y siempre ha sido un problema conseguir recursos para arreglar las instalaciones”, explicó Rojas.

Al respecto, el alcalde de Facatativá, Guillermo Aldana, explicó que la situación de hacinamiento es complicada. “La estación de Policía que tenemos acá es más o menos para 25 personas, máximo 30. El hacinamiento trae varios problemas, uno de ellos en este momento con el tema del COVID-19, es que aumenta exponencialmente la probabilidad de que alguien se enferme”, comentó.

De acuerdo con el mandatario municipal, en Facatativá se está preparando la construcción de una nueva estación de Policía que cuente con más capacidad en los calabozos. Sin embargo, se trata de un proyecto a largo plazo, por lo que es necesario hallar soluciones para el panorama actual.

Por ello la Secretaría de Gobierno, junto con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) crearon una mesa de diálogo con los alcaldes para establecer acuerdos, entre ellos qué hacer con los extranjeros detenidos. “Estamos en eso. Hemos hablado con Migración, porque necesitamos que nos reciba a las personas extranjeras detenidas que deben ser deportadas de manera inmediata, para ir generando cupos. Queremos que les permitan a los alcaldes de los municipios celebrar convenios con el Inpec, para que les reciban los retenidos en las cárceles nacionales”, dijo el secretario.

Según los datos de la administración departamental, hay 92 personas retenidas que son extranjeras: hay 51 en Soacha, 23 en Facatativá, siete en Zipaquirá, cinco en La Mesa, tres en Fusagasugá y otros tres en Chocontá, Villeta y Puerto Salgar.

La reunión más reciente de esta mesa se realizó el viernes 26 de febrero. “Lo que estamos haciendo es articularnos con todas las entidades para darle una solución estructural al tema de hacinamiento carcelario. Para la próxima mesa ya tendremos que haber definido con el Inpec el traslado de las personas condenadas y de los reclusos que nosotros consideramos peligrosos. También haber concretado con Migración la situación de los reclusos extranjeros”, dijo Rojas.

Por el momento, el Inpec ha dicho que está recibiendo a las personas condenadas bajo todos los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar la propagación de la pandemia. Asimismo, el Instituto está estudiando la posibilidad de recibir a reclusos que tienen un alto perfil delincuencial, que puedan ser una amenaza para las comunidades. Tanto la Gobernación de Cundinamarca como los alcaldes municipales esperan concretar acuerdos que les permitan solucionar la situación, por lo menos en las zonas con más urgencia.