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Después del Día sin Carro y sin Moto, llega otro día convulso para los motociclistas y usuarios de transporte público de Bogotá. Este viernes suben $100 las tarifas del sistema de transporte público de la ciudad, como había anunciado el Distrito desde el pasado 24 de enero. Así las cosas, el costo del pasaje de Transmilenio será de $2.300, mientras que el del SITP será de $2.100. Los motociclistas también deberán ajustar sus recorridos al decreto 068 de 2018 que firmó este jueves el alcalde Enrique Peñalosa, en el que autoriza la prohibición del parrillero hombre, mayor de 14 años, en un perímetro de la ciudad. (LEA: Día sin Carro y sin Moto: una jornada para peatones y ciclistas)
Ambas decisiones tuvieron sus motivaciones. Empecemos por el incremento en las tarifas del transporte público. El Distrito, basado en un documento denominado “Estudio Técnico y Financiero de Soporte a la Actualización Tarifaria” que entregó la gerencia de Transmilenio a la Secretaría de Movilidad, decidió que era necesario subir la tarifa.
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¿Las razones de Transmilenio? La inflación y evitar que el recaudo de los pasajes pierda valor adquisitivo. La decisión también obedece al plan para reducir el déficit del sistema, que supera el medio billón de pesos al año. Ese plan también está basado en un estudio hecho hace dos años, en el que se recomienda subir gradualmente la tarifa con el objetivo de hallar un equilibrio entre la tarifa al público, que es lo que se le cobra al usuario; la tarifa técnica, que es lo que le cuesta al sistema transportarlo.
Ahora, la restricción al parrillero obedece no solo a la ola de inseguridad que se vive en la ciudad, sino también al hecho de que en 2017 aumentaron en 75,4 % los delitos cometidos por un agresor que se movilizaba en moto. No obstante, y debido a la presión que ejercieron los motociclistas y clubes moteros y las reuniones que sostuvieron con el Distrito, la restricción se limitó a una zona delimitada de Bogotá. Tras esas reuniones, el Distrito resolvió aplicar la medida sólo en determinadas zonas de acuerdo al sector donde ocurrió la mayoría de robos, en el que los victimarios iban en moto.
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De esta forma, la zona de restricción será: al sur, la avenida Primero de Mayo; al norte, la calle 100; al occidente, la avenida Carrera 68, y al oriente, los cerros. Este perímetro corresponde al 17 % del total del área urbana de Bogotá y en el que reside el 15 % de los capitalinos, pero cuenta con una población flotante de casi 2 millones de personas. Según el decreto, la zona fue escogida porque allí se registró más del 40 % de los delitos de alto impacto en 2017 en los que el agresor iba en moto. Una de las grandes diferencias de este decreto frente a otras experiencias en el país, es que regirá las 24 horas y todos los días de la semana.
La medida tampoco será permanente. Según el decreto, la medida regirá por tres meses y al finalizar cada mes se evaluará qué tanta incidencia ha tenido en los índices de seguridad. No obstante, los motociclistas y clubes moteros creen que la medida no será temporal, y que es una jugada del Distrito para atraer más usuarios a Transmilenio y el SITP. "Después de que analicen los recaudos, que van a aumentar en Transmilenio, la van a dejar permanente. El Distrito no está imponiendo la medida por temas de seguridad, sino por temas de recaudos hacia el transporte público. No estamos de acuerdo, porque el que roba en Bogotá lo hace en moto, a pie, en bicicleta, en carro, o hasta en Transmilenio. Son medidas arbitrarias contra un gremio que vive de las motos", asegura Fernando Ibáñez, líder del gremio de motociclistas.
Bien sea una medida para reducir la inseguridad, o una estrategia para llevar más pasajeros al sistema de transporte público, los conductores o propietarios de moto que descubran violando la restricción del parrillero hombre en las zonas demarcadas serán sancionados con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, $390.000. Además, las autoridades podrían inmovilizar el automotor. En estos procedimientos, el encargado de hacer cumplir la norma es la Policía de Tránsito de Bogotá. El proyecto de acuerdo no tiene previstos comparendos pedagógicos como medidas previas a su implementación, por lo que las sanciones se interpondrán desde el momento que el Distrito lo firme.
