Refrigerios escolares, en manos de los mismos

Dos meses después de que el secretario de Educación alertó por un presunto cartel de empresas en este sector, prácticamente las mismas se quedaron con los nuevos contratos.

La alerta fue grande: a las 7:00 a.m. del pasado 30 de marzo, el secretario de Educación distrital, Óscar Sánchez, citó a los medios para hacer públicas las inquietudes que rondaban el proceso que adelantaba su despacho para contratar las empresas encargadas de proveer los refrigerios escolares a 672.000 estudiantes de colegios públicos de Bogotá. La suma en juego era $175.000 millones. El llamado de atención fue por presiones internas y externas contra funcionarios de la oficina de contratación, y por presuntos acuerdos que algunas empresas hacían entre sí para quedarse una y otra vez con este jugoso contrato. Aunque él no lo dijo, algunos medios resumieron el asunto como la actuación de un “presunto cartel de refrigerios escolares”.
 
El viernes pasado la Secretaría celebró la subasta mediante la cual adjudicó 28 contratos, que corresponden a grupos de colegios en los que el Distrito divide la ciudad para el suministro de refrigerios. Las empresas o grupos de empresas que se presentan al proceso lo hacen para competir en uno o varios grupos. Y a pesar de que, según declaró el secretario Sánchez aquel día, ha implementado estrategias “para permitir la participación de mayores proponentes (…) y para obtener competencia en cada uno de los grupos”, los ganadores son, en esencia, los mismos.
 
Así lo confirmaron en la Secretaría y así lo verificó El Espectador al comparar los ganadores de 2014 con las empresas que acaban de ser elegidas para ejecutar los contratos desde el segundo semestre de 2015. Aunque vale aclarar que este ejercicio puede ser limitado si se tiene en cuenta que dicha continuidad viene de antes.
 
En 2014 la Secretaría adjudicó contratos para 16 grupos por $121 mil millones. 19 empresas, algunas de forma individual y otras, agrupadas en uniones temporales o consorcios, se quedaron con los contratos. Este año, como ya se dijo, la Secretaría aumentó el número de grupos para que hubiese más competencia, así que pasaron de 16 a 27. A su vez, el número de empresas ganadoras también aumentó a 26. Lo que llama la atención es que 16 de estas (es decir, la mayoría) son tradicionales contratistas de los refrigerios en el Distrito incluso, 11 de esas no solo repitieron, sino que pasaron a controlar más grupos que el año pasado. Puede afirmarse, entonces, que los mismos siguieron apoderados del negocio.
 
Mabel Sandoval, directora de Bienestar Estudiantil del Distrito, admitió en diálogo con este diario que a este proceso “se presentaron prácticamente las mismas empresas”. Hay una dificultad de fondo para aceptar otras: para ser elegibles requieren certificados de la Secretaría de Salud, dado que manipulan alimentos, y son procesos que toman su tiempo. Así, afirma la funcionaria, “quiera uno o no, siempre serán las mismas”, además porque se requiere que desarrollen sus procesos sanitarios en la ciudad, a pesar de que, como contó el secretario, “una de las estrategias que se han puesto en marcha para ampliar el mercado ha sido la certificación de plantas en municipios aledaños a Bogotá para ensamblar los refrigerios”.
 
Ella, sin embargo, matiza el panorama. La subasta, en la que se escogen los proponentes que oferten el precio más barato para ejecutar los contratos, permitió en esta ocasión un ahorro general de $2.704 millones producto de las rebajas que hicieron las empresas en su puja por ganar. Por otra parte, el hecho de que haya habido pujas en la disputa por ocho de los 27 grupos implica que algo de competencia hubo. “Es la primera vez que esto ocurre porque anteriormente en prácticamente todos los grupos solo se presentaba un oferente y tocaba hacer adjudicación directa”. En esta ocasión, sin embargo, la adjudicación directa se hizo en la mayoría de los grupos, 19, que no deja de ser llamativo en un proceso en el que supuestamente se compite.
 
Ahora bien, aún no está probado que el hecho de que prácticamente las mismas empresas se queden una y otra vez con los contratos de refrigerios configure una irregularidad. Es algo que investiga la Superintendencia de Industria y Comercio. El propio secretario de Educación se ha abstenido de dar nombres de firmas que considera “cartelizadas”, e incluso ha afirmado que “la empresa de alimentos en general y varios proveedores tradicionales de la Secretaría son empresas honorables”. Ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, eso sí, denuncias concretas por anónimos en los que constan supuestas presiones contra funcionarios de la oficina de contratación de la Secretaría.
 
La controversia por la subasta
 
Hasta que Gustavo Petro llegó a la Alcaldía, en enero de 2012, la adjudicación de los contratos de refrigerios se llevaba a cabo por medio de licitación pública. Su secretario de Educación, Óscar Sánchez, implementó la subasta inversa, que considera “mucho menos manipulable que la licitación”, con el argumento, por un lado, de “romper el monopolio” y, por otro, ahorrarle recursos a su despacho para reinvertirlos en los niños. Datos oficiales de la Secretaría indican que el ahorro desde abril de 2012 ha sido de $7.400 millones.
 
Pero la reacción desde entonces ha sido fuerte, a tal punto que en 2013, aunque se abrieron 16 grupos para adjudicar los contratos, no se presentó ningún interesado y el proceso fue declarado desierto. Por otra parte, desde 2012 algunos concejales, particularmente Antonio Sanguino (Alianza Verde), pusieron en evidencia que las empresas, con el ánimo de ofrecer precios bajos para ganar los contratos, bajaron la cantidad de nutrientes de los alimentos. Este diario dio a conocer en su momento que la Universidad Nacional, interventora del programa de refrigerios desde 2005, así lo confirmó, pero concluyó que esa disminución no era significativa.
 
El Espectador, sin embargo, fue contactado por una empresa que ha sido contratista de refrigerios del Distrito y que indicó, por escrito, que “el detrimento en calidad es el resultado de lo ocurrido en años anteriores, cuando algunos oferentes han llegado incluso a reducir sus precios hasta en un 20% para conseguir la adjudicación”.
 
Al consultarle a la directora de Bienestar Estudiantil si el hecho de pedir menores precios definitivamente no redunda en mala calidad, insistió en que no: “por más que un proponente baje el precio tiene que entregar estándares mínimos. Y si no cumple, no es subsanable”.
 
La empresa mencionada agrega en su comunicación a este diario: “claramente el proceso no ofrece las condiciones necesarias para motivar a los principales actores de la industria de alimentos a participar en el programa”. Lo cierto, sin embargo, es que la administración Petro sacó adelante su cometido, y hace menos de una semana adjudicó el último contrato de refrigerios que le correspondía. Las empresas encargadas los comenzarán a distribuir desde el lunes 6 de julio, cuando los estudiantes regresen de vacaciones de mitad de año.