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Región metropolitana, ¿sin abordar el ordenamiento territorial?

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Además de las nuevas responsabilidades que deberán asumir los municipios y la ciudad, será crucial responder a los problemas de la región que han logrado más consenso que el de las alternativas institucionales.

En julio de este año, después de muchos intentos, se aprobó un acto legislativo que modificó el artículo 325 de la Constitución Política para crear la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, una entidad administrativa que ha suscitado muchas confusiones y resistencias. La jugada política de crear de manera automática una asociación entre el departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital de Bogotá no ha resultado el mejor mensaje para las comunidades políticas municipales.

Por eso la ley orgánica que desarrolle el texto constitucional tendrá que recoger de mejor manera una concertación de los distintos actores, crear una instancia democrática e incluir los temas necesarios para imprimir legitimidad y eficacia a una alternativa de gestión regional que, indudablemente, se requiere.

Aspecto crucial será el de responder a los problemas que enfrenta la región de la Sabana que ocupan 23 municipios, incluido Bogotá, que han logrado más consenso que el de las alternativas institucionales para enfrentarlos. Uno de ellos es el de la ausencia de una visión conjunta de la planeación de la ocupación territorial bajo un objetivo de la sostenibilidad. Si esa función se excluye, la región metropolitana enfrentaría una enorme debilidad para contribuir a mejorar las condiciones de gobierno supramunicipal.

Sostenibilidad es un término bastante manoseado que aquí sintetizo como el conjunto de factores que permiten enfrentar la crisis climática, la gestión integral del agua y de los riesgos, la protección de la biodiversidad en su integridad y la solución de las desigualdades socio-espaciales, es decir, entre territorios y personas. La paulatina destrucción de la estructura ecológica principal y de algunos de los suelos de mayor calidad para la producción agrícola en el país, el crecimiento suburbano disperso apoyado en la venta incontrolada de agua en bloque por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá y la ausencia de un transporte férreo son algunas de sus manifestaciones.

Es un hecho que ese reto no se soluciona con las decisiones aisladas que adoptan los gobiernos municipales en sus planes ni con el ejercicio burocrático de la CAR de chequear unos determinantes de superior jerarquía para concertar los planes de ordenamiento, determinantes que el gobierno nacional ha tratado de debilitar, de manera igual por sus entidades ambientales como por aquellas dedicadas a promover al sector de la construcción (que es distinto a garantizar el derecho a la vivienda).

Thomas van der Hammen propuso el concepto complejo de estructura ecológica en términos de la “expresión territorial de los ecosistemas naturales, agroecosistemas y sistemas urbanos construidos, que soporta y asegura a largo plazo los procesos que sustentan la vida humana, la biodiversidad, el suministro de servicios ambientales y la calidad de vida”.

En el trámite de concertación de un proyecto de plan de ordenamiento la CAR, cuando más, revisa los ecosistemas naturales y quedan por fuera las interacciones más amplias entre los sistemas rural-urbanos y las dinámicas, decisiones e incluso conflictos de diversas escalas, y la forma cómo los planes se concretan en proyectos. Este es un espacio por excelencia de actuación de una instancia regional.

Solo a manera de ejemplo: ¿Los trámites de concertación ambiental de los planes de ordenamiento municipal toman en cuenta las necesidades de suelo para vivienda y para la actividad económica con una perspectiva regional, o se aprueba a cada alcalde la expansión que propone siguiendo la lógica de corto plazo de la actividad inmobiliaria? ¿Existe alguna autoridad pública preocupada por abordar los impactos de la contaminación de las aguas por la urbanización dispersa o por controlar el deterioro ambiental y del paisaje que están produciendo las obras de adecuación hidráulica que adelanta la CAR para canalizar los ríos de la cuenca del río Bogotá? ¿Se ha hecho un análisis de la apropiación de las rentas del suelo producidas por la urbanización de la Sabana versus sus costos ambientales y sociales?

Para que haya una verdadera gestión regional se requiere que cada asociado renuncie en algo a sus competencias. Ese es uno de los espacios más interesantes de la reglamentación de la región metropolitana: los gobiernos municipales se asocian voluntariamente y una vez asociados ceden algunas de sus competencias a favor de una decisión colectiva que se convertiría en un determinante de superior jerarquía concertado. Esos determinantes tendrían que ser adoptados en igualdad de condiciones, sin imposiciones de la ciudad capital y sin participación de la gobernación de Cundinamarca, que representa una entidad territorial sin territorio. Además se pueden complementar con decisiones más flexibles sobre las reglamentaciones y los proyectos.

Complementariamente es oportuno que la región asuma una visión en términos de compensaciones intermunicipales, o de distribución equitativa de cargas y beneficios a escala regional: respecto a la conservación y la provisión del agua, la gestión del riesgo, el estímulo de actividades agrícolas, la localización equitativa de vivienda de interés social de calidad, la lucha contra la segregación. Para ello la asignación de fuentes de financiación es asunto clave. Construir vías financiadas por peajes o viviendas con subsidios inequitativos es fácil, detener la destrucción ambiental y la exclusión social constituyen los verdaderos retos.

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