Registrador será denunciado

Teresa Muñoz confirmó que se presentará denuncia contra Carlos Ariel Sánchez por prevaricato y abuso de autoridad.

Petro está convocando a una nueva movilización en la Plaza de Bolívar para el próximo 2 de marzo. / Gustavo Torrijos - El Espectador

El domingo 6 de abril fue la fecha que designó la Registraduría para programar la consulta con fines de revocatoria del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Pero para Petro y los suyos, esa fecha no significa otra cosa que, en palabras del dirigente de la campaña por el NO, una “irresponsabilidad”. La Registraduría justificó su decisión con el hecho de que el Ministerio de Hacienda no giró los recursos a tiempo para organizar la contienda electoral. El Ministerio de Hacienda también se defendió, explicando que los dineros ($35.000 millones) se consiguieron para garantizar las votaciones sin cálculos políticos de por medio. Pero en el Palacio Liévano, todo lo que está ocurriendo se interpreta como una zancadilla a Petro.

Por esa razón, el alcalde tuvo ayer una reunión de urgencia con las personas que conforman el Comité por el NO a la revocatoria, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, quien renunció a su cargo como secretario de Gobierno para poder ejercer esa tarea. Y desde antes de que el encuentro empezara, había ya una decisión tomada: Carlos Ariel Sánchez, registrador nacional, será denunciado penalmente por prevaricato (cuando un funcionario público toma una decisión contraria a la ley) y abuso de autoridad, con base en una sentencia de la Corte Constitucional que, según los petristas, les da argumentos para sostener que Sánchez “cometió un delito” y debe ser investigado.

La sentencia a la que hacen referencia es una tutela que fue resuelta por la Corte en 2009 y que habla del “debido proceso administrativo”, es decir, que en las decisiones administrativas —como lo es la de la Registraduría— también se deben garantizar los derechos a la legalidad, a la defensa, a la contradicción y a la impugnación. De acuerdo con Petro y sus asesores, lo que esa tutela indica es que la Registraduría no podía modificar unilateralmente la fecha de la consulta con fines de revocatoria, porque es el alcalde quien resulta perjudicado injustificadamente. Insisten, además, en que se violó la ley sobre mecanismos de participación ciudadana.

Según esa norma, una consulta para revocatoria no puede hacerse en un plazo mayor a dos meses desde que la Registraduría emite la resolución para dar vía libre a las votaciones. Abogados de Petro como Rafael Barrios señalan que en la nueva resolución de la Registraduría, con la cual se modificó la fecha de las votaciones, se cita esa norma de manera “amañada”. Es decir, para los asesores de Petro, está clarísimo que la Registraduría se pasó de la fecha permitida para programar esas votaciones. El organismo electoral, por su parte, ha expresado que todas sus determinaciones han sido tomadas con base en lo que indican las normas. Incluso el registrador Carlos Ariel Sánchez ha expresado que quieren politizar una entidad que trabaja solamente desde lo técnico.

Según Teresa Muñoz, cabeza de la Red de Indignados e Indignadas Petro No Se Va, “la idea es enviarle a la Registraduría un mensaje: el cambio de fecha fue una arbitrariedad”. Muñoz explicó además que el 2 de marzo, el plan de las personas que trabajan por el NO a la revocatoria es consultarle a la gente qué camino debería seguir el alcalde de Bogotá. Reclama que el Comité por el NO ni siquiera ha sido notificado, por parte de la Registraduría, de la nueva fecha. Denuncia que “hay un manejo político de la fecha de las elecciones” y la reunión que se tuvo ayer al cierre del día era, precisamente, para analizar los pros y los contras de la decisión. “La Registraduría manosea la democracia”, reiteró Muñoz. El registrador Sánchez resalta que su entidad hizo lo que podía con lo que tenía.

Mientras tanto, desde su cuenta de Twitter, el alcalde Gustavo Petro volvía a hacer lo que ya ha hecho en cinco oportunidades: convocar a la gente para que asista a la Plaza de Bolívar a rechazar las decisiones tomadas en su caso. “Una ciudadanía levantada por sus derechos políticos y sus libertades civiles en Bogotá”, expresaba Petro. “Nada es más costoso que el desgobierno. La revocatoria es tiempo que gana Bogotá. Vota SÍ por la ciudad. Vota SÍ por un futuro mejor”, respondía desde su cuenta Miguel Gómez Martínez, el representante a la Cámara que se dio a la tarea de reunir las firmas necesarias para convocar a la revocatoria del alcalde mayor de Bogotá.