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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sacó del sopor en el que se encontraba el trámite de la Revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa en la Registraduría y, de paso, le imprimió presión al Consejo Nacional Electoral (CNE), donde el proceso está estancado. Los magistrados de la Sección Primera resolvieron una acción de cumplimiento a favor de los promotores de la salida del mandatario y ordenaron a la Registraduría certificar que el comité cumplió los requisitos necesarios para avanzar en el proceso. (LEA: Corte Suprema deja en firme proceso de revocatoria contra Peñalosa)
En la decisión, que tiene fecha del 18 de agosto, se hace un recuento de los pasos adelantados por el Comité Unidos Revocamos a Peñalosa. Relata cómo las firmas las radicaron ante la Registraduría el 3 de mayo y que 15 días después radicaron las cuentas. Y a pesar de que las firmas fueron impugnadas y revisadas por los defensores del alcalde Enrique Peñalosa, y las cuentas corregidas por solicitud del CNE, a la fecha ninguna de estas entidades ha emitido un concepto de fondo. (Ver: Firmas de la revocatoria de Peñalosa, a revisión exprés)
Esto llevó a los promotores a presentar el recurso legal ante el Tribunal que fue admitido el pasado 19 de julio. En el trámite del proceso, la Registraduría dio dos razones por las cuales no había expedido dicha certificación: Por un lado, indicó que se admitió la solicitud de los abogados del alcalde de revisar las firmas y a la fecha la dirección del censo electoral no ha expedido informe definitivo. Por el otro, que el Consejo Nacional Electoral no ha certificado las cuentas del comité promotor, trámite indispensable para dar el aval. “Por estos motivos, la Registraduría no ha expedido la certificación, ya que a la fecha no se encuentran dados todos los requisitos”, indicó.
A pesar de la explicación, para los magistrados existe un incumplimiento de la norma en este caso, al destacar que la ley le daba 45 días a la Registraduría para emitir o no el certificado y a la fecha no lo había hecho. “Sin desconocer la complejidad que conlleva la revisión de las firmas, además de las objeciones, se advierte que dicho trámite debió haber culminado a más tardar el 26 de julio, por lo que es claro que a la fecha aún no se ha emitido la certificación, teniendo en cuenta que se han agotado las etapas previas a la expedición”, dice el Tribunal.
Por esta razón, los magistrados le dieron 10 días a la Registraduría para expedir certificación sobre las firmas, documento clave para avanzar en el proceso que busca que las autoridades electorales fijen una fecha para convocar a los ciudadanos a las urnas y se les pregunte en un referendo revocatorio sobre la permanencia del alcalde Peñalosa en el Palacio Liévano.
En manos del CNE
Aunque los que respaldan la revocatoria celebraron la decisión al considerar que les da la razón sobre las quejas en el sentido de que ha existido una intención de dilatar de manera injustificada la revocatoria, saben que todo queda en manos del Consejo Nacional Electoral, pues el parágrafo de la ley que habla sobre la certificación indica que, si este organismo no avala las cuentas del comité promotor, no se podría expedir la certificación de las firmas. El dilema es que la ley no le fija plazos al CNE para pronunciarse frente al tema.
Así lo advierte Carlos Carrillo, miembro de comité Unidos Revoquemos a Peñalosa, quien indicó que a los defensores del mandatario Distrital solo les quedan moverse con sus amigos del CNE. “Yo no veo más recursos para seguir dilatando el proceso. De hecho, ya lo han demorado bastante a punta de leguleyadas. Sin embargo, es claro que el CNE tiene capacidad de torpedear el proceso y demorar la certificación”.
Y agregó: “Al promotor de otro comité, César González, quien preguntó sobre el plazo para pronunciarse sobre los estados contables, le respondieron del CNE diciendo con todo descaro que la ley no daba plazos, así que podían demorarse lo que quisieran. Hay conceptos jurídicos divididos, que estamos estudiando”.
Por su parte, Andrés Villamizar, director de Fundación Azul (defensores del alcalde Peñalosa), señaló tajantemente que los promotores de la revocatoria no han cumplido con todos los requisitos y que, con la decisión del Tribunal se encuentran ante una laguna legal.
“El plazo de 45 días es para certificar las firmas (lo que ya hizo la Registraduría). No obstante, los estados contables no están avalados y el CNE no se ha pronunciado sobre el saneamiento de cuentas. Sobre esto, esperamos que se conozca una decisión negativa en estos días. Entonces, en el entretanto, el Tribunal da término de 10 días (ante el vacío legal) que le permite la acción de cumplimiento”, indicó Villamizar.
Y concluyó: “Sería absurdo pretender continuar con una revocatoria que no ha conseguido acreditar en debida forma su financiación, pues ello viciaría la revocatoria. Confío en que el CNE se pronunciará pronto sobre el tema, para que la Registraduría decida de fondo”.
Por ahora, ya hay una orden judicial que tendrá que cumplir la Registraduría. Sin embargo, como en todo este trámite, lo que se viene será una lucha de abogados.