Reglas claras en cerros orientales

Después de ocho años de controversia jurídica, el Consejo de Estado puso, por fin, en claro las condiciones en que debe quedar protegida la reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá.

Al resolver una acción popular planteada desde 2005, el alto tribunal ordenó al Ministerio de Ambiente, la CAR y el Distrito capital elaborar, en el término de un año, un estricto plan de manejo del área de canteras, vegetación natural y plantaciones de bosques en la zona, para propiciar su aprovechamiento ecológico y compensar los perjuicios causados.

Aunque la decisión hace énfasis en que deben ser respetados los derechos adquiridos de quienes obtuvieron licencias de construcción en la zona de recuperación ambiental, dejó claro que no se reconocerán estas garantías si se demuestra que los poseedores de inmuebles conocían la existencia de la reserva. El fallo no descarta la posibilidad de expropiar predios situados en el área de protección que revistan importancia ecológica o que su propiedad deba ser estatal. En adelante no se podrán conceder nuevas licencias en la reserva.

El origen de esta controversia está relacionado con una resolución expedida en 2005, que excluyó 973 hectáreas de la reserva forestal que estaba regulada desde 1976. Esta súbita determinación motivó la acción popular presentada por la ciudadana Sonia Andrea Ramírez. En septiembre de 2006 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se limitó a amparar el derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y proteger algunas áreas de importancia ecológica.

Ahora, el Consejo de Estado dispuso que bajo ninguna circunstancia se podrán adelantar actividades mineras en la reserva forestal, que el Ministerio de Ambiente, en un término de seis meses, tiene que determinar cuáles son las actividades que están ocasionando impacto ambiental y cuáles beneficio social. La idea es establecer tasas compensatorias, con tarifas diferenciales, de tal modo que se puedan compensar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales comprometidos en la zona protegida.

El Distrito Capital quedó conminado a desarrollar un plan de reubicación de asentamientos humanos, al tiempo que debe proceder de inmediato a normalizar las urbanizaciones que queden excluidas del área de reserva. La CAR tendrá que contribuir al desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental. Los curadores urbanos y la Superintendencia de Notariado y Registro deberán estar atentos a la prohibición de conceder nuevas licencias o permisos para el desarrollo urbanístico en la zona.

Finalmente, el fallo del Consejo de Estado determinó que los poseedores o propietarios de predios en el bosque oriental de Bogotá deben acatar las nuevas normas y abstenerse de realizar conductas que perjudiquen el área protegida. Para hacerle un estricto seguimiento a su sentencia, el alto tribunal ordenó la creación de un comité de verificación y la realización de audiencias públicas.