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Aunque la administración de Gustavo Petro tenía todo listo para dejar el contrato de la modernización de la línea de emergencias 123 antes de terminar el año, este lunes el propio alcalde anunció que el proceso queda en manos de la siguiente administración.
Pese a que la ETB abrió la invitación privada para elegir la empresa que modernizará la línea de emergencia el pasado 27 de noviembre, y esperaba seleccionar “con urgencia” al contratista el 18 de diciembre, la contratación se detuvo luego de que la Procuraduría abandonó el acompañamiento preventivo que realiza a este tipo de procesos de selección pública.
La procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Fanny González, explicó a este diario que el Distrito pidió el acompañamiento preventivo al ente de control justo el mismo día en que la ETB comenzó a recibir propuestas interesadas en quedarse con el contrato de la modernización.
Una de las observaciones que hizo la Procuraduría Delegada cuando abandonó el acompañamiento en los primeros días de diciembre fue que el “cronograma del proceso resulta inexacto, ya que en los términos de referencia recibidos mediante correo electrónico el día viernes 27 de noviembre de 2015, el cronograma es diferente al de los enviados por ese mismo medio el 1 de diciembre del mismo año”.
El alcalde Gustavo Petro dijo respecto a la decisión de dejar la modernización de la línea en manos de la siguiente administración: “queríamos una selección objetiva por eso pedidos el acompañamiento con la Procuraduría, precisamente por obvias razones, pero abandonó el proceso y el terror cundió en los funcionarios de la ETB”.
La contratación que esperaba hacer la ETB hace parte de un convenio que firmó con esta empresa el Fondo de Vigilancia en octubre del año pasado. La idea era tener la línea de emergencias más moderna de América Latina. Un convenio hecho desde el principio sin que estuvieran claros los costos que tendría la ETB al contratar a un proveedor externo con experiencia en el tema.
Luego, en mayo de 2015, Fernando Arbeláez llegó como gerente del Fondo de Vigilancia, y se negó a cumplir la orden del alcalde de firmar un otrosí y girar recursos a la ETB para el cuestionado convenio para la modernización del 123, debido a razones legales. El director del Fondo terminó denunciando públicamente presiones del alcalde para avanzar sin hacer muchas preguntas y de la ETB (incluso con un supuesto soborno) para modificar el convenio.