Reparación integral a víctimas en Bogotá es “precaria”: Personería

Mauricio Alvarado- Archivo El Espectador

Se calcula que en Bogotá alrededor de 639.000 personas se han reportado como víctimas. De ellas, más de 354.000 residen en la capital, considerada la ciudad que más ha recibido víctimas del conflicto en el país. Sin embargo, los avances en su reparación integral son “precarios”, según denunció este miércoles la Personería Distrital, que alertó por fallas en la articulación institucional y demoras en su atención.

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De acuerdo con el organismo de control –que analizó la situación de forma coordinada con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo– los indicadores en materia de indemnizaciones, estabilización socioeconómica, vivienda y atención psicosocial para esta población en la ciudad apenas muestran avances de entre el 1,7 % y el 8,4 %.

Muestra de las dificultades, según la Personería, es que una persona catalogada como víctima puede tardar casi cuatro meses en recibir atención de emergencia, sumado a demoras para recibir una respuesta efectiva relacionada con la entrega de ayudas humanitarias e indemnizaciones. Por ello, desde el ente de control se elevó un llamado de atención a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas del Distrito, para que adopten medidas inmediatas que permitan superar las problemáticas.

“No hay articulación interinstitucional para la implementación de la política de víctimas. Pasados siete años de promulgada la Ley de Víctimas y a tres de terminar su vigencia, su avance en Bogotá es mínimo. Muchas no reciben respuesta oportuna o los notifican generalmente por aviso (en el 50 % de los casos), impidiendo su derecho a la información y a presentar recursos”, reclamó la Personería.

En lo que al Gobierno Nacional compete, el ente sostuvo que, entre 2009 y marzo de 2018, se han invertido más de $231.000 millones para reparar económicamente a las víctimas vía indemnizaciones. No obstante, apenas 30.681 personas (alrededor del 8,4 %) ha accedido efectivamente a este derecho. Es decir, 334.569 víctimas hoy no han sido reparadas en esta materia.

“La Ley de Víctimas estipuló un periodo de 10 años para garantizar el derecho a la reparación económica. Sin embargo, a este paso, para pagar el total de indemnizaciones restantes en Bogotá, el Gobierno Nacional necesitaría por lo menos de 98 años más. Así mismo, la Unidad está incumpliendo la orden de la Corte Constitucional de informar a las víctimas las condiciones de modo, tiempo y lugar para acceder a la reparación por vía administrativa”, precisó el organismo de control.

Los avances del Distrito no son más alentadores. Según la Personería, en los últimos tres años, el porcentaje de atención psicosocial no superó el 1,7 % del total de víctimas incluidas en el régimen subsidiado de salud. Aunque el ente reconoce esfuerzos por ampliar la cobertura, asegura que “la cifra de quienes ingresan y culminan programas de atención psicosocial resulta irrisoria”, por lo que pidió nuevas medidas para superar esa situación.

Por otro lado, la restitución en vivienda para víctimas en la ciudad “sigue estancada”, dado que entre 2013 y 2017 se han entregado 2.283 subsidios de vivienda, que representan apenas el 2,6 % del total de hogares de familias víctimas estimados en la ciudad de Bogotá. Frente a la estabilización socioeconómica, el organismo alerta que de las cerca de 243.000 víctimas que se encuentran económicamente activas, solo el 5,4 % se ha beneficiado de programas de formación para el empleo, mientras que el 1,7 % han sido remitidas a ofertas de trabajo y el 2,1 % ha recibido apoyo para el fortalecimiento empresarial.

“Para lograr esto, el Distrito invirtió $17.668 millones, con el agravante de que no existe medición alguna del impacto obtenido en torno a la superación de la línea de indigencia y de pobreza de esta población, tal como lo ordena la Corte Constitucional para garantizar el goce efectivo de este derecho”, dice la Personería.

Finalmente, en materia de atención integral, el organismo de control calificó como un “peregrinaje institucional” el trajinar al que se ven sometidas las víctimas en la Alta Consejería y la UARIV, por la ausencia de medidas que garanticen una transición entre la ayuda humanitaria inmediata y la atención humanitaria de emergencia. Se evidencian también fallas en la atención con enfoque étnico, en particular frente al derecho al retorno del pueblo Embera, “que requiere acciones y un cronograma específico de responsables de nivel territorial y nacional. Entre tanto, se están vulnerando los usos y costumbres de la población víctima”.

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