Aunque en los últimos días, a raíz de los movimientos telúricos que se vienen presentando, las réplicas se tornan preocupantes en algunas zonas del país por sus efectos, hoy quiero hacer una “réplica”, aunque con otra connotación, para despejar el terremoto mediático que provocó las declaraciones del Concejal de Bogotá Javier Palacio, con un comunicado que reprodujo el diario El Espectador el pasado 12 de marzo de 2015, en la edición de web y en la edición impresa.
Sí bien el Concejal Javier Palacio tiene todo el derecho de hacer control político a la administración distrital, en este caso al Instituto para la Economía Social (IPES); es desproporcionado argumentar: el supuesto “Agro Ingreso Seguro de Petro” en el Concejo de Bogotá”. Según el Concejal: “la administración del alcalde Gustavo Petro ferió más de 30.000 millones de pesos en préstamos y promovió la invasión del espacio público”.
Declaración que fue recogida por varios “medios periodísticos” a partir de la edición publicada por El Espectador pero que en ningún momento fue contrastada con el IPES, ni con las entidades financieras involucradas como la Corporación Minuto de Dios y Banco Agrario; principio fundamental dentro del manejo del equilibrio informativo. Por este motivo, recurro al derecho a réplica para aclarar lo expuesto por el Concejal Javier Palacio mediante su prestigioso medio de comunicación y como dice Platón: “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”.
Comparación de Agro Ingreso Seguro
Mediante el artículo –el Concejal- trata de hacer creer que una pluralidad de convenios firmados por esta administración son un “Agro Ingreso Seguro”. Comparación desmedida que sólo logró un objetivo: titulares de prensa en prejuicio de un bien común.Estos recursos que se han entregado hacen parte de convenios suscritos por el IPES con la Corporación Minuto de Dios y Banco Agrario y buscan con tasas de interés subsidiadas que los comerciantes puedan pagar y progresar, haciendo de sus proyectos productivos, estructuras rentables en un nuevo modelo de emprendimiento socioeconómico, basado en el fortalecimiento empresarial, el acceso y democratización del crédito y la consolidación comercial, mejorando su calidad de vida y la de sus familias.
Dentro de este modelo de intervención integral, se han otorgado los créditos dirigidos a toda la población de la economía popular, especialmente a vendedores ambulantes que hacen parte de los corredores viales vinculados a la sentencia del Consejo de Estado del 2 de febrero de 2012, permitiendo la recuperación del espacio público. (Sentencia consejo de Estado: Fallo 2589 del 2 de Febrero de 2012).
Cumplir con una sentencia del Consejo de Estado no es una Agro Ingreso Seguro, señor Concejal.
Mientras que el Concejal habla de cartera de difícil recuperación, las cifras muestran que en el convenio con Banco Agrario, por ejemplo; sólo el 2.1% de la cartera se encuentra con mora mayor a 30 días, en el caso de la Corporación Minuto de Dios, que maneja los créditos de mayor riesgo la cifra asciende al 21%, y está amparada por un fondo de garantías; en ambos casos, ya se han iniciado labores de cobro persuasivo y se procederá de ser necesario al cobro jurídico.
Por esta razón, invito al Concejal Javier Palacio a que nos informe de los casos por él conocidos para fortalecer el esquema de seguimiento, darle un informe detallado y a que conozca el resto de los casos de éxito para evitar generalidades que sólo llevan a desinformar y en nada aportan a la población vulnerable de la ciudad.
Nota del editor
Publicamos el texto tal como lo envió el director del IPES. Sin embargo, se hacen dos precisiones.1. El artículo al que hace referencia el funcionario no salió en la edición impresa.
2. En la edición impresa del 13 de marzo se publicó la nota ¿Préstamos o subsidios?, en el que, contrario a lo que afirma el funcionario, El Espectador sí consultó su opinión frente a la denuncia que hizo el concejal, como quedaron consignadas en el artículo periodístico.