Rescatistas de habitantes de la calle, desamparados

El Secretario de Integración Social reconoce que la intervención en "las ollas" es insuficiente.

Foto: David Campuzano

El 28 de septiembre asesinaron a Javier Molina; el rescatista de los habitantes de la calle en Bogotá. Durante estos 10 días la situación en los expendios de droga se ha agudizado; ahora, paradójicamente, son los funcionarios de la Secretaría de Integración Social los que dicen estar desamparados. En la tarde de este martes los compañeros de Molina marcharon desde la calle 37 con carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar.

Dentro de la población civil estaban escondidos algunos trabajadores del Distrito que hoy son los encargados de rescatar a los habitantes de la calle. Este diario habló con una persona que dice ser víctima de las amenazas de algunos sujetos que no quieren que la Secretaría de Integración esté en las ollas: “Queremos seguir con la misión de rescatar a la gente de la calle pero ha sido difícil. Somos un grupo muy pequeño que está en riesgo. Últimamente ha habido amenazas con armas blancas y todo eso. No sé si venga desde arriba, es decir, desde una mafia, o si de verdad los habitantes de calle ya no nos quieren allí”.

Esta persona, que por razones de seguridad prefiere mantener su nombre en reserva, le envía un mensaje a los que están amenazando a los miembros del Equipo de Contacto Activo y Permanente de la Secretaría: “Lo que hay que decir es que nosotros no somos la Policía. Nosotros hacemos una labor humanitaria y no tenemos armas ni nada por el estilo como para enfrentarnos con ellos. Faltan estrategias de intervención para que nos sintamos más seguros”. Esta persona dice que el Distrito tiene que entregar “unos recursos mínimos para disminuir el riesgo. A veces nos quedamos sin tapabocas, sin guantes, sin transporte. Además, en el momento en el que se rescata un habitante de calle muchas veces no trasciende y regresa a la calle porque el Estado no le ayuda lo suficiente”. En otras versiones de prensa se ha denunciado que en las ollas estarían pagando $4 millones “por la chaqueta de integración social”. Algo que, sin embargo, no ha sido confirmado por las autoridades.

La única certeza, según una fuente de la Secretaría que está siguiendo de cerca las amenazas que supuestamente se han presentado, es que “solo una persona ha denunciado formalmente que está amenazada. Y dice que lo es por la Policía. Eso sí, hay agresiones físicas, les han tirado materia fecal y huevos a la gente, eso es una agresión e implica amenazas y riesgo”.
El secretario de integración social, Jorge Rojas, reconoce que “se tienen que tomar medidas como consecuencia de ese riesgo. Este trabajo con el habitante de calle en zonas en las cuales hay negocios ilícitos de drogas genera riesgos para todos los funcionarios del Distrito”. Lo primero que hay que aclarar, dice Rojas, es que “una cosa es la acción social que nosotros hacemos por el derecho de los habitantes de calle y otra es la acción que hace la Policía y las autoridades que combaten el microtráfico. Independiente de los actores armados, alguien tiene que desarrollar la misión humanitaria”.

De hecho, Rojas dice que las situaciones de riesgo “se están asumiendo con responsabilidad” y que “el alcalde ordenó que buscáramos más alternativas para atender a los habitantes de calle. Hoy atendemos alrededor de 1.500 en dos centros de acogida: uno durante el día (a donde llegan alrededor 350) y otro durante la noche (en el que son alrededor de 300). Tenemos un comedor comunitario que atiende diariamente 650 personas y un jardín infantil que recibe a 65 niños hijos de habitantes de calle. Garantizamos lo mínimo, pero es insuficiente”. En 2013 la Secretaría de Integración Social ha invertido $14 mil millones en los proyectos de habitantes de calle, es decir, $12 mil millones más de lo que invirtió la Secretaría en 2012.

Esto según el balance de ejecución presupuestal de la Secretaría , que señala que para el programa “Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de calle” fueron invertidos $3.395.479.420 millones.
A corto plazo, la Secretaría implementará medidas de seguridad para los funcionarios que trabajan en la calle: “Estamos tomando medidas que prefiero no difundir públicamente. Ahora estamos terminando la ejecución del presupuesto del año anterior y tenemos dificultades. Ya viene la ley de garantías pero aun así desarrollaremos unas tareas específicas porque es la orden del alcalde: tenemos que fortalecer el trabajo con los habitantes de calle”.