Residuo de llantas usadas se usarán para asfalto en el país

El Gobierno nacional decidió adoptar esta propuesta de la Administración Petro, que se adelanta en la ciudad desde hace tres años.

Archivo - El Espectador
Son varias las propuestas que han llegado a la mesa nacional de llantas, que lidera el Gobierno Nacional y que busca modificar la norma actual sobre estos residuos e implementar acciones sostenibles para la reutilización de los neumáticos, que ocasiona graves daños ambientales, cuando se dejan a la deriva. Una de ellas fue presentada por el Distrito y consiste en reencauchar y reutilizar llantas usadas y sus subproductos como insumo en mezclas asfálticas, para que sean usadas para la construcción y reparación de vías. Por los buenos resultados, el Gobierno decidió adherirla a la nueva reglamentación para todas las ciudades del país. 
 
Este proyecto proviene de un plan piloto que adelanta la Secretaría de Ambiente en Bogotá, desde hace tres años, y que obliga a todas las personas o empresas que ejecuten la construcción de 
de obras de infraestructura del transporte urbano, a utilizar materiales provenientes del aprovechamiento de estos elementos, en un porcentaje no inferior al 5% de metros cuadrados por cada contrato. Así lo contó Alberto Acero, subdirector de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría de Ambiente. 
 
“A la fecha, el Distrito ha cumplido la meta que se estipuló desde el segundo semestre de 2012, con un 15% ejecutado, en 125.223 m2 de infraestructura vial construida con el asfalto modificado, utilizando grano de caucho reciclado (GCR)”, aseguró Acero.  Sin embargo, la Administración reconoce que falta aumentar la meta de la utilización de grano de caucho en estas obras. El objetivo es aumentarlo entre entre un 40% y 60% en 5 años, es decir, que esto será obligación del futuro alcalde. 
 
La idea surgió a partir de la problemática de la ciudad acerca de la falta de control sobre los fabricantes, que en su mayoría dejaban botadas las llantas en calles y separadores, provocando una grave contaminación y la proliferación de roedores. Como la capital no cuenta con un lugar donde se puedan almacenar estos residuos, ni donde se puedan tratar, decidieron aprovecharlos para hacer más vías y tapar 20.000 huecos con los casi 2,5 millones de llantas usadas que se producen en Bogotá. 
 
La falta de control se debe a que la resolución que expidió el Ministerio de Ambiente en 2010, con la que pretendía reglamentar la disposición de las llantas usadas, tiene muchos vacíos, pues no se establecen obligaciones estrictas a los productores, ni hay sanciones para quienes no cumplan. Además, la resolución 1457, si bien obliga a los fabricantes y comercializadores de llantas a encargarse de crear sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental, deja de lado a los actores que más contaminan: los talleres y los montallantas.
 
En Bogotá las llantas, por un lado, son recogidas por un grupo creado por la Asociación Nacional De Empresarios de Colombia (ANDI), organización que hace dos años creó su programa de posconsumo. Hoy hay 85 empresas inscritas que pagan una cuota para que se recojan las llantas que fabricaron y las lleven a 92 puntos. 
 
Por el otro, aunque no es su responsabilidad, también las recolecta el Distrito,  que realiza operativos en ocho localidades críticas de arrojo de llantas. Ya ha impuesto 24 sanciones por comparendo ambiental y 24 cerramientos por el incumplimiento a la normativa ambiental. Este año ha recogido 9.346 llantas usadas en las localidades de Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Barrios Unidos, Kennedy, Cuidad Bolívar y Suba
 
Otra de las ideas que se quiere incluir dentro de la norma es la obligación para los productores de gestionar las llantas usadas de motos y bicicletas, que están por fuera de la regulación. En Bogotá, por ejemplo, hay 400.000 motos matriculadas, que todo el tiempo están cambiando de neumáticos. Estas, hasta hoy, no se han tenido en cuenta en ningún programa de pos consumo y reciclaje. 
 
La mesa nacional de llantas se adelanta desde el año pasado y en ella participan la  Secretaría de Ambiente, la ANDI, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
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