Respiro a colegios por concesión

Falta que el Concejo apruebe $172 mil millones para la operación de las instituciones. Padres piden que contrato sea para todos y por ocho años.

De los 384 colegios públicos de la ciudad, 17 que están por concesión se encuentran entre los 50 mejores de la capital. / Andrés Torres

Justo cuando faltaban cuatro meses para que terminaran los contratos con los privados que por 14 años han administrado 25 colegios públicos de Bogotá, la administración de Gustavo Petro anunció que extenderá el acuerdo con 17 de ellos. En cuanto al futuro de los otros ocho, se sabe que cinco pasarán a manos del Distrito en un proceso gradual y tres los retomará la Secretaría de Educación. Sin embargo, los padres de familia de los alumnos de estos colegios están inconformes y piden que los contratos se les renueven a las 25 instituciones, mínimo por ocho años, para que perdure el modelo.

Con este objetivo, el 14 de agosto los padres de familia radicaron una acción popular en contra del Distrito. Daniel Raisbeck, vocero de Asonalpadres-Concesión, explica que a las familias les preocupa que la administración vaya acabando con el sistema de colegios por concesión. “La decisión es arbitraria, porque los resultados académicos y administrativos han sido positivos en comparación con los distritales de las mismas localidades”, dice Raisbeck.

A comienzos de 2013 el secretario de Educación, Óscar Sánchez, anunció que haría un estudio en los 25 colegios públicos donde funcionan las concesiones, para determinar qué se podría rescatar de la alianza y compartir esas experiencias con el resto de instituciones distritales. El estudio estuvo listo en mayo y Raisbeck considera que tiene fallas técnicas como que, por ejemplo, se haya comparado a las instituciones en concesión sólo con aquellos colegios del Distrito que estén en las mismas zonas vulnerables.

El secretario de Educación explica que en el estudio se tomaron en cuenta 340 colegios del Distrito, en los que se incluyó a los de concesión y sólo se dejaron por fuera otros 40 rurales. Se hizo un escalafón teniendo en cuenta tres variables. La primera fue el rendimiento académico, sustentado en las pruebas Saber 11 de los últimos cinco años. La siguiente fue el clima escolar, para identificar el desarrollo del ser y la formación integral de los niños. Y la tercera consideró la inclusión, que no hubiera deserción y que se recibiera en las instituciones a chicos con necesidades especiales.

A ese escalafón le hizo correcciones agregando factores que no están asociados a la escuela, como el nivel de educación de los padres de familia y las condiciones socioeconómicas de su contexto, anota el secretario. El resultado fue que los colegios en concesión quedaron en los primeros lugares y algunos incluso son los mejores de la ciudad. Así que ante los buenos puntajes, la conclusión de la Secretaría fue que no se le debía “ofrecer a un niño algo que por lo menos no sea igual o mejor de lo que tiene con la concesión”, dice Sánchez.

“Por eso decidimos que si un colegio estaba entre los 50 mejores públicos de la ciudad, nosotros debíamos extender el contrato con los mismos operadores e incluso mejorarlo un poco para que pudieran pagarles mejor a sus maestros”, le contó el secretario a El Espectador. Fue así como se decidió que a 17 instituciones se les extenderá el contrato por tres años. El resto irán pasando a manos del Distrito paulatinamente.

Pero aún falta un gran paso para que realmente continúen los contratos de estos colegios, pues la Secretaría de Educación pidió al Concejo de la ciudad que le apruebe vigencias futuras por unos $172 mil millones para pagar el funcionamiento de estas instituciones por los tres años previstos . “Si no las aprueban, ni siquiera lo podríamos hacer”, señala el secretario y agrega que la única alternativa en caso de que nieguen o archiven el proyecto en el cabildo, sería contratar anualmente a cada plantel.