Retención de campesinos, cuestionada

El mes pasado, la Fiscalía capturó a 15 habitantes de la localidad de Sumapaz por supuestos nexos con las Farc.

El Ejército sostiene una vigilancia continua en la localidad 20, que fue corredor clave para las Farc . / Archivo

En dos estaciones de la Policía permanecen recluidos 15 campesinos de la localidad de Sumapaz capturados por pertenecer, supuestamente, a las redes de apoyo de los frentes 51 y 53 de las Farc. El 22 de diciembre, la Fiscalía dio a conocer la noticia: “Estos grupos delinquen en las provincias de Oriente y Sumapaz, así como en la zona oriental de Bogotá. Los capturados, que residían en diferentes veredas de los municipios de Gutiérrez, Guayabetal y la localidad 20, llevaban entre 6 y 24 años perteneciendo a la organización subversiva”. La Fiscalía les imputó cargos por rebelión.

En la estación de Funza están 10 de los detenidos, que fueron asegurados con el beneficio de casa por cárcel, pero no han podido retornar a sus casas debido a trámites que no se han resuelto, en parte, por el paro judicial. Los otros cinco campesinos fueron enviados a la estación de Fusagasugá, mientras el Inpec autoriza el traslado a la Modelo. Por el delito de rebelión serían castigados con una pena de 5 a 10 años.

Para el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), organización que asumió la defensa jurídica de siete de los campesinos, el proceso ha presentado algunas irregularidades: “Las pruebas de la Fiscalía se basan en informes de inteligencia militar y de testigos desmovilizados, quienes probablemente quieren acceder a un beneficio económico o jurídico después de entregar la información”. El Espectador conoció la lista de los 13 desmovilizados de las Farc que denunciaron a los campesinos de Sumapaz. Tres de ellos aparecen en la Fiscalía amparados por la Ley de Justicia y Paz. Algunos de los delitos que cometieron son terrorismo y secuestro extorsivo.

“Las descripciones físicas que entregaron los desmovilizados no concuerdan en todos los casos. La mayoría son habitantes históricos del páramo. En los allanamientos de las casas no se encontró nada, por eso 10 quedaron con detención domiciliaria: porque las pruebas no son contundentes”, sostiene Diego Martínez, director del CPDH.
Otra voz a favor de los campesinos es la del Distrito, que le solicitó a la Fiscalía que “reconozca la condición de la población civil en medio del conflicto a la comunidad de Sumapaz”. Un reconocimiento que matiza las capturas. “Si la guerrilla ha mandado históricamente en la zona es ilógico que los condenen por darle comida a la guerrilla, si ésta los obliga a hacerlo”, le dijo a este diario un líder campesino.

Dentro de las pruebas que utilizó la Fiscalía para imputar cargos aparece que los campesinos “eran los encargados de proveer víveres, alimentos y material de guerra a los integrantes del frente José Antonio Anzoátegui”. Según el ente investigador, “los imputados participaron como informantes y milicianos en la toma guerrillera que se adelantó por parte del frente 53 en el municipio de Gutiérrez, en el año 2008, donde murieron 38 soldados del Ejército”.

Mientras la Fiscalía define una fecha para la audiencia de acusación, los 15 detenidos han manifestado que las condiciones en las estaciones no son las mejores. “Ambos establecimientos son de retención temporal, no de retención carcelaria. No hay comida ni baños”, dice Martínez.

Antes de finalizar el año la Secretaría de Gobierno del Distrito le envió una carta al Inpec denunciando las condiciones de hacinamiento: “Le solicitamos una verificación respectiva por la situación de los campesinos. Desde que fueron capturados hemos insistido en que en el proceso se deben dar todas las garantías democráticas”, añade José Cuesta, subsecretario de Asuntos Locales.

Un caso que ha llamado la atención en este proceso es el del edil Alexánder Guzmán, del Polo Democrático, uno de los capturados que recibieron detención domiciliaria. Para la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sumapaz y el sindicato agrario, la detención de Guzmán es una “retaliación” por las denuncias que han realizado en contra de las Fuerzas Armadas.

Existen actas de la Junta Administradora Local (JAL) de Sumapaz en las que aparecen estas denuncias. En la del 12 de marzo de 2013, por ejemplo, se lee que el edil denunció bombardeos “que han perjudicado el medio ambiente” y han generado “intranquilidad para los niños y sus familias”. Asimismo denunció la “presencia de miembros del Ejército, quienes no tenían insignias. Sacaron a algunas familias y amedrentaron a los habitantes de esas viviendas”.

Libia Villalba, edil de Sumapaz, considera que “el proceso de paz debería verse reflejado en zonas como Sumapaz, donde ha existido conflicto históricamente. Con estas detenciones no se ve reflejada la voluntad de paz. Estamos seguros de que el edil Guzmán es inocente. No es la primera vez que se realizan estos tipos de capturas injustificadas”.

En el Distrito son conscientes de que Sumapaz es una zona que debe ser tenida en cuenta en los diálogos de paz, en parte por el interés de que se consolide como zona de reserva campesina (ZRC). Cuando se conocieron las capturas, la Secretaría de Gobierno realizó un consejo extraordinario de seguridad en Sumapaz. José Cuesta lideró esa jornada: “Ratificamos la vocación de Sumapaz como territorio de paz y reconciliación. Ese día consolidamos la propuesta de convertir a Sumapaz en el mayor aportante para la conformación de los 10.000 gestores para la paz en la ciudad. Ya son mil campesinos los que van a participar en el programa”.

 

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