:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/iI2JARn3p3pShUthnPALJGaA0_s=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/UP42VMB47BEDXHAWPSTYXR75FE.jpg)
El nuevo Código de Policía no sólo busca mejorar las conductas de los ciudadanos, también que las administraciones adelanten planes para implementarlo. Mejorar la infraestructura (como baños públicos o centros de detención), conseguir nuevas tecnologías y aumentar el pie de fuerza y los funcionarios hacen parte de los retos para lograr que la ley se cumpla y se logre de verdad una sana convivencia. En el caso de Bogotá, el Distrito dice que lleva seis meses preparándose. (LEA:Así se aplicará el nuevo Código de Policía)
“No sólo es imponer, sino también proponer soluciones alternas para que los comportamientos irregulares no se repitan”, advierte Johan Avendaño, experto en seguridad y cultura ciudadana de la Universidad Central. De no ser así, agrega, el Código no será efectivo a corto o mediano plazo, pues las conductas no se transformarán sólo con tocarles el bolsillo a los ciudadanos. (LEA:Abecé de las multas del nuevo código de Policía)
Un ejemplo es el de los colados de Transmilenio. A la fecha, como lo señaló este diario, no hay un diagnóstico sobre el problema. José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional, asegura que el Distrito debe invertir en infraestructura, para que sea difícil entrar al sistema sin pagar, pues quienes no cancelan $2.000 por un pasaje, menos una multa de $196.000. Así que la norma debe ser apoyada, indica el experto, con cultura ciudadana, infraestructura y hasta subsidios para los que no tienen cómo pagar. (LEA: Transmilenio y el nuevo Código de Policía: estas son las multas por portarse mal)
Otro de los artículos del Código prohíbe orinar o defecar en la calle. Si bien la norma es necesaria, preocupa que la ciudad no cuenta con suficientes baños públicos. El año pasado se denunció en el Concejo que Transmilenio sólo tiene 26 baños públicos (13 para hombres y 13 para mujeres), distribuidos en ocho portales y dos estaciones, para 2’700.000 usuarios que a diario usan el sistema masivo.
Aunque la norma indica que los locales deben prestar ese servicio, especifica que sólo serán sancionados si rechazan a mujeres embarazadas, niños y ancianos. Es decir, el resto debe buscar otro sitio o pagar por ingresar a los sanitarios. “A pesar de que eso obliga a los tenderos a prestar sus baños, no es suficiente. Faltan campañas para que la gente lo haga más por servicio, que por obligación”, señala Avendaño.
Para Mauricio Albarracín, investigador de Dejusticia, otra de las graves consecuencias del Código es que el Distrito podría convertir el tratamiento de los problemas sociales en asuntos policivos, algo que se reflejará sobre todo en las discusiones con poblaciones vulnerables (habitantes de calle, trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes), pues tienen problemáticas que no desaparecerán “con bolillos o multas”.
Si bien está de acuerdo con que exista un sistema de sanciones económicas, considera que deben ser el último recurso de las autoridades. Antes debería aplicarse una política pública, que desprenda programas de ayuda y mejoramiento de su calidad de vida. “Primero hay que hacer balance del lugar, conocer sus problemas y adecuarlos a la vida real. Pero eso no se hizo. Este Código lo crearon la Policía y algunos alcaldes como Enrique Peñalosa, que tenían la fantasía de mejorar la ciudad a punta de multas”, agrega.
Finalmente, inquieta que hacer cumplir estas reglas no sólo obliga a mejorar los sistemas de emergencias, como la línea 123, sino también a aumentar el número de uniformados para atender todos los casos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en Bogotá hay un uniformado por cada 450 habitantes, una cifra muy baja si se compara con Medellín, cuya tasa es de un agente por cada 280 pobladores. No dan abasto.
“Estamos preparados”
Ante la cantidad de retos que implica para la ciudad aplicar el nuevo Código de Policía, el Distrito señala que se viene preparando con rigor. Según Miguel Uribe, secretario de Gobierno, la administración lleva seis meses en esta tarea y se ha concentrado en aumentar la capacidad física, tecnológica y humana. En esta preparación ha sido clave el trabajo interinstitucional entre la Policía y las secretarías de Gobierno y Seguridad. “Un paso fundamental fue haber creado la Secretaría de Seguridad”, apunta.
Cuenta que el primer paso se centró en preparar al personal. Por un lado, formaron a policías y funcionarios que tendrán que ver con la aplicación de la norma. Por el otro, aumentaron la cantidad de inspectores de Policía, pues actualmente hay 45 y la meta es tener a mediados de año al menos 100 en toda la ciudad. “Tendremos servicio 24 horas e inspectores especializados en temas ambientales, ocupaciones ilegales y animales, entre otros. La idea es tener una mayor capacidad de respuesta”.
La necesidad de mejorar las inspecciones obedece a que tendrán más competencias. Por ejemplo, asumirán tareas que antes tenían los alcaldes locales, como el control y la vigilancia de los establecimientos de comercio, el espacio público y la norma urbana. “Los alcaldes locales, pese a que pierden funciones, seguirán llevando los procesos antiguos y teniendo responsabilidad directa por ser la primera autoridad de la localidad”.
En infraestructura, se mejoró la capacidad física de las inspecciones y de las estaciones de Policía. En cuanto a tecnología, se tiene previsto instalar un software que integre las 100 inspecciones, “para tener trazabilidad de sus actuaciones, mejorar la eficiencia en la respuesta y aumentar la transparencia”.
Como el Código trae reglas que debe aplicar calda alcaldía, la administración, a través de la Secretaría Jurídica, trabaja en la reglamentación legal. Trae, por ejemplo, la posibilidad de cambiar las multas por medidas correctivas como trabajo comunitario. “Estamos terminando de definirlas y las vamos a dar a conocer muy pronto”, agrega Uribe.
En el debate de los baños públicos, el secretario de Gobierno advierte que es una discusión que seguirá abierta, pues se está definiendo qué tipo de infraestructura debe proveer el Distrito. “El Código dice que ningún establecimiento se puede negar a prestar el baño en casos específicos, y en otros, podría cobrar. Pero no dice que la administración debe instalar baños. En el caso de Transmilenio, lo que ordenaron fue tener baños para los empleados”. A pesar de esto, es un asunto que sigue bajo análisis.
Concluye: “A pesar de todo lo que podamos hacer como administración, vale resaltar que acá juega mucho el papel de la ciudadanía. Este es un código preventivo, que le apuesta al buen comportamiento de los ciudadanos. Es muy ambicioso y, aunque nos hemos preparado para su implementación, tomará tiempo ver el efecto sobre el comportamiento de la gente”.