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Un derrumbe en 2006 causó la muerte de cuatro personas. Cuatro años después, otro destruyó cuatro viviendas y dejó ocho heridos. Cada vez que llueve el agua escurre por sus calles destapadas, algunas casas se inundan y revive la amenaza de un nuevo deslizamiento. Estos recuerdos y el hecho de vivir en una zona de riesgo hacen que en cada temporada invernal ronde el miedo entre los habitantes del barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar.
La vida allí no es fácil. Entre sus residentes abundan desplazados, madres solteras, niños y personas de la tercera edad. En principio, fue un barrio de negros sobrevivientes de la violencia en el Pacífico y lo bautizaron así como tributo a sus tradiciones y en homenaje a un robusto árbol que pulula en las riberas del Atrato, en el Chocó, y abunda en regiones como Vigía del Fuerte y Bojayá. Sin embargo, de a poco se fue llenando también de indígenas y mestizos, ya que el desplazamiento también tocó otras zonas del país.
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A ninguno le importó asentarse en una zona de riesgo, con problemas de seguridad; que los servicios públicos, como el agua o la electricidad, los tuvieran que conseguir enganchándose a la red de forma ilegal; que la mayoría de sus calles no tuvieran pavimento, ni que tuvieran que trepar lomas con más del 40 % de verticalidad. La mayoría llegó a esta invasión con el deseo de tener vivienda propia, por la cual pagaron entre $1 millón y $20 millones.
Sin embargo, el panorama para 644 familias que viven en la parte más alta del barrio está a punto de cambiar. Tras años de diálogos, finalmente avanza un plan serio para reubicarlos en casas con mejores condiciones, no solo de seguridad, sino de salubridad. Con una inversión cercana a los $9.300 millones, la Caja de Vivienda Popular ultima los acuerdos para trasladar a estas familias a un lugar seguro. A la fecha han firmado 510 familias (el 80 % de quienes residen allí), pero se espera que a final de mes todas se hayan sumado al proceso.
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Para los que llevan años viviendo en la zona el trámite es simple. No obstante, los funcionarios están cuidando cada detalle para evitar colados y beneficiar a los que realmente lo necesitan. Les hacen una entrevista, les preguntan sobre sus familias, cuánto tiempo llevan viviendo en el barrio y les piden algunos documentos para estudiar cada caso. Luego se determinará quiénes tendrán prioridad para asignarles su nuevo hogar en alguno de los proyectos de la Caja de Vivienda Popular, como Arboleda Santa Teresita, en San Cristóbal, y Manzana 55, en Ciudad Bolívar.
La idea de la administración es que, una vez firmen todos los acuerdos, comience la reubicación, algunos directamente para su casa propia, otros a un arriendo transitorio hasta que les puedan entregar su vivienda y, finalmente, estarán los que recibirán un aporte en dinero para comprar donde ellos elijan. Al final, solo tendrán que pagar $80.000 para hacer los trámites de escrituración de la nueva vivienda. Eso sí, a medida que cada familia deje su antiguo hogar, se irá demoliendo para evitar que entren nuevos residentes a la invasión.
Esta vez parece distinto. Al menos así lo asegura Mercedes Vaquero, quien representa a la Organización Popular de Vivienda en el barrio. Ella recuerda cómo hace unos años la única estrategia fue desalojar a varias familias de manera forzosa. Para completar a varios no les cumplieron la promesa de una casa nueva y hoy están pagando arriendo.
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No obstante, de un tiempo para acá, dice Vaquero, la estrategia del Gobierno cambió. Se acercaron a la comunidad, se hicieron visitas, diálogos y concertaciones. Por eso resalta que esta es la primera vez en que se hace una reubicación voluntaria y de ahí el éxito de esta propuesta. “Si me meten en una casa estoy satisfecho y me someto a lo que sea”, dice Daniel, quien sabe que a pesar de las dudas se la jugará por esta oportunidad.
Aunque la mayoría ha firmado el acuerdo de buena gana, impulsados por la ilusión de tener una casa nueva con servicios públicos, es inevitable que exista desconfianza, pues han sido años de promesas incumplidas y de abandono estatal. Maryuri, por ejemplo, quien llegó hace unos años al barrio movida por el desempleo y buscando un hogar para sus tres hijas, dice estar agradecida con la oportunidad, pero repite de cuando en cuando: “Ojalá sea verdad”. Asegura que solo estará tranquila el día que les entreguen las llaves de su nuevo hogar.
Es claro que los vecinos afrontan la reubicación con incertidumbres y esperanzas. Por eso, aunque cuesta encontrar, hay gente que no quiere irse de Caracolí. Pedro es uno de ellos. Él compró su lote en $20 millones hace tres años y en su vivienda conviven dos familias. La otra familia ya está siendo atendida. A él le han dicho que después llegará su turno y siente temor de quedarse sin vivienda. “Me da miedo, porque no tengo trabajo y con 53 años ¿dónde lo encuentro?”.
Para todos ellos, desde el Distrito hay un llamado a la calma, al señalar que ellos son los primeros interesados en que todo salga como está planeado. No obstante, pese a que todo se ha hecho con el visto bueno de los vecinos, la realidad es que no tienen opción.
Según Miller Castillo, director de reasentamientos humanos de la Caja de Vivienda Popular, en caso de que queden unas pocas familias que se resistan a aceptar la reubicación o lleguen otras a ocupar las viviendas abandonadas, será inevitable tomar medidas policiales. Sin embargo, tanto al funcionario como a los habitantes les cuesta pensar que alguien rechace la oferta.
El plan está próximo a concretarse. Al final, después de poder contar con un proceso exitoso, la idea es destinar la loma a un proyecto ecológico, que evite nuevas construcciones ilegales. La inestabilidad del terreno, la indefensión ante lluvias y deslizamientos de tierra, la inseguridad, la pendiente… hay muchos motivos que invitan a los vecinos a querer dejar atrás el lugar, aun luego de haber sido su hogar durante años.