Revive la consulta antitaurina en Bogotá

La Corte Constitucional, al estudiar un fallo del Consejo de Estado, determinó que preguntarles a los ciudadanos qué opinan de esta práctica es constitucional y relevante para la decisión que tiene que tomar el Congreso. 

En septiembre de 2015, el Consejo de Estado suspendió la consulta popular que había convocado el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para preguntarles a los ciudadanos de la capital cuál era su posición frente a las corridas de toros. Se trató de un fallo que despertó la indignación de quienes están en contra de la fiesta brava. El propio exalcalde dijo en ese entonces que el alto tribunal iba en contra de los avances de la Corte Constitucional. 

Precisamente, este alto tribunal tomó la decisión de revivir la iniciativa del exalcalde Petro. Al revisar el fallo del Consejo de Estado, la corporación le ordenó a la Alcaldía a que siga con el trabajo de convocar la consulta previa para que ahí los ciudadanos contesten a la pregunta: ¿Está de acuerdo, Sí o No, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá?

De acuerdo con los planteamientos del alto tribunal, la realización de la consulta previa no implica el “menoscabo de derechos fundamentales de grupos de especial protección”, pues la Corte ya ha dicho que ni los aficionados a la tauromaquia ni la fiesta brava son objeto de este tipo de amparo o un bien cultural constitucionalmente protegido. Es, explica la corporación, “una que está en conflicto con principios constitucionales".

En el fallo se hace referencia también a la más reciente sentencia de la Corte Constitucional en la que le ordenó al Congreso que defina, en un término de dos años, si las corridas de toros son un espectáculo cultural o representan maltrato animal y por tanto, se trata de un delito. En ese sentido, el alto tribunal recuerda que mediante la consulta popular resulta ser un mecanismo ideal para que el legislativo sepa qué opina la ciudadanía.

Por medio de la consulta, añade la Corte, se “puede otorgar una pauta para las actuaciones de la administración con el ámbito local mientras se espera a la legislación nacional e, incluso, luego de la expedición de la misma dependiendo del sentido de esa regulación”. Aunque el permiso de seguir con la convocatoria para la consulta queda en firma, el alto tribunal le hace una advertencia a la Alcaldía. 

“Una manifestación ciudadana a favor de la tauromaquia no podrá entenderse como un permiso para que la Administración puede desconocer los condicionamientos que esta Corte ha hecho a esta práctica”, dice el fallo.