Revocan proceso licitatorio para el servicio de telefonía al interior de las cárceles

Dos semanas después de que la Corte Constitucional publicara la sentencia T-276, en la que ordenaba mejorar el sistema de comunicaciones y evitar que a través de estos sistemas se cometieran delitos, el Inpec decidió revocar el proceso licitatorio para la prestación de telefonía fija al interior de los penales del país. Una resolución, firmada por el general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec, ordenó suspender el proceso "de oficio y de forma directa". 

Dado que el alto tribunal dio un plazo perentorio de seis meses para modificar el sistema actual de telefonía, el Inpec resolvió revocar el actual proceso licitatorio con el fin de adelantar nuevos estudios jurídicos, técnicos y financieros que permitan realizar uno nuevo.  (LEA: Llamadas desde la prisión: un negocio multimillonario)

De acuerdo con la Corte, el Inpec y el ministerio de las TIC debe adecuar un sistema más accesible (que permita llamadas entrantes); que esté ajustado económicamente a las ofertas del mercado y a las condiciones económicas de las personas privadas de la libertad; y que garantice la eficiencia en el servicio. Además, le ordenó tomar medidas para evitar “la propagación de abusos y la corrupción que facilita el actual sistema de tarjetas prepagadas”. (LEA: Cárceles, Uris y estaciones de Policía: con la capacidad desbordada)

Por otra parte, le solicitó al Gobierno que ponga en marcha un sistema piloto de acceso a internet “que contribuyan a hacer más eficiente la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familiares, así como su acceso a la información con el mundo exterior y a los programas de educación virtual”.

Como lo informó El Espectador, de acuerdo con los antecedentes especificados por el Inpec en el proceso, desde hace al menos una década la venta de minutos funciona con teléfonos tradicionales “sin control ni medidas de seguridad por parte de las empresas”. Eso quiere decir que no se tiene certeza de a quién se llama ni con qué fines. (LEA: Confrontación entre presos y guardias de La Picota dejó al menos 34 heridos)

Por otra parte, “algunos sistemas que operan con tarjetas, además de permitir su alteración, facilitan su comercialización por parte de los internos, convirtiéndose en la práctica en dinero circulatorio para todo tipo de negocio”.

Otro tema que queda pendiente está relacionado con la instalación y operación de bloqueadores de señal  para evitar la utilización de celulares ilegales en los penales del país.