Revocatoria de Peñalosa: CNE resuelve las recusaciones, falta la contabilidad

Por orden de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo Nacional Electoral solucionó todas las recusaciones de los magistrados. Esa corporación aún debe expedir el certificado de las cuentas de los comités promotores del proceso.

Archivo El Espectador.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un paso más en el proceso que busca revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Este lunes, por orden de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la corporación resolvió las recusaciones hechas a los magistrados Ángela Hernández, Emiliano Rivera y Armando Novoa(Lea: Revocatoria de Peñalosa: listas las firmas, falta la contabilidad)

Esto significa que los promotores de la revocatoria se enfrentan a un último escollo antes de su gran objetivo: que el proceso llegue a las urnas. Este paso final es la expedición de la certificación que dé cuenta de la contabilidad de los comités promotores de la revocatoria. 

Mediante un comunicado, el CNE detalló cómo se resolvieron las recusaciones. En sala plena, y por mayoría, la corporación denegó las recusaciones presentadas contra los magistrados Ángela Hernández y Armando Novoa.

De igual forma, el magistrado Héctor Helí Rojas decidió no aceptar las recusaciones formuladas contra el magistrado Emiliano Rivera, con lo que cumplieron la decisión del Tribunal, que el pasado 5 de diciembre le dio a la corporación 48 horas improrrogables para que resolviera las recusaciones.

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El proceso verá la luz del todo cuando el CNE demuestre por qué no le cuadran las cuentas de los promotores de la revocatoria, puesto que según un informe del Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP) dichas contabilidades tienen posibles violaciones de topes de financiación, firmas que no coinciden, facturas a nombre de empresas inactivas, transacciones no registradas en los libros contables o registradas a destiempo, y cheques registrados como donaciones, pero que iban para otras organizaciones.

Para dicha gestión también se dio un plazo. En el mismo fallo, el Tribunal dio máximo 10 días al CNE para que tome una decisión de fondo que resuelva la solicitud de los comités promotores del proceso de que se expida el documento en el que se certifiquen los estados contables de dichos grupos.

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Aunque es totalmente competencia del CNE, en su fallo el Tribunal evidenció que no hay prueba alguna de “que exista objeción o violación a los topes máximos de financiación establecidos en la Resolución 171 de 31 de enero de 2017 de la campaña revocatoria que llegare a quebrantar el fin esencial del Estado Social”.

Por esto, y como tampoco se evidenció alguna gestión para resolver objeciones sobre los estados contables, la decisión judicial ordenó expedir la certificación que los avale, siempre y cuando las cuentas cumplan con los requisitos.

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