El fin de semana pasado las autoridades sorprendieron en la madrugada a 12 menores de edad deambulando por la Zona Rosa, al norte, y el Chorro de Quevedo, en el centro, en Bogotá. A pesar de la medida que les prohíbe estar en la calle después de las once de la noche, esta docena de adolescentes se armó de valor para quebrantar la ley en un acto de rebeldía.
A unas cuantas cuadras de estos epicentros de la rumba de la ciudad, otro grupo de jóvenes, también integrado por menores de edad, disfrutaba de la música y el trago que habían comprado para divertirse como solían hacerlo cuando podían entrar a las discotecas más populares de la capital presentando identificaciones falsas, pero lograron pasar inadvertidos, gracias a que se encontraban en conjuntos cerrados ubicados en los cerros de Bogotá.
Esa noche, igual que lo hacían en la plazoleta del Carulla de la calle 85, la charcutería del Parque de la 93, la licorera de la carrera 15 con calle 85 y en decenas de supermercados y tiendas de barrio, también se excedieron consumiendo alcohol. Lo consiguieron sin ningún inconveniente, comprándolo con documentos adulterados o aprovechando la mayoría de edad de algunos de sus amigos.
“No nos vamos a quedar sin rumbear. Decidimos turnarnos para que cada fin de semana haya una fiesta en alguna casa. Los papás no ponen problema, pues prefieren que tomemos donde ellos nos puedan ver y ‘cuidar’, y no en la calle o en algún sitio”, cuenta María, de 15 años.
Otros adolescentes más osados decidieron esperar hasta la 1:00 a.m. para ingresar a algunos de los bares en donde saben que no ponen mucho problema en la puerta. “A esa hora los controles de la Policía no son tan fuertes. Yo mostré la cédula que compré por $200.000 a un tipo que las falsifica y entré a Simona”, cuenta Camila, de 16 años.
Esta situación era previsible. Para muchos expertos, como Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos y ex asesor de la OEA en consumo de drogas, el toque de queda a menores no es suficiente mientras no se castigue con severidad a quienes venden alcohol y a los que toleran su consumo. Según un estudio que presentará la próxima semana, de 1.300 jóvenes consultados en diferentes ciudades de Colombia, entre los 12 y los 17 años, el 74% cree que es fácil conseguir trago.
A esta posición se suma Guillermo Carvajal, psicoanalista infantil y adolescente, quien sostiene que el problema radica en el bombardeo de publicidad y consumo al que están expuestos los menores y que “los tiene acorralados, pues atacan sus instintos como seres humanos”.
Durante ese mismo fin de semana, el tercero desde que se implementó el Decreto 013 para controlar la violencia de la que estaban siendo víctimas los jóvenes en algunos puntos críticos de Bogotá, comenzó a circular un correo en internet y algunos mensajes en Facebook que anunciaban el regreso de los after parties. Se trata de unas fiestas que se organizan en la madrugada en bodegas o espacios muy amplios, en las que varios DJ tocan música electrónica durante horas y la mayoría de los asistentes se divierten animados por el efecto de las bebidas energizantes, las drogas sintéticas y el alcohol.
Este tipo de fiestas prácticamente había desaparecido cuando terminó la Ley Zanahoria, que impuso Antanas Mockus en 1995, pero ahora hasta los mismos empresarios de la noche vaticinan su regreso (ver recuadro). Conscientes de la complejidad de esta situación, concejales como Ángela Benedetti plantean que la medida debe ser temporal, pues el problema radica en la falta de reglas claras sobre la rumba en la ciudad, que se encuentra desbordada. Así lo reveló un estudio de la Secretaría de Salud, según el cual el inicio del consumo de alcohol en Bogotá es a los diez años.
La Administración Distrital explicó que la medida será temporal, que era necesario tomarla porque la situación se había desbordado. Carolina Piñeros, directora de RedPapaz, una organización que agrupa a padres de familia de diferentes colegios de la ciudad y del país, se siente satisfecha de que se hayan tomado cartas en el asunto. Y aunque reconoce que el toque de queda no resolverá el consumo desmedido de alcohol de los adolescentes, confía en que por lo menos haya servido para hacer reflexionar a los padres de familia y llenarlos de valentía para cumplir la ley, que desde hace más de una década prohíbe a los menores tomar licor y cuyo incumplimiento, sentencia Piñeros, “trajo consecuencias nefastas para la sociedad”.
El negocio de las cédulas falsas
El toque de queda para menores de edad significó un duro golpe para quienes se dedican al negocio de falsificar cédulas y contraseñas, pues en la mayoría de bares los controles se volvieron más estrictos, al igual que las requisas de la Policía.
Diego, un joven de 23 años que desde hace cuatro vende documentos de identidad falsos, cuenta que cada semana le compraban cinco contraseñas, cada una por $18.000, lo cual le dejaba $72.000 de ganancias semanales.
Hace varios meses también tuvo que aprender a falsificar cédulas, pues en muchos bares comenzaron a prohibir la entrada a quienes mostraban contraseñas. Su costo es más alto: $250.000, pues según Diego el trabajo es el doble.
Pero desde que comenzó el toque de queda para menores, Diego asegura que su negocio, al igual que el de muchos de sus conocidos, prácticamente se acabó. “Para mis clientes ya no vale la pena, el riesgo de ser descubiertos es muy alto”.