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El exalcalde Samuel Moreno Rojas enfrenta desde este jueves su tercer juicio. Esta vez, por concierto para delinquir. Y durante la audiencia, la Fiscalía expuso su teoría del caso, que se resume en una frase: el exmandatario, aún sin ser alcalde, ya estaba negociando puestos y contratos.
(LEA: Condenan a 24 años de prisión a Samuel Moreno Rojas)
De acuerdo con el ente acusador, durante el juicio, demostrará cómo Moreno Rojas incurrió en actos de corrupción, al encontrar evidencias de que entre el segundo semestre del 2007 y 2010, “llevó acabo acuerdos ilegales con su hermano Néstor Iván Moreno Rojas y con los particulares Álvaro Dávila Peña, Emilio Tapia Aldana y Manuel Sánchez Castro, que constituyen a la luz del derecho penal el delito de concierto para delinquir agravado”.
En la exposición ante el juez de conocimiento, el fiscal del caso indicó que esos acuerdos consistían en nombrar a funcionarios en altos cargos directivos, como secretarios de despachos y directores de entidades administrativas distritales, que se prestaran para violar la ley de contratación. Esos acuerdos “se vieron reflejados en aportes por parte de Emilio Tapia, Julio Gómez y Manuel Sánchez a la campaña de Moreno Rojas, con el propósito de que nadie ajeno a sus propósitos interfiriera en la millonaria contratación pública de la capital", sostuvo el fiscal delegado en este proceso penal.
Entre los testigos llamados a declarar en el juicio, el ente acusador citó como testigos a miembros del gabinete de Moreno Rojas, algunos ya condenados como el exsecretario de Salud del Distrito Héctor Zambrano Rodríguez, y los propios involucrados en los acuerdos.
Durante el juicio el juicio pretende demostrar cómo se pactaron los acuerdos desde que el exalcalde era candidato y cómo se fueron seleccionando los candidatos para ocupar los cargos de confianza en la administración distrital en el IDU, como la Secretaría Distrital de Salud, la Unidad de Mantenimiento Vial, la Secretaria de Integración Social y la Unidad de Mantenimiento de Servicios Públicos de Bogotá, entre otras.
Actualmente el exalcalde paga una pena de 24 años de prisión por haber exigido comisiones para adjudicar en 2009 un contrato por $67.000 millones para la prestación del servicio de ambulancias. A pesar de esto y de que existe una petición para ser trasladado a la cárcel La Picota, él permanece recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía.